El 23 de febrero de 1983, el Consejo de Ministros del Gobierno del casi recién estrenado Gobierno socialista de Felipe González decretaba la expropiación forzosa del grupo Rumasa al amparo de las previsiones contenidas en los artículos 33.3 y 128.2 de la Constitución española. La intervención del grupo presidido por el empresario jerezano José María Ruiz-Mateos se hizo por diferentes motivos. La reiterada falta de auditorías externas a los bancos del grupo como de sus sociedades más importantes desde el año 1978, la permanente obstrucción a la actividad inspectora del Banco de España, los desproporcionados riesgos asumidos por los bancos que financiaban internamente al grupo con respecto de la solvencia del grupo y la desatención a las múltiples advertencias de las autoridades monetarias a Rumasa, recomendando una política más prudente de inversiones y una desconcentración de riesgos son algunas de las razones que llevaron a este importante grupo empresarial al colapso.
Para el Gobierno socialista, éstas fueron razones más que suficientes para que el Estado asumiera la gestión de ese complejo entramado empresarial en lugar de optar por otras posibilidades como la intervención limitada. El mismo ministro de Economía responsable de la expropiación, Miguel Boyer, denunció pocos días después de que Rumasa estuviera en manos del Ejecutivo cuantiosos fraudes a la Seguridad Social del grupo Rumasa y pérdidas en 17 de sus 18 bancos, así como cuotas tributarias no ingresadas por las empresas del grupo. Es más, según fuentes financieras, en el momento de la expropiación Rumasa tenía unas deudas a terceros de 1,08 billones y el valor contable de los activos del grupo sólo alcanzaba los 821.737 millones. Es decri, el grupo estaba en situación de quiebra técnica.
Muchos años después, en 1997, Boyer llegó a afirmar que «la expropiación de Rumasa no fue una medida sancionadora o punitiva contra Ruiz-Mateos por unos presuntos delitos que hubieran correspondido a los tribunales depurar. Fue una medida de política económica, con la que se quiso evitar la crisis total de un grupo en quiebra, que, en las difíciles circunstancias de 1983, nos pareció que podría tener unas consecuencias muy graves». Para José María Ruiz-Mateos y su numerosa familia, sin embargo, lo que ocurrió fue simple y llanamente un expolio, además recalcaron durante años que el germen de esta operación estuvo en el mundo de la banca, que miraba con recelo el crecimiento del entramado financiero de Rumasa y sus continuas operaciones de inversión en favor de los propios intereses del holding.
Tal y como recuerda este viernes El País, aquella mañana del 23 de febrero, Boyer y los ministros de Industria y Agricultura, Carlos Solchaga y Carlos Romero, explicaron con detalle la expropiación: Rumasa se había convertido en un enorme conglomerado empresarial en el que existía una doble contabilidad (caja B). El agujero patrimonial era de más de 111.000 millones de pesetas, arrastraba una deuda tributaria y fiscal de unos 20.000 millones y sus bancos tenían una peligrosa concentración de riesgos. Asimismo, arrojaba unas pérdidas de 9.000 millones frente a los 5.000 que decía de beneficios. Nefastos datos que aceleraron la expropiación y la adjudicación por parte del Estado del holding que tuvo que hacerse cargo de un patrimonio gigantesco que en un primer momento pensó en nacionalizar, pero que finalmente fue sometido a un proceso de reprivatización.
Redacción