Todo parece indicar que el Ministerio de Hacienda elevará al Consejo de Ministros este viernes un primer informe con las líneas generales de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, con la que el Gobierno pretende controlar el gasto en todos los niveles de la administración. Así también, está previsto que este viernes el Ejecutivo analice el estado de las negociaciones con los agentes sociales sobre la reforma laboral, puesto que el plazo para que sindicatos y patronal lleguen a un acuerdo expira este domingo.
La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, será la encargada de informar al resto de miembros del Consejo sobre las novedades al respecto. No obstante, las posturas de los agentes parecen estar cada vez más alejadas, hasta el punto de que los empresarios ya dan el acuerdo por perdido y han pedido al Gobierno que legisle cuanto antes, tal y como adelantó este jueves el presidente de la CEOE, Juan Rosell.
Ley de Estabilidad Presupuestaria
Este viernes, el Ejecutivo también estudirá acordar la revisión de los techos de gastos de las Comunidades, así como el nivel de endeudamiento y el déficit autonómico que tienen previsto que no supere el 1,3%. Además, tal y como explicó este miércoles el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, a sus Comunidades Autónomas, también se abordarán fórmulas para penalizar a quienes no cumplan con los objetivos propuestos, en línea con lo que aplica la Unión Europea con los Estados miembros.
Esta Ley de Estabilidad Presupuestaria se presentará el próximo martes al resto de Comunidades, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Y según avanzó el ministro de Hacienda, el Gobierno pretende incluir en ella la desaparición de cientos de empresas y organismos dependientes de las CCAA. Un asunto, que el viernes pasado ya adelantó la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior al tercer Consejo de la era Rajoy.
Según los últimos datos de la intervención general del Estado, se desprende que actualmente hay más de 4.000 entidades, empresas, fundaciones y consorcios que dependen de todas las administraciones públicas, lo que obliga a llevar a cabo una acción «compartida que redunde en un mejor control del déficit público». Esta acción compartida sólo contará con tres posibilidades, tal y como detalló Sáenz de Santamaría: «fusion, traspaso o su posible enajenación».
Montoro matiza las palabras de De Guindos
Las Comunidades Autónomas son culpables del 75% de la desviación del déficit público con el que el PP se ha encontrado a su llegada al poder. Así lo reconoció Mariano Rajoy en la entrevista que concedió a la agencia EFE esta semana. «Se habían gastado 20.000 millones de euros más. De ellos, 15.000 millones son de las Comunidades Autónomas», afirmó el presidente.
Con esta información contaba el ministro de Economía, Luis de Guindos, cuando dijo en una entrevista con el Financial Times que el Gobierno estaba dispuesto a ejercer un control previo de los presupuestos de las autonomías. Unas palabras que no gustaron nada a las CCAA y que el ministro de Hacienda intentó suavizar este miércoles, reafirmando el pleno respeto del Partido Popular a la autonomía económica, política y financiera de éstas.
Por el momento, a favor de este inicitiva se han posicionado las Comunidades gobernadas por el PP. Todas ratificaron este miércoles su compromiso con la reducción del déficit público y el equilibrio presupuestario. Incluso hubo consejeros que respaldaron abiertamente la posibilidad de sancionar a las comunidades que no respeten el déficit. «Sabemos que si no cumplimos los compromisos habrá consecuencias para la comunidad; es un refuerzo de la estabilidad y en estos momentos, como la crisis es tan profunda, es lo que toca y tendremos que asumirlo», recalcó la consejera de Hacienda de Castilla y León, Pilar del Olmo.
Otras Comunidades, por el contrario, han rechazado abiertamente esta nueva Ley. Principalmente Cataluña y País Vasco, que están en contra de que se establezcan instrumentos de control sobre los presupuestos autonómicos antes de que éstos se aprueben. Cataluña los ha calificado de «intolerables». Mientras que el Ejecutivo del socialista Patxi López ha considerado la iniciativa «un ataque» al autogobierno y ha advertido de que no va a aceptar «una tutela de este tipo» sobre sus cuentas.