En el primer examen en el Parlamento de la Lomloe o ley Celaá, todos los partidos, excepto UPN, han votado en contra de devolver el texto al Gobierno, como pedían los tres partidos citados.
La votación ha sido: no, 62 votos presentes y 133 telemáticos; y sí, 52 votos presentes y 101 telemáticamente; cero abstenciones.
Celaá ha asegurado que los argumentos usados para enmendar la reforma «no responden al contenido» del proyecto de ley orgánica de Modificación de la LOE, pues sí se respeta la formación religiosa, la enseñanza del castellano o los centros concertados y los de Educación Especial.
«Rechazar este proyecto de ley supone defender el mantenimiento de una ley que ha dado cobertura normativa a la política de recortes», ha recalcado la ministra.
Ha concretado varios objetivos de esta ley «necesaria», como reducir el abandono escolar temprano, cambiar el currículo, fortalecer la autonomía de los centros o mejorar la evaluación.
«Esta ley se compromete con la mejora de la financiación pública de la educación» y con un esfuerzo inversor que «va más allá de coyunturas económicas o políticas», ha aseverado la ministra.
Precisamente, tramitar la Lomloe durante la coyuntura que se vive por la crisis del coronavirus ha sido echado en cara a la ministra por las portavoces de Educación del PP, Vox y Ciudadanos, Sandra Moneo, Georgina Trías y Marta Martín, respectivamente, quienes han coincidido en considerar que lo que importa a las familias ahora es asegurar la vuelta al cole.
Moneo ha anunciado que, cuando los 350 diputados puedan ir al Parlamento, el PP presentará una alternativa a la Lomloe y ha recalcado que esta reforma rompe el pacto constitucional en materia educativa y coarta libertades.
«Va a asestar un golpe mortal a la calidad el sistema educativo, del que difícilmente se va a recuperar», ha augurado, además de subrayar que modernizar la educación no es «regalar tabletas» a los alumnos.
Asimismo, ha criticado que el PSOE se levantara en su día de la Subcomisión del Pacto de Estado de Educación, promovida por el PP, argumentando que no se garantizaba un 5 % de PIB en educación cuando los socialistas tampoco lo han fijado.
Trías ha opinado que la ley Celaá adoctrina, da la espalda a la libertad y «hoy no toca», cuando los niños no han pisado los centros desde hace tres meses.
Se ha opuesto a la «supuesta educación sexual, ideológica y sectaria» que quiere imponer el Ejecutivo, además de atacar derechos fundamentales, como la libertad de los padres a educar según sus convicciones y valores.
También ha criticado que se promueva el laicismo, se ataque al español o los centros concertados y la Educación Especial.
Martín ha comentado que cuando «la mayoría de los mortales» se está preguntando cómo se volverá a los colegios, el Gobierno presenta una ley «con grandes sesgos ideológicos».
Ha pedido a la ministra que «congele» los plazos de las enmiendas parciales para llegar a acuerdos, para lo que Ciudadanos ha pedido que se reabra la Subcomisión para el pacto educativo.
También ha rechazado que deje en manos de los nacionalistas el porcentaje de horas de estudio en castellano o se cree inquietud en los centros de Educación Especial.
Cs, al igual que el PP, han rechazado asimismo que la Lomloe no haya pasado por el Consejo de Estado, aunque no sea vinculante.
Por su lado, la portavoz del PSOE, Luz Martínez, ha recordado que la Lomce se «impuso» en 2013, «sin consenso ni apoyo parlamentario», y que la mayoría de partidos están reclamando «un cambio de ley».
Ha pedido a la derecha que «progrese» y ha preguntado qué problemas hay en la educación afectivosexual o en igualdad de género.
Desde Unidas Podemos, Joan Mena ha defendido la Lomloe como «una oportunidad» y la forma de derogar la Lomce, aunque ha pedido que se «blinde» la educación pública.
En sus turnos de palabra, Coalición Canaria, Bildu, PNV, el grupo Republicano o el Plural han expresado su rechazo a las enmiendas a la totalidad debatidas, pero han mostrado sus reticencias a la Lomloe, que supondría la octava ley educativa desde 1978.
Los partidos nacionalistas han discrepado especialmente de la ley Celaá por invadir competencias y no respetar, por ejemplo, la ley de educación catalana o porque Galicia merece tener su propia ley educativa.
Fijar fecha para el debate sobre las enmiendas parciales será el siguiente trámite para la Lomloe.
Estrella Digital