domingo, noviembre 24, 2024
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Crece el número de hosteleros que demandará al Gobierno por su cambiante política con el tabaco

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La controvertida Ley 42/2010 que prohíbe directamente a bares y restaurantes fumar no va a quedar sin contestación. Se sabía que los grandes grupos de restauración caminaban de la mano del despacho Cremades & Calvo Sotelo para demandar al Estado por las reformas que tuvieron que hacer para adaptarse a la normativa de 2005, que obligaba a una separación física por zonas para fumadores y no fumadores. Seis eran estas firmas, entre ellas Hotusa o el Grupo Arturo. Pero hay más. Según confirman en el propio despacho, el proceso sigue abierto y se están adhiriendo muchos más afectados, incluso simples propietarios de bar. Un asunto que promete convertirse en un auténtico quebradero de cabeza para el Ejecutivo.

El socio del despacho, Miguel Ángel Serrano, insiste en señalar que no están liderando un movimiento como la insumisión del hostelero de Marbella, sino que están intentando resarcir a unos operadores del sector de la hostelería “a los que les han cambiado las leyes de juego a medio partido”, es decir, que habilitaron obras “reales y costosas, con muros de separación, extractores…” y a los que se les ha perjudicado claramente al cambiar el marco legal poco tiempo después, ya que la nueva ley directamente prohibía que se fumara, aunque hubiera zonas de separación. Por ello, lideran una reclamación de responsabilidad patrimonial “que ha levantado mucho interés y a la que se está adhiriendo mucha gente”. Este flujo está lejos de haber concluido.

La reclamación tiene una primera vía administrativa, en la que cada afectado solicita daños y perjuicios y en la que el Consejo de Ministros tiene seis meses de plazo para ofrecer una Resolución Previa. Si no, el proceso legal continuará y promete ser más que complejo, ya que serán cientos o miles de afectados, cada cual con su casuística concreta. Y están los juzgados como para más aluviones de pleitos…

Reordenación del sector

El caso es que este proceso lo que puede traer es una reordenación del sector de bares y restaurantes en España, como está ocurriendo con las cajas de ahorro. Nuestro país tiene un bar por cada 129 habitantes, aunque algunos no son vistos con muy buenos ojos por parte de los políticos. Muchos han sido el refugio laboral de desheredados de la reconversión industrial, (“o el bar o el taxi”, era una frase típica de un despedido todavía joven, a la hora de hablar de su futuro con la indemnización recibida) y, desde luego, no son un ejemplo de lo que debería ser una hostelería de un país en el siglo XXI. ¿Cuántos han quedado obsoletos y probablemente no sobrevivirán a esta ley? Era el empujoncito a la tumba que les quedaba.

Los gobernantes tienen una visión más ambiciosa, sobre todo los políticos locales. Sin ir más lejos, se puede echar una ojeada a la madrileña calle Serrano, de la que dicen que el alcalde Gallardón quería convertir en, desde tiempos inmemoriales, ‘la calle de las joyerías’. Eso ya es un hecho. Ahora es un paseo obligado para el turista internacional. Eso sí, la avenida ha sufrido la purga de las obras continuas, obligando a cerrar a muchos comercios, algunos con larga historia.

La calle reluce de comercios chic y cosmopolitas. Solo que ese embellecimiento sofisticado está causando que en todas las grandes capitales mundiales se encuentren las mismas cosas a los mismos precios.

¿Ocurrirá eso con los bares? ¿Se reducirá en gran número el bar tradicional de toda la vida y ganarán peso los grandes grupos, con capacidad de aguante y de negociación con el Gobierno?

No es descartable.


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