El proyecto final de la mayor reforma del sistema financiero de Estados Unidos en siete décadas, que pasa ahora a votación en ambas cámaras del Congreso, incluye entre otros los siguientes puntos:
– Más supervisión gubernamental: la legislación crea un consejo supervisor de 10 miembros que vigilarán los principales problemas en todo el sistema financiero. El Departamento del Tesoro tendrá atribuciones para imponer regulaciones más estrictas para las firmas más grandes.
– Liquidación de bancos: los reguladores tendrán más atribuciones para liquidar las compañías bancarias que hayan crecido demasiado, pero sólo si alguna de estas firmas amenaza con desestabilizar el sistema financiero.
– Atribuciones para liquidar las firmas financieras: otorga a la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC, en inglés) la autoridad para liquidar las firmas financieras gigantes de la misma manera que puede hacerlo con los bancos. Las agencias reguladoras gubernamentales recuperarán cualquier pérdida incurrida por la clausura de instituciones financieras cobrándoles una tarifa a las firmas con más de 50.000 millones de dólares en activos.
– Seguro de depósitos: el proyecto de ley convierte en permanente la cifra de hasta 250.000 dólares en la garantía del Gobierno federal para los depósitos en bancos, cajas de ahorro y entidades de crédito mutuo, con retroactividad al 1 de enero del 2008. El Gobierno había incrementado la garantía desde los 125.000 a 250.000 para evitar pánico de los ahorradores en el 2008.
– Los bancos que forman «paquetes de especulación» deberán conservar un 5% del riesgo de crédito en sus propias hojas de balance.
– Auditoría de la Reserva Federal: la legislación propuesta permite que el Congreso ordene a su Oficina de Contraloría una revisión de las actividades del banco central, excepto la política monetaria. Las auditorías podrán hacerse dos años después que la Reserva haga préstamos de emergencia y otorgue ayuda financiera a las firmas con problemas.
– Incremento de las reservas: las firmas que vendan títulos respaldados por hipotecas (titulización) deben conservar al menos un 5% del riesgo del crédito, a menos que los préstamos ya cumplan con las nuevas normas para la reducción del riesgo.
– Tarifa para el sistema financiero: se impondrá un gravamen a los bancos y firmas financieras para pagar por los 19.000 millones de dólares que costará la puesta en práctica de la reforma del sistema bancario y financiero.
– Hipotecas: se establecerán normas mínimas nacionales para las hipotecas de vivienda. Los prestamistas, por primera vez, deberán asegurar que el prestatario puede pagar el préstamo verificando el historial de crédito y el empleo del solicitante.
– Regulación del mercado de derivados: intenta una mayor transparencia en las operaciones con complejos instrumentos de especulación, llamados «derivados, que formaron parte importante del colapso del 2008. Con la nueva ley la mayoría de los derivados deberán negociarse en cajas de compensación y mercados regulados.
– Límites a los riesgos: restringe el margen de riesgo que pueden tomar los bancos en transacciones con sus propias cuentas. La propuesta original hubiese impedido que los bancos tuvieran propiedad en fondos de especulación, pero el proyecto de ley acordado permitirá que los bancos pongan hasta el 3% de su capital en estos fondos.
– Las agencias calificadoras de riesgo: con esta ley las agencias que califican el riesgo deberán divulgar sus métodos, y la Comisión de Valores (SEC, en inglés) deberá elaborar un método independiente para la vinculación de la agencia calificadora y las firmas que buscan calificación de su crédito.
– Límites a las remuneraciones de los altos directivos: impondrá nuevas reglas sobre la forma en que todas las compañías cotizadas, y no sólo los bancos y otras firmas financieras, pagan a sus directivos. Los accionistas tendrán derecho a un voto de opinión, no vinculante, sobre la forma en que se paga a los ejecutivos, tanto en sus remuneraciones durante sus años de servicio como en los «paquetes de retiro».
– Protección del consumidor: la legislación establece una Oficina de Protección Financiera del Consumidor, que será una agencia independiente aunque esté dentro de la Reserva Federal. Esta agencia se financiará con tarifas pagadas por los bancos, y fijará las reglas para reducir las prácticas turbias en los préstamos a los consumidores y las tarjetas de crédito.
– Calificación de crédito personal: todos los consumidores podrán obtener una vez al año un informe, gratis, de su puntuación para obtener un crédito, según las agencias de calificación del crédito.
– Tarifas de intercambio: los legisladores quieren que la Reserva Federal restrinja las tarifas que los comercios minoristas pagan a los bancos por las ventas pagadas con sus tarjetas de débito. La Reserva Federal podría poner límites a esas tarifas y hacerlas más razonables.