Esta demanda se produce un día después de que en la Conferencia Sectorial de Educación entre el Gobierno y las comunidades se consensuara un documento que contempla que pasar de curso será la norma, sin que eso signifique se va a dar un aprobado general, y que la repetición será una «medida excepcional».
Además, establece que la evaluación de este curso 2019-2020 será continua y la titulación «debe de ser la práctica habitual» para los alumnos que finalicen 4º de ESO o 2º de Bachillerato y FP, según Educación, que insiste que en que esta decisión será tomada, en todo caso por el claustro de profesores en su conjunto.
La Junta de Andalucía ha manifestado que «en tanto no se establezcan en el acuerdo de manera expresa» las condiciones de promoción o titulación de los alumnos, no puede apoyar al Gobierno.
Y recuerda que hay una normativa fijada, que en la ESO establece la opción de promocionar con dos asignaturas suspensas y con tres excepcionalmente, mientras que para titular en bachillerato hay que aprobar.
En el mismo sentido, se han pronunciado los responsables educativos de Madrid, que han rechazado que se deje «en manos» de las comunidades los criterios para la obtención de un título, cuando «tienen que ser uniformes».
Según la consejería de Educación de Madrid, el Ministerio «quiso lavarse las manos» en una competencia nacional y no quiso fijar «cero, una o tres» asignaturas suspensas, pese a que los títulos expedidos tienen validez en todo el territorio nacional y ha asegurado que en Madrid «será cero».
Por su parte, Murcia cree que sería una “injusticia” que cada comunidad tomase diferentes decisiones en ese ámbito que pudieran generar desigualdades entre los alumnos.
No obstante, si el ministerio no dicta esas instrucciones, ha asegurado que la consejería no dejará desamparados a los docentes y, de hecho, está ya perfilando instrucciones que entregará a los centros educativos para llevar a cabo las evaluaciones y promociones.
Una decisión que también ha tomado el Gobierno Vasco, que va a definir cómo serán las evaluaciones de los alumnos y qué criterios se seguirán.
Fuentes de Educación han confirmado que Andalucía, Madrid, Murcia y Castilla y León, han expresado discrepancias sobre la aplicación del texto, así como el País Vasco «por una cuestión de competencias», mientras que el resto de comunidades se han adherido a este acuerdo que, según la normativa de la Conferencia Sectorial, tiene carácter vinculante.
Educación recuerda que las comunidades que no se han adherido ahora pueden hacerlo más adelante si así lo consideran e insiste en que la Ley educativa LOMCE, que es la que está en vigor, es una norma que rige en todo el Estado.
Los docentes también han demandado una norma común de «obligado cumplimiento» a través de su sindicato ANPE. Su presidente, Nicolás Fernández, ha lamentado, en entrevista con EFE, que no se haya consensuado una normativa clara, que no deje «al albur» de los gobiernos regionales decisiones que pueden afectar al principio de igualdad de oportunidades del alumnado
Por su parte CSIF, que ha lamentado «la falta de liderazgo de Educación», ha insistido en que la forma de promoción y titulación están reguladas por ley orgánica y el decreto de alarma no modifica esta realidad normativa.
La Confederación de Padres de Alumnos (COFAPA) ha expresado que la unidad de la comunidad educativa es fundamental y ha exigido que los alumnos más vulnerables puedan disponer de los medios necesarios para superar el curso.
Si bien Save the Children, que había reclamado la apertura de centros escolares en verano para atender a los más vulnerables, considera que las medidas acordadas tienen unos objetivos adecuados, la práctica puede no serla por su falta de concreción normativa y de recursos.
A juicio del Sindicato de Estudiantes, el Ministerio de Educación «vuelve a fallar» porque sus medias no dan «una respuesta positiva a las necesidades» del alumnado y se niega a aceptar la realidad de que el curso ya ha terminado, al proclamar que se cerrará en junio.
Escuelas Católicas lamenta que la decisión de la Sectorial añada mayor confusión a un momento de «tanta incertidumbre social» y dice que «no es responsable» ahondar en las desigualdades territoriales ni generar la sospecha de diferencias de trato entre centros.
Por su parte, los centros privados, representados en ACADE, han reivindicado la «autonomía diferenciada» que les reconoce la ley y han pedido «flexibilidad para ampliar el curso en el mes de julio.
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