Cerrada la reforma laboral, a la clase política española le toca centrarse en la reforma del sistema de pensiones. El argumento de partida, plasmado en un documento del Consejo de Ministros del pasado 29 de febrero, es tomar medidas que garanticen que es sostenible a medio y largo plazo el esquema actual. Con ese objetivo se ha reunido hoy la comisión no permanente del Pacto de Toledo, que será la encargada de plasmar las propuestas parlamentarias sobre varios temas: la edad de jubilación, el período de cálculo y el número de años para acceder a la prestación. Todas las cuestiones son polémicas y tienen un importante impacto en la población pues, de forma simple, suponen trabajar (y cotizar) más para recibir al final menos prestaciones.
La primera reunión, que se prolongará hasta jueves, ha tratado, entre otros temas, sobre el tiempo que computa a la hora de calcular la pensión. Actualmente, son los últimos 15 años los que se tienen en cuenta y la idea que hay sobre la mesa y respecto a la que no se ha llegado a ningún acuerdo, es que se aumente ese periodo en 5 años. Serían pues, los últimos 20 años los que se tendrían en cuenta. Se argumenta que este es el esquema que se sigue en varios países europeos, donde el período que se analiza está entre 20 y 25 años.
Aunque parecía que podía haber acuerdo sobre este punto, lo cierto es que no ha sido así. La portavoz del PSOE en esta comisión, Isabel López i Chamosa, se vio obligada a aclarar que no había ningún acuerdo, lo que demuestra que todas las reuniones previas que se han mantenido, incluso durante el verano, de forma discreta no han logrado avances.
El temor de las fuentes consultadas es que la negociación encalle y sea imposible avanzar. La idea de la que parten las mesas es que el tema pueda estar consensuado antes de que acabe el año. Los sindicatos se oponen radicalmente a los cambios sugeridos y la actual situación en CEOE puede complicar los contactos. Octavio Granado, secretario de Estado de Seguridad Social, ha advertido que la reforma del sistema de pensiones tiene que ser “suficiente y necesaria” para evitar nuevas reformas en los próximos años. Debe realizarse “cuanto antes” para hacerla “en el periodo de tiempo más largo posible”, asegura. “Cuanto antes empecemos, más suave será”, concluye.
Sobre propuestas concretas, Granado ha asegurado que si no se toman medidas sobre la edad de jubilación (que el Gobierno quiere aumentar a 67 años), habrá que tomar otras. Para ello, resalta la importancia de conocer las implicaciones de cada iniciativa, un estudio que todavía no se ha dado a conocer y en el que está trabajando el Pacto.
Según los últimos datos difundidos por el Gobierno, el sistema tiene un superávit de 4.000 millones de euros previstos para este año y se espera que en 2011 la cifra ascienda a 4.580 millones. El fondo de reserva, que sería la hucha de las pensiones, terminará el ejercicio con 64.300 millones de euros.
Elevar la edad de jubilación de 65 a 67 años dejaría cotizando dos años más a una generación tan numerosa como la del baby boom de los años 60, que permitirían aumentar el colchón para afrontar el pago de las pensiones.
El optimismo de los últimos días ha dado paso a la preocupación y todos auguran que el nuevo proceso que se inicia “va a ser muy complicado”.