La localidad de Conquista, al norte de Córdoba, es una de las últimas en sufrir esta situación que amenaza con extenderse por otros pueblos de la comarca de Los Pedroches a pesar de que esta provincia era una de las menos castigadas hasta ahora por este fenómeno.
Conquista tiene cerca de 400 habitantes, una economía basada en la ganadería y en el trabajo que genera el cercano latifundio de «La Garganta» -propiedad del duque de Westminster-, y desde el pasado 25 de septiembre no tiene ninguna oficina bancaria abierta, ni cajero automático operativo.
La situación es «complicada» y hay incluso vecinos mayores que ceden las claves de sus tarjetas a los más jóvenes para que les traigan dinero cuando viajan a la localidad con cajero más próxima, a 15 kilómetros, o que no dudan en ir en taxi, según señala a Efe su alcalde, Francisco Buenestado.
La pérdida de un servicio que se suma a otros como la menor disponibilidad de médico en verano, asegura este alcalde, que ahora espera conseguir una oficina móvil bancaria que se desplace periódicamente al municipio, como ocurre en otras zonas.
Cajasur es la entidad que cerró su última oficina en Conquista y, sin entrar a comentar este caso concreto, desde la entidad señalan a Efe que esta caja tiene una «amplia implantación» en las zonas rurales, con una gran cobertura en la provincia cordobesa: 128 oficinas en 73 de sus 76 pueblos.
Esta red «ha posibilitado» que Córdoba esté entre las tres provincias de España con menor volumen de población sin oficina bancaria, inciden desde la caja.
Jaén y Santa Cruz de Tenerife son las otras dos provincias que contaban en 2017 con sucursales en cada pueblo, según el último informe elaborado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y el Banco de España.
Eran tres excepciones porque la realidad es que en 2017 la mitad de los pueblos de España ya no tenía ningún banco abierto: 4.109 núcleos rurales en los que viven 1,25 millones de personas.
Este fenómeno, conocido en algunos ámbitos como «exclusión financiera», es progresivo y en la última década ha llevado al cierre de casi 18.000 oficinas en todo el territorio.
La provincia de Salamanca es la más afectada (ocho de cada 10 pueblos no cuentan con oficina permanente) y muchos de sus habitantes ya están acostumbrados a ello.
En Bañobárez (Salamanca), sus algo más de 300 vecinos llevan unos 20 años sin oficina aunque cuentan con un agente financiero del banco Santander y una furgoneta móvil de Unicaja Banco que va dos veces al mes para poder realizar las operaciones necesarias, según señala el alcalde, José María Regalado.
Son las personas mayores las que más «sufren» las consecuencias pero, en general, se han aclimatado a esta nueva situación, indica.
Desde Unicaja Banco afirman que para salvar esos obstáculos cuentan con alternativas como las agencias financieras, oficinas móviles, la banca por internet y la banca telefónica.
De esta forma, garantiza un servicio «omnicanal y de proximidad» a los clientes del ámbito rural y de localidades con menor número de habitantes, especialmente de las personas de más edad.
Bankia es otra de las entidades con este servicio: cuenta con 12 oficinas móviles que dan servicio a 373 pueblos de toda España, con una cobertura de 250.000 personas.
Este «ofibus», como así lo han denominado, permite tener a un gestor en los municipios, de media, un par de veces al mes para poder realizar la mayor parte de las operaciones que podrían realizar en una oficina fija, apuntan desde Bankia.
Pero a pesar de ello, sigue habiendo pueblos en los que ningún banco o caja presta servicio móvil a día de hoy: es el caso, por ejemplo, del municipio salmantino Martín de Yeltes (430 habitantes) que dejó de contar con la oficina ambulante en noviembre pasado.
Su alcalde Eleuterio Fuentes lamenta la situación porque ahora la oficina y cajero más próximos están a siete kilómetros: los mayores «tienen que pedir el favor» para ver quién los lleva.
Por ello, han comenzado a protestar para conseguir que, al menos, vuelva la oficina móvil al pueblo.
Desde la Red Española de Desarrollo Rural (REDR) consideran que el acceso a servicios financieros debería estar asegurado en todos los territorios y pide colaboración entre administraciones y empresas para que ningún pueblo sufra estas carencias.
Para REDR se trata de una cuestión de «justicia» y defiende que no se puede hablar del fenómeno de la despoblación «y seguir comprobando cómo los habitantes rurales se ven cada vez más desplazados y abandonados».
Juan Javier Ríos