La mayoría de las comunidades autónomas se mostraron este viernes a favor del Real Decreto Ley de reforma de la Ley de Órganos Rectores de Cajas de Ahorros (LORCA) aprobado por el Consejo de Ministros, pese a que esta norma merma su capacidad de influencia. El Gobierno dio este viernes luz verde a la reforma de ley de cajas que modifica su régimen jurídico para facilitar su financiación y profesionalizar su gestión, y que permite emitir cuotas participativas con derechos políticos hasta un 50% de su patrimonio, y limita la presencia de los cargos electos.
Al respecto, el consejero de Economía del Gobierno catalán, Antoni Castells, calificó de «razonable» que el decreto incluya la prohibición de que las administraciones con competencias reguladoras sobre las cajas tengan representantes en sus órganos rectores.
Una idea que compartió la presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, quien indicó que «lo importante» sobre las cajas es que puedan ser instituciones «solventes» y «serias» y no si las Comunidades pierden influencia sobre estas entidades.
Desde el Gobierno balear, su portavoz, Joana Barceló, también valoró la reforma y destacó la importancia que tienen como instrumento para facilitar los mecanismos de acceso al crédito en el actual momento de dificultades económicas.
Por su parte, la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) dijo que la reforma «fortalece y asegura su futuro», preservando además el «estatus y funciones» desempeñadas a lo largo de su historia.
La CECA consideró «favorables las líneas generales» de la reforma, ya que recoge la mayoría de las propuestas que trasladó el pasado 18 de junio, entre ellas, la adaptabilidad en el seno de cada entidad financiera.
De la misma opinión fue el director general adjunto de Caixa Catalunya, Jaume Masana, quien afirmó que la ley es positiva para el sistema financiero y para la economía española.
Reacción política
En cuanto a los partidos, sólo el PP ha mostrado su apoyo al texto, ya que según dijo el coordinador de Economía de los populares, Cristóbal Montoro, el contenido de la ley «coincide con lo que pensamos».
No obstante, criticó que la citada reforma llega tarde y se hace de una manera improvisada.
Desde el PSOE, su secretario de Política Económica y Empleo, Octavio Granado, valoró la citada reforma y aseguró que «es necesario hacer ciertos cambios que permitan a estas entidades salir fortalecidas de la crisis y ser más competitivas en el actual marco financiero».
Por el contrario, la diputada de Unión Progreso y Democracia (UPyD), Rosa Díez, calificó el texto de «chapuza pactada con el PP para que ambos puedan seguir mangoneando los órganos de dirección de las cajas», al tiempo que criticó la falta de transparencia en la tramitación.
De la misma opinión fue el portavoz de IU en el Congreso, Gaspar Llamazares, quien dijo que la reforma es «uno de los mayores escándalos» económicos.
Sindicatos
También los sindicatos también rechazaron la reforma de las cajas y al respecto, el secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, aseguró que supone una «desnaturalización» de estas entidades porque «bancariza» su función a través de la creación de fundaciones o por la vía de la salida de algunos colectivos de los órganos de gobierno.
El otro sindicato mayoritario, UGT, acusó este viernes al Gobierno de burlar el Diálogo Social por no haber consultado «en ningún momento» a los interlocutores sociales sobre esta reforma que a su juicio supone su privatización.