Alejandro Palomas, Miguel Hurtado, Esther Pujol, Manuel Barbero, impulsor de la asociación Mans Petites, y la activista Vicki Bernadet han presentado este jueves en rueda de prensa en Barcelona la constitución de la Plataforma Tolerancia 0 como un lobby de influencia política y no una asociación de víctimas.
La nueva plataforma ha anunciado que no dará apoyo a la comisión que debe investigar los abusos infantiles impulsada en el Congreso por parte del Defensor del Pueblo al considerar que no se contempla que tenga poderes coercitivos de investigación y la jerarquía católica se podría negar a participar en su conjunto o según las diócesis.
Ya sucedió así, han recordado hoy, con una investigación anterior impulsada por el Síndic de Greuges de Cataluña en 2019, en la que la jerarquía católica catalana se negó a participar.
«Nos bajamos del tren» de la comisión del Defensor del Pueblo, ha asegurado Miguel Hurtado, víctima de abusos durante su adolescencia, cuando formaba parte del grupo de ‘scouts’ de la abadía de Montserrat.
Por su parte, Vicki Bernadet ha considerado que «salga lo que salga de la comisión del Defensor del Pueblo, las víctimas que irán no están desligitimadas, pero ante la oportunidad histórica que supone abordar esta cuestión es una pena que no se haga del todo».
Se estima que los abusos sexuales infantiles en la Iglesia en España afectan a unas 1.237 víctimas desde los años 30 del siglo pasado, según el único registro conocido, publicado por El País, ya que no hay datos oficiales.
La plataforma propone que se cree una ‘Comisión de la verdad» con un mandato del Parlament de Cataluña y que tenga un estatuto jurídico propio, un «traje hecho a medida en base a las necesidades del proyecto», con una regulación que evite los conflictos de intereses y garantice la independencia política, según ha explicado Miguel Hurtado.
Hurtado ha trabajado en la elaboración de este estatuto jurídico, teniendo en cuenta las investigaciones que sobre los abusos sexuales en la infancia se han desarrollado en Inglaterra y Gales, Escocia y Australia.
La comisión, además de establecer la magnitud de los abusos sexuales cometidos por religiosos durante un determinado período histórico, debe tener una metodología de trabajo y poder ejercer poderes coercitivos, es decir, ha de poder obligar a comparecer, a decir la verdad y a entregar documentos, por ejemplo, archivos canónicos.
«Nuestro proyecto de comisión de la verdad ha estado en la mesa de ERC, Bildu y Comunes-Podemos, que lo han apoyado, como también Junts, y también en la del PSOE, que no lo ha hecho», ha precisado Hurtado, por lo que la Plataforma ha apostado por reclamar ahora a los partidos políticos catalanes que la adopten para el ámbito de Cataluña.
En el supuesto de que sea así, y para que la comisión catalana tenga los poderes coercitivos que las víctimas y activistas reclaman que tenga, sería necesario modificar el artículo 502 del Código Penal, con lo que la propuesta de ley de iniciativa autonómica debería volver al Congreso de los Diputados, para su consideración.
Los miembros de la plataforma apuestan claramente por que la investigación sobre los abusos sexuales a niños se empiece por la Iglesia y no se amplíe a otros ámbitos hasta que el primero esté bien investigado.
A juicio de Bernadet, «no se pueden mezclar» los abusos cometidos en el deporte o en el ámbito familiar con los cometidos por miembros de la Iglesia porque cada uno tiene su especificidad, lo que no opta para que «una vez bien estudiados los casos, nos sirvan para otros ámbitos» y para «tener herramientas que eviten que pasen de nuevo estos abusos».
La Comisión de la verdad que proponen estos activistas y víctimas tiene que abordar, además, el encubrimiento y su castigo, la asistencia terapéutica a las víctimas y unas conclusiones, además de una reparación, según la propuesta de la Plataforma Tolerancia 0. EFE.
db/pll/jlg
Editorial