El Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) -que garantiza el pago de indemnizaciones y salarios a los trabajadores cuyas empresas son insolventes o están en concurso de acreedores- destinó 1.046,8 millones de euros al pago de prestaciones hasta octubre, el 60,1% más que en el mismo período de 2009.
Según los datos del Boletín de Estadísticas (BEL) del Ministerio de Trabajo e Inmigración, la mayor cuantía repartida por el FOGASA en los diez primeros meses correspondió al pago de indemnizaciones, con 820,5 millones, el 68,9% más que hace un año, mientras que los 226,2 millones de euros restantes se abonaron en concepto de salarios, lo que supuso un incremento del 33,8%.
Entre enero y octubre, los expedientes resueltos por el FOGASA afectaron a 78.534 empresas, el 40,17% más que hace un año, y a 190.082 trabajadores, el 38% más.
Según el Ministerio de Trabajo, en este periodo hubo 35.252 empresas que se declararon insolventes, el 66,2% más que hasta octubre de 2009, lo que afectó a 112.754 trabajadores; un incremento del 62,39%.
El resto de las empresas, 44.939 se vieron afectadas por expedientes de regulación de empleo (el 32,5% más), y el número de trabajadores que se vieron involucrados ascendió a 77.328 (el 24,5% más).
La Comunidad Valenciana, con 229,6 millones de euros, fue la que recibió más dinero del FOGASA hasta octubre, seguida de Cataluña (217,8 millones), Andalucía (107,2 millones), Madrid (99,2 millones) y País Vasco (88,1 millones).
Le siguieron Aragón (40,8 millones), Castilla y León (50,5 millones), Galicia (42 millones), Castilla La Mancha (34,7 millones), Asturias (21,1 millones), Murcia (24,9 millones) y Canarias (21,4 millones).
Navarra recibió 17,3 millones, Baleares, 14,6 millones; Cantabria, 14,2 millones; Extremadura (12,9 millones); La Rioja, 9,1 millones, y Ceuta y Melilla 451.200 euros.
CCOO, en un comunicado, subrayó la «importante función» del FOGASA en tiempos de crisis porque garantiza que los trabajadores puedan percibir salarios e indemnizaciones por despido.
Por ello, exige al Ministerio de Trabajo que dote a este organismo con los recursos humanos necesarios ya que, según el sindicato, la reforma laboral aprobada por el Gobierno supondrá un gran aumento de Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) y de prestaciones.