La Audiencia Nacional ha celebrado una vista en la que se han adherido a esta solicitud los letrados de los demás acusados, el presidente del FC Barcelona, Josep María Bartomeu; su antecesor Sandro Rosell; el propio club catalán; el Santos CF -equipo brasileño del que provenía Neymar cuando fue fichado por el Barça- y N&N, la empresa de la familia del jugador.
A esta reclamación se ha opuesto el fiscal, que estima que la Audiencia Nacional es competente para juzgar este caso ya que hay acusados españoles y parte de la actividad delictiva investigada se cometió fuera de España, concretamente en Brasil.
Igualmente se ha opuesto a la pretensión de las defensas el abogado de la acusación, ejercida por el fondo de inversión brasileño DIS, que tenía parte de los derechos federativos del jugador y que presentó la denuncia que provocó este procedimiento al verse perjudicada en la operación del fichaje de Neymar por el Barça.
Por estos hechos la Fiscalía pide dos años de prisión y diez millones de euros de multa para Neymar, actualmente jugador del PSG francés, y cinco años de cárcel para Sandro Rosell, recientemente absuelto de blanqueo de comisiones supuestamente recibidas por el expresidente de la Confederación Brasileña de Fútbol Ricardo Teixeira tras permanecer dos años en prisión provisional.
También solicita dos años de prisión para el padre de Neymar y uno para su madre, ambos como presuntos autores de delitos de corrupción en los negocios, el mismo que le imputa al hijo, y una multa de 1,4 millones de euros para la empresa familiar N&N.
El Ministerio Público reclama asimismo 8,4 millones de euros de multa para el FC Barcelona y 7 millones para el Santos.
Por su parte, DIS reclama penas de cinco años de cárcel para Neymar, su padre, Rosell y el actual presidente del club Josep Bartomeu, al que no acusa la Fiscalía por esta operación.
El abogado de Neymar y de su padre, Jesús Santos, ha estimado que el juicio debería celebrare en Barcelona ya que algunos de los hechos supuestamente se cometieron en esta ciudad.
Ha recordado que la Audiencia Nacional ya envió a la Audiencia Provincial de Barcelona el juicio del denominado caso «Neymar 1», que culminó en un acuerdo de conformidad por el que el Barça fue condenado al pago de 5,5 millones de euros por dos delitos fiscales en el fichaje del delantero brasileño, por lo que estima que ahora debe seguirse el mismo criterio.
El abogado de N&N ha alegado además que en ningún caso el juicio puede ser competencia de la Audiencia Nacional pues en Brasil no está tipificado el delito de corrupción entre particulares y no está regulada la responsabilidad penal de las personas jurídicas como es la empresa a la que representa, «con lo que no se da el requisito de la doble incriminación».
Según el fiscal, Rosell, entonces presidente del Barça, llegó a un acuerdo con el padre de Neymar «con la intención de ocultar el coste real del jugador», que después se supo había ascendido a 83 millones de euros.
Cuando en 2013 se dio a conocer el fichaje, «el FC Barcelona decidió mantener públicamente que la adquisición del jugador un año antes de lo previsto le costaría al club» los 40 millones inicialmente pactados a los que habría que añadir 17,1 millones por la adquisición de los derechos federativos al Santos.
DIS percibió el 40 por ciento de esa cantidad, sin embargo «la cantidad real del traspaso de los derechos federativos» ascendió a 25,1 millones por lo que el fiscal considera que debe ser indemnizado con 3,2 millones.
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