El ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, aseguró este martes que el PP hizo la peor reforma laboral de la democracia en 2002 y que para arreglar los problemas que generaron dichos cambios «el Gobierno está tratando de impulsar otra reforma cualitativamente distinta».
Durante la sesión de control en el Senado, Gómez aseguró que los populares están instalados en una «suerte de posición descomprometida con los intereses del país», razón por la que les pidió que miren «hacia delante».
«Si miran hacia atrás uno puede contemplar como ustedes cuando gobernaban en 2002, hace ocho años, fueron capaces de permitir que un trabajador pudiera ser despedido en 48 horas», añadió.
Así respondió al senador del PP, Antolín Sanz, quien aseguró que la reforma laboral está provocando «una mayor fractura», porque «no satisface a nadie» ni profundiza en cuestiones que consideró clave como la negociación colectiva, la flexibilidad interna, el absentismo laboral o la formación profesional.
«Conocemos lo que piensa, no puede defender posturas contrarias a sus principios», afirmó Sanz, que le dijo a Gómez que un «hombre de izquierdas» no puede prestarse a colaborar ni a defender las políticas «antisociales» del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
Levantar el diálogo social
El ministro de Trabajo e Inmigración, Valeriano Gómez, advirtió este martes de que el proceso de Diálogo Social estará «herido de muerte» si Gobierno, sindicatos y empresarios no hacen que funcione nuevamente y vuelva a «rendir frutos».
Así lo dijo durante su discurso en la toma de posesión de la nueva secretaria de Estado de Empleo, María Luz Rodríguez, donde apostó por restablecer los canales de comunicación del diálogo social pese a que «todavía vive un momento complejo».
Según Gómez el Ejecutivo se ha marcado como el principal objetivo de política laboral volver a retomar el diálogo social con el fin de que «rinda» y preste servicio a la sociedad española con nuevos acuerdos, tal como ocurrió entre 2004 y 2008 cuando Gobierno y agentes sociales firmaron más de 22 acuerdos.
«El diálogo social si quiere responder a lo que la sociedad le exige debe necesariamente rendir frutos, porque anteriormente ha vivido etapas con alto rendimiento», aseveró tras añadir que de no ser así «no hay ninguna posibilidad de prolongación» de este proceso.
En este sentido aseguró que uno de los primeros acuerdos que le gustaría alcanzar «sin que transcurra demasiado tiempo» podría ser el de un nuevo reglamento de la Ley de Extranjería, con el fin de adaptar los flujos migratorios a la nueva situación económica. Al respecto recordó que el primer gran acuerdo que firmó el diálogo social en 2004 fue dicha Ley de Extranjería.
Ante los secretarios de Acción sindical de UGT, Toni Ferrer, y de CCOO, Ramón Górriz, quienes asistieron al acto de toma de posesión, el ministro también puntualizó que otro de los «retos» en el Diálogo Social será negociar un nuevo sistema de políticas activas de Empleo. Según dijo, podría estar listo antes de finales de enero, «no mucho más tarde del retorno de las navidades», apostilló.
Aseguró que España es un país que gasta demasiado en desempleo y que es necesario un nuevo diseño con más esfuerzo humano, de recursos y material, y donde las comunidades autónomas tengan un papel esencia, aunque «la regulación de la política es una competencia exclusiva del Estado».
En cuanto a la reforma laboral, el nuevo ministro admitió que los reglamentos que la componen tendrán que dialogarse pero que no se puede paralizar una parte importante de su desarrollo, que es el nuevo esquema de Negociación Colectiva, que debe estar listo antes de marzo.
«El Gobierno no va a renunciar a regular este sistema si la negociación (entre sindicatos y empresarios) no existe», dijo.
Para Gómez el Acuerdo de Negociación Colectiva debe ser «destacado» puesto que «facilita la moderación salarial» que -en su opinión- será necesaria durante algún tiempo, al tiempo que valoró que se trate de una negociación que sirve de ejemplo porque ningún país europeo la contempla.