El Gobierno anunció el pasado día 4 que se destinarán 10.000 millones de euros, de los 16.000 anunciados en ayudas directas para las autonomías por la crisis de la COVID-19, a cubrir el gasto sanitario de las comunidades, de los cuales 6.000 millones se pagarán «a corto plazo» y los otros 4.000 millones en el segundo semestre del año.
La patronal de la sanidad privada informa en un comunicado en su web de que una vez que se conozcan los criterios de reparto de dicho fondo solicitará a las comunidades que parte se dedique a la compensación por su actividad durante la pandemia.
Para ello esta alianza y sus asociaciones territoriales iniciarán contactos con las Consejerías de Salud de todas las comunidades autónomas.
Carlos Rus, presidente de Aspe, considera que “este país y sus gobiernos autonómicos no deben desamparar a las empresas que lo han dado todo cuando así ha sido necesario».
En el comunicado, Rus añade: «No entendemos que miles de empresas y cientos de miles de empleos deban pagar un castigo inmerecido cuando de facto han dado un servicio público, que debe ser respaldado con medidas que favorezcan nuestra supervivencia y no poner así en riesgo la continuidad asistencial de los hospitales en primera línea de lucha en la pandemia, así como del resto de centros sanitarios”.
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