En rueda de prensa en Sevilla, Morán ha acusado a la Junta de Andalucía de «vender humo» con los derechos históricos para intentar regularizar regadíos ilegales en el entorno de Doñana y ha advertido de que con esta iniciativa aboca a la ciudadanía a un conflicto basado en expectativas irreales porque «no se van a reconocer derechos de agua a quien no cuenta con las concesiones en este momento».
Ha apelado a la Junta a la colaboración institucional con el Gobierno y ha garantizado que el ejecutivo central trasladará a los organismos internacionales que «no se va a desviar ni un milímetro del plan de 2014» de regulación de ordenación de regadíos de la corona forestal de Doñana -o plan de la fresa que dejó fuera esas 1.460 hectáreas para poner fin a la sobreexplotación del acuífero del parque nacional- , y tampoco permitirá que «se coloquen en los mercados producciones no avaladas por concesiones ilegales de agua».
El conflicto del agua en Doñana ha surgido a raíz de una doble proposición de ley que el PP ha registrado en el Parlamento, primero con Ciudadanos y luego con Vox, que garantiza los votos suficientes para que pueda salir adelante, con el objetivo de regularizar 1.460 hectáreas de suelo agrícola regable, que, según el PP, son derechos históricos acreditados y será con agua «superficial y no afectará» al acuífero de Doñana.
Sin embargo, el secretario de Estado ha asegurado que los «derechos históricos no existen» en el caso de esas 1.460 hectáreas y ha lamentado que la Junta genere «expectativas irreales porque no hay agua» y, además, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir no va a conceder esos derechos de riego.
Por ello, ha pedido a la Junta que colabore con la Confederación del Guadalquivir para evitar las extracciones ilegales de agua en la comarca de Doñana.
No obstante, Morán ha reprochado a la Junta que haya presentado dicha proposición de ley cuando se cerró el mes pasado la exposición pública de la nueva planificación de la cuenca hidrográfica del Guadalquivir 2022-2027, aunque ha reconocido que no se hubieran admitido más derechos de riesgo en esa zona, y que tampoco lo presentara en el Consejo de Participación de Doñana de diciembre pasado.
Igualmente, le ha sorprendido el procedimiento elegido ya que, según Hugo Morán, lo normal cuando se pretende modificar un mecanismo de regulación es recurrir el proyecto de ley que tiene más garantías jurídicas como la obligación de consultas con organismos, entre ellos la Confederación del Guadalquivir, entre otros.
El secretario de Estado ha confirmado que abordará este asunto esta semana en Bruselas con el comisario europeo de Medio Ambiente y trasladará una respuesta sobre el asunto, para lo que recabará información a la Junta, cuando la Comisión Europea le solicite información al respecto. EFE
A.M.