La Fiscalía Anticorrupción ha presentado una querella contra el ex presidente de Metrovacesa, Joaquín Rivero, por el presunto uso de información privilegiada en la compra de acciones de la inmobiliaria en diciembre de 2005, antes de que se hiciera pública una operación accionarial que elevó la cotización.
La Fiscalía, que inició su investigación tras recibir un aviso de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), asegura que el entonces presidente de Metrovacesa obtuvo un beneficio de 2,8 millones de euros con varias operaciones pactadas justo antes de que se anunciara que había comprado a Luis Portillo una parte de su paquete en la compañía a un precio superior al de mercado.
«Joaquín Rivero incumplió las obligaciones impuestas a quienes están en posesión de información privilegiada, al aprovechar este conocimiento reservado para comprar las acciones de Metrovacesa por medio de sociedades de las que era el beneficiario último», asegura la querella, publicada por Anticorrupción.
Según el relato de los hechos, Metrovacesa anunció el 30 de diciembre de 2005 que Portillo había llegado a un acuerdo para vender su participación del 5,66% en la compañía a Rivero (que se hacía con el 1,72% del capital) y a Román Sanahuja (que se quedó con el 3,94% del capital) a un precio de 57,5 euros por acción, por encima de los 51,5 euros a los que estaba estabilizada la cotización.
Sin embargo, Rivero conocía desde el 22 de diciembre de ese año el acuerdo entre Portillo y Sanahuja, al que decidió sumarse con la firma del contrato el 24 de diciembre, casi una semana antes de que se hiciera público.
La anticipación le permitió diseñar una compleja operación por la que la inmobiliaria vendió acciones de su autocartera el 29 de septiembre que terminaría recomprando el ejecutivo a través de dos sociedades, Quimafa y Eusko Levantear.
La Fiscalía sostiene que Rivero llevó a cabo la operación «a sabiendas de que, una vez hecha pública, elevaría la cotización de las acciones de la compañía».
«En efecto, tal y como había previsto Rivero, conocedor del funcionamiento del mercado bursátil y, evidentemente, también de la compañía que él mismo dirigía, las acciones de Metrovacesa experimentaron una notable revalorización una vez que llegó al mercado la noticia de la adquisición de acciones de esta compañía por su presidente y un consejero, ambos accionistas significativos, por un precio sensiblemente superior al de cotización», afirma la querella.
La Fiscalía Anticorrupción también destaca que la investigación llevada a cabo por la CNMV ha destapado operaciones «consistentes en movimientos de efectivo y entre cuentas bancarias que resultan compatibles con posibles conductas de blanqueo de capitales».
Una de esas operaciones es una transferencia remitida por Metrovacesa a Eusko Levantear por valor de 50 millones de euros, que estaría vinculada a la compra de unos terrenos en Marbella, según ha puesto de manifiesto la propia inmobiliaria en las acciones emprendidas recientemente contra Rivero.
A ello hay que sumar movimientos realizados en las cuentas bancarias españolas de otras dos sociedades vinculadas al ejecutivo «en las que se producen entradas y salidas de fondos de no residentes radicados en Mónaco y Luxemburgo en algún caso, relacionados con salidas de fondos de Metrovacesa y que no han sido explicadas».
Rivero se enfrenta a numerosas acciones penales y administrativas por su comportamiento al frente de Metrovacesa, que presidió desde 2002 hasta 2007.
De hecho, la inmobiliaria ha presentado dos demandas contra él por los supuestos perjuicios que ocasionó a la sociedad en varias operaciones mercantiles realizadas en 2007.
Además, el pasado mes de octubre se hizo público que la CNMV le había impuesto dos sanciones, por un importe total de 180.000 euros, por no haber comunicado una participación significativa y por no haber suministrado información correcta sobre la opa que Metrovacesa lanzó sobre sus propias acciones en septiembre de 2007.