Los controladores y AENA, ente dependiente del Ministerio de Fomento van a retomar las negociaciones de un convenio colectivo a partir del próximo lunes, informaron este viernes ambas partes. Según la Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA), este es el camino adecuado para recuperar la concertación y el diálogo social frente a un colectivo que ha sido organizado mediante sucesivos decretos y leyes en los últimos meses.
Aunque aún no hay un calendario trazado para las negociaciones, fuentes de AENA señalaron que comenzarán el lunes y que se van a intensificar a lo largo de la semana, aunque este organismo matizó que «se trata de un primer contacto para ver desde qué punto se retoman estas conversaciones». Los representantes legales de Fomento y del sindicato han intensificado los contactos en las últimas horas, según USCA, hasta el punto de que se ha elaborado ese calendario de encuentros.
AENA recuerda que las negociaciones siempre se van a enmarcar dentro de lo que indica la ley de 14 de abril y USCA «valora la disposición del Gobierno y su nueva interlocución en aras a resolver, a la mayor brevedad posible, el actual conflicto laboral». El último convenio con los controladores se firmó en 1999 y finalizó su vigencia en 2004.
El pasado miércoles, miembros de la junta directiva de USCA presentaron, en rueda de prensa, las cartas firmadas por el 90 por ciento de los controladores que, a título personal, se comprometen a garantizar la prestación del servicio de control y se muestran su disposición a volver a la mesa de negociación. Los portavoces de USCA apuntaron que, si hubiese voluntad por parte de AENA, se podría llegar a un acuerdo «en menos de diez días», porque lo que los controladores quieren es «acabar cuanto antes» con esta situación, de ahí que hayan firmado esas cartas de compromiso.
No obstante, el jueves el Congreso de los Diputados aprobó la propuesta del Gobierno de prorrogar el Estado de Alarma decretado el pasado 4 de diciembre, por el cierre del espacio aéreo, hasta el 15 de enero, y que supone la militarización del servicio de centros de control y de las torres.