El FC Barcelona ha trasladado a la Fiscalía de la Audiencia Nacional su intención de buscar un acuerdo de conformidad que permita evitar el juicio contra la entidad por un delito de fraude fiscal en el fichaje del delantero brasileño Neymar.
Los representantes de la entidad blaugrana han sondeado al Ministerio Público sobre esta posibilidad después de que su Junta Directiva acordara el pasado 23 de febrero por unanimidad presentar una declaración complementaria a Hacienda por la que pagaba 13.550.830,56 euros, a fin de «saldar cualquier posible deuda» derivada de esta operación.
El pacto con la acusación pública, que supondría el reconocimiento del delito por parte del Barça y la existencia de una sentencia condenatoria, estaría supeditado a los análisis que han de realizar los peritos de la Agencia Tributaria, que tendrán que cuantificar en las próximas semanas las cuotas supuestamente defraudada y comprobar si se corresponden con lo abonado por el club en su declaración complementaria.
El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, que investiga estos hechos, imputó el pasado 20 de febrero a la entidad culé ante las sospechas de que pudo defraudar 9,1 millones de euros al no tributar por 37,9 millones inluidos en los contratos que suscribió 2011 y 2013 para asegurarse el traspaso del jugador.
Un perito estudiará el fraude
La Agencia Tributaria, que está personada en la causa como acusación particular a través de la Abogacía del Estado, tiene que trasladar en los próximos días al Juzgado Central de Instrucción número 5 el nombre de la perito que se encargará de este análisis.
En caso de que este acuerdo llegara a buen puerto, las fuentes jurídicas consultadas indican que el juez Ruz podría desgajar las actuaciones contra el Barça en una pieza separada y mantener la causa principal contra el expresidente de la entidad Sandro Rosell, al que se investiga por un delito de apropiación indebida en su modalidad de distracción.
En los dos casos, añaden estas fuentes, la supuesta simulación de contratos que se llevó a cabo para asegurar el traspaso del delantero brasileño quedaría incluida o bien en el delito fiscal que se atribuye al Barça como persona jurídica o bien en el de apropiación por el que se investiga a Rosell.
El juez instructor solicitó a la Agencia Tributaria, a instancias del fiscal del caso, José Perals, las declaraciones voluntarias de liquidación de impuestos de 2011, 2012 y 2013 del club relacionadas con este fichaje. También que certificara si éste último se consideraba a efectos fiscales como «no residente en 2013 con la obligación de tributar en España o si, en su caso, debía hacerlo en Brasil».
Además, reclamó al padre del futbolista, Neymar da Silva Santos, los estatutos de las cuatro sociedades en las que aparece como representante legal de su hijo para conocer su objeto social y las declaraciones tributarias que presentó en los ejercicios de 2011 y siguientes.
«Ingeniería financiera»
El magistrado abrió esta causa el pasado 22 de enero tras admitir a trámite la querella presentada por el socio del Barça Jordi Cases contra el entonces presidente de la entidad Sandro Rosell, quien se vio obligado a presentar su dimisión un día después.
La Fiscalía sostiene que las transacciones económicas que sustentaron el fichaje de Neymar se basaron en «contratos simulados» y operaciones de «ingeniería financiera» que no respondían a la realidad y con las que se pretendía «cometer el engaño» a la Hacienda Pública.