La Organización de Consumidores (OCU) ha presentado una demanda colectiva para defender en juicio a los más de 400.000 afectados por la obsolescencia programada en la gama de iPhone 6, en base a las prácticas comerciales injustas, engañosas y agresivas de Apple, que para la organización ha actuado de manera fraudulenta ocultando información a los usuarios, vulnerando así la Ley de Competencia Desleal y la Ley General de Defensa de los Consumidores y Usuarios.
OCU considera que el gigante de la tecnología actualizó el software en los diferentes modelos del iPhone 6 para enmascarar los problemas de rendimiento de sus baterías, sabiendo que esto causaría una ralentización y pérdida de rendimiento de los teléfonos. Al hacer esto, los usuarios pensaron que el iPhone se les había quedado viejo, porque les iba “más lento” un hecho que les empujó a cambiar de modelo.
OCU considera que Apple de manera deliberada condicionó a los consumidores para renovar sus iPhones causándoles un perjuicio económico que cifra entre 40 y 80 millones de euros, aproximadamente.
OCU ya presentó en diciembre de 2020 unas diligencias preliminares para solicitar a Apple que identificara a los afectados, a fin de que, en base a la legitimación que tiene para ello, la organización pudiera defenderles en un Juzgado.
Una vez finalizado ese trámite, procede la presentación de la demanda en la que OCU solicita a Apple una compensación, no solo por el perjuicio causado por el cambio de móvil o de batería al que se vieron obligados, sino también por los daños morales: la pérdida de rendimiento de sus dispositivos hizo que vieran frustradas sus expectativas y su grado de satisfacción con la marca. Por todo ello, solicita una compensación de entre 99 y 189 euros. Esta cifra procede de la suma del importe de la batería (entre 29 y 89 euros, según si se acogió o no al plan de reemplazo), más un 10% del precio de compra del móvil (entre 699 y 999 euros, según el modelo, capacidad, etc.).
OCU asumirá el gasto necesario para entablar esta contienda judicial, pagando los honorarios de abogados y procuradores, para que los afectados no tengan que incurrir en coste alguno. En caso de perder la acción judicial, los afectados tampoco tendrán que asumir las costas del proceso. OCU confía en que la justicia ponga freno a estos comportamientos lesivos para los consumidores afectados y la sociedad en general.
Con esta acción OCU planta cara a las practicas injustas y engañosas que tienen como finalidad acortar la vida útil de los dispositivos. Esta es una acción más en el marco de la campaña que puso en marcha una para animar a los usuarios afectados a luchar contra la obsolescencia programada, en este sentido, sigue animando no solo a los afectados directos sino a todos aquellos consumidores que no están dispuestos a tolerar este tipo de acciones deliberadas en contra sus derechos a que se unan a la campaña y que den su apoyo necesario para poner freno a estas prácticas que nos de una manera o de otra nos perjudican a todos.