El presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, ha propuesto este martes aumentar por encima de los 500.000 millones de euros la dotación del fondo de rescate para países endeudados con el objetivo de garantizar que tenga recursos suficientes en caso de que Italia y España necesiten ayuda y frenar así el contagio de la crisis.
Este aumento se lograría combinando la potencia del actual fondo temporal y la del mecanismo de rescate permanente, cuya entrada en vigor se adelantará de 2013 a 2012, y revisando la cláusula que limita a 500.000 millones de euros el tope de recursos disponibles.
La idea figura en el documento de propuestas elaborado por Van Rompuy para combatir la crisis de deuda de cara a la cumbre del 8 y 9 de diciembre, que ya se ha remitido a todas las capitales y al que ha tenido acceso Europa Press.
El presidente del Consejo Europeo pide un nuevo «pacto fiscal» para restaurar la confianza de los mercados en la eurozona, usando el mismo lenguaje que el presidente del Banco Central Europeo (BCE), Mario Draghi. Draghi sugirió la semana pasada que si los líderes europeos aprueban este pacto, el BCE aumentará su compra de bonos de países con problemas como España o Italia.
En el catálogo de respuestas inmediatas a la crisis, Van Rompuy propone que el fondo permanente pueda recapitalizar bancos de forma directa y no a través de ayudas a los países; y que la decisión de activarlo se tome por mayoría cualificada y no por unanimidad como estaba previsto.
Además, se otorgará al mecanismo permanente licencia para convertirse en una institución de crédito, lo que le permitiría acceder a financiación del BCE como cualquier otra entidad y multiplicar así su potencia de actuación mediante el apalancamiento. Esta idea había sido defendida por Francia pero Alemania la rechazaba. Ahora se recupera tras el fracaso para apalancar el fondo actual hasta 1 billón de euros.
Van Rompuy quiere también que los líderes europeos dejen claro que el caso de Grecia -a cuya deuda se ha aplicado una quita del 50%- es «único» y «excepcional» y que en el futuro no se pedirá a la banca que asuma pérdidas sobre los bonos de los países de la eurozona o sólo se hará siguiendo los criterios del Fondo Monetario Internacional (FMI). Este compromiso, anunciado ya por el presidente francés, Nicolas Sarkozy, y la canciller alemana, Angela Merkel, se considera «clave para restaurar la confianza de los mercados».
El presidente del Consejo Europeo reclama de nuevo aumentar los recursos del Fondo Monetario Internacional (FMI) mediante préstamos bilaterales para que pueda colaborar en la resolución de la crisis de deuda.
Disciplina fiscal y Eurbonos
Para lograr el «pacto fiscal» que reclama el BCE, Van Rompuy propone dos alternativas. La primera se basa en la reforma de un protocolo del Tratado y podría aprobarse rápidamente por unanimidad de los líderes europeos, sin necesitar ratificación en todos los Estados miembros.
En esta reforma acelerada se incluiría la obligación de los Estados miembros de alcanzar el déficit cero en un plazo que tendría que definir la Comisión (Francia ha propuesto que sea en 2016); y de introducir en sus Constituciones una ‘regla de oro’ que consagre el equilibrio presupuestario, como ha hecho España. Al Tribunal de Justicia de Luxemburgo se le darían nuevas competencias para controlar que las ‘reglas de oro’ nacionales se ajusten a lo que exige la UE.
La segunda alternativa que plantea el presidente del Consejo Europeo es una reforma en profundidad de los Tratados, que sí exigiría ratificación y tardaría varios años en completarse. Con esta reforma se podrían introducir sanciones automáticas a los países endeudados, como exigen Merkel y Sarkozy, y dar nuevos poderes a la UE para pedir cambios en los presupuestos nacionales de los países con problemas.
Como contrapartida a esta mayor disciplina fiscal, Van Rompuy abre la puerta a una emisión conjunta de la deuda por parte de los países de la eurozona «a largo plazo», en varias fases y cumpliendo determinados criterios, algo que rechazan Berlín y París. También propone que la eurozona avance hacia una mayor convergencia en materia de mercado laboral, pensiones e impuestos mediante una «cooperación reforzada».