El retraso de Irlanda en concretar medidas de rescate para su dañada economía con el resto de países europeos le está resultando caro a la economía española. Desde que a principios de mes se encendiera la alarma, el IBEX 35, que agrupa a las empresas con mayor capitalización bursátil de la Bolsa española, ha perdido un 5% de su valor, las emisiones de deuda nos han salido un 30% más caras que hace unos meses, la cotización del euro ha bajado hasta cambiarse a 1,34 euros por dólar y, lo que es peor, las empresas que necesitan endeudarse para seguir creciendo, encuentran más dificultades para financiarse.
«Tiene que hacer lo que sea, pero ya», decía Carlos Ocaña, secretario de Estado de Hacienda cuando, tras intervenir en un foro organizado por Cinco Días, le pedían su opinión sobre el impacto de los problemas de Irlanda. Y es que, aunque la situación española no es comparable, según todos coinciden, está claro que nos afecta (y perjudica) muy directamente.
El presidente permanente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, admitía horas después que la zona euro atravesaba una «crisis de supervivencia. Tenemos que trabajar juntos porque si la eurozona no sobrevive tampoco sobrevivirá la Unión Europea». Y el secretario del Tesoro de EE UU, Timothy Geithner señalaba: «no quiero hablar específicamente de Irlanda o Portugal», pero «en esas situaciones hay que actuar muy, muy rápidamente», y aconsejó una combinación de reformas y respaldo financiero. Es decir, la situación actual es más grave que la ocurrida en mayo, cuando la crisis de Grecia llevó a la Unión Europea a presionar a España para que tomara inmediatamente drásticas medidas de ajuste.
Se suponía que la creación del Fondo Europeo de Estabilidad Financiera, dotado con 750.000 millones de euros, iba a ser suficiente para apaciguar las aguas turbulentas. Pero no ha sido así. En cuanto los mercados (más bien los especuladores) han oído hablar de la posibilidad de que los inversores privados tengan que afrontar costes en las operaciones de rescate, el riesgo de los países periféricos (Irlanda, Portugal, Grecia, Italia y España) se ha disparado, y nada parece hacerles volver a la normalidad. En la crisis de mayo, la presentación de los resultados de las pruebas de resistencia de la banca fueron como un bálsamo para la imagen española en el exterior, pero ahora ya tenemos poco de lo que alardear. Por eso urge que la operación de rescate que se diseñe para Irlanda sea rápida y limpia.
Pero es difícil tomar una decisión que se entiende como una clara cesión de soberanía en un país donde el partido en el Gobierno, los liberales del Fianna Fáil, gobiernan en precario en coalición con Los Verdes y algunos diputados independientes.
Mientras, se da por hecho que Bruselas tendrá que prestarle dinero (se habla de hasta 100.000 millones de euros) o como mínimo a sus bancos, que desde que comenzó la crisis financiera, hace tres años, han recibido ayudas por valor de 50.000 millones de euros.
La idea generalizada es que las entidades irlandesas son incapaces de cubrir sus necesidades de financiación, aunque el ministro de Finanzas del país, Brian Lenihan, declaraba el martes que no existían tales dificultades. Pero, como aviso a los mercados, añadía: «Irlanda es un país pequeño y, si los problemas bancarios son demasiado grandes para nosotros, Europa ha dejado claro que ayudará para salvar el sistema».
De hecho, la Unión Europea y el FMI ya han enviado a sus inspectores a Dublín para determinar el estado real de las cuentas irlandesas y de los balances de sus bancos. Se supone que, una vez emitido su informe, se tomará una decisión. El deseo no expuesto abiertamente de Irlanda es que se rescate sólo a los bancos, algo que cambiaría las reglas del juego, pues el fondo está destinado a los países. Si eso se produjera, dicen algunos analistas, ¿por qué no recurrir a esos fondos para salvar, por ejemplo, a las cajas españolas en dificultades?