El Gobierno aprobó este viernes el Real Decreto Ley de reforma de la Ley de Órganos Rectores de Cajas de Ahorros (LORCA) que permite a estas entidades emitir cuotas participativas -similares a las acciones- con derechos políticos hasta un 50% de su patrimonio y limita la presencia de los cargos electos. Así se establece en el citado texto que modifica el régimen jurídico de las cajas para facilitar su financiación y profesionalizar su gestión, y que «fortalecerá el sistema financiero español», según dijo en la rueda de prensa celebrada tras el Consejo de Ministros la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega.
Por su parte, la ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, quien desgranó el texto aprobado este viernes, especificó que cada caja podrá elegir si las citadas cuotas participativas que se emitan cuentan o no con derechos políticos.
No obstante, indicó que conseguir capital -que se hará gracias a este instrumento-, hará a estas entidades «más atractivas» para los mercados.
El texto presentado este viernes y que ya adelantó ayer el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, también limita la presencia de cargos electos en el Consejo de Administración de las cajas y establece que las administraciones públicas, entidades y corporaciones de derecho público en dichos órganos de gobierno no podrán superar el 40% de los derechos de voto.
Además, según dijo Salgado, se impone un límite de tres años para que estos cargos políticos electos y representantes de las administraciones públicas salgan de los órganos de gobierno de las cajas, en tanto que a partir de ahora son los Parlamentos autonómicos y no los Gobiernos regionales quienes decidirán la representación de las comunidades autónomas en estas entidades.
Asimismo, el 50% de los miembros del consejo de administración tendrá que tener cualificación y experiencia en el sector financiero.
La reforma aprobada este viernes, «la más importante de la historia de España», según dijo la ministra de Economía, establece nuevos modelos de negocio para las cajas, que podrán mantener su naturaleza como hasta ahora, aunque con la posibilidad de emitir cuotas participativas y adaptando sus estatutos a la modificación de gobierno corporativo.
Además, podrán ceder todo su negocio financiero a un banco mientras que la obra social y la cartera industrial permanecen en la caja.
Estas entidades también tendrán la posibilidad de transformarse en una fundación cediendo todo su negocio a un banco en el que participen.
Por otro lado, las cajas que se integren bajo un Sistema Institucional de Protección (SIP), las llamadas «fusiones frías», tendrán una entidad central con naturaleza de sociedad anónima, que será un banco, y que estará participada al menos en un 50% de las cajas.
Si ese límite se incumple, las cajas del SIP deberán transformarse en fundaciones con cesión de su actividad financiera a la unidad central del SIP.
Para tomar cualquier decisión en el cambio de modelo, Salgado indicó que tendrá que contar con el visto bueno de dos tercios del consejo de administración de la entidad.
El Ejecutivo, que indicó que el objetivo de esta reforma es que las cajas puedan crecer y capitalizarse», espera que la norma cuente con el «máximo consenso», tanto de los partidos como de las comunidades autónomas.
Salgado destacó que pese a la reforma, «nuestro sistema financiero ha soportado razonablemente bien la crisis», y añadió que el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) ha destinado 11.200 millones de euros a la reestructuración.
Por último, el texto establece que el Banco de España podrá aplicar los nuevos requerimiento de solvencia que establecerá Basilea III, dependiendo del modelo de negocio de cada caja.