La agencia de calificación crediticia Moody’s considera que el anuncio por parte del Gobierno español de una batería de medidas dirigidas a aliviar los problemas de liquidez por los que atraviesan algunas comunidades autónomas resulta positivo para el perfil de crédito, aunque señala que aún falta por conocer los detalles específicos de dichas medidas.
«Solamente se conocen las líneas maestras de las medidas propuestas y valoraremos el efecto finaciero general cuando se conozcan los detalles específicos», apunta la calificadora de riesgos, que, no obstante, destaca que estas medidas «reflejan el compromiso del Gobierno central para devolver las finanzas regionales a una senda más sostenible».
Entre las medidas anunciadas, la agencia señala que, sin tener en cuenta las líneas del Instituto de Crédito Oficial (ICO), el Gobierno central proporcionará un respaldo de de 6.400 millones de euros en la primera mitad del año, cuando el servicio de las obligaciones de la deuda de las diez regiones calificadas por Moody’s asciende a unos 9.000 millones de euros.
Asimismo, la calificadora advierte de que, a pesar de que estas medidas aliviarán la presión sobre la liquidez de las regiones, el Banco de España calcula que las CC.AA. cuentan con obligaciones por importe acumulado de 29.400 millones a finales del segundo trimestre, lo que sugiere la necesidad de una «significativa financiación por parte del ICO», así como de una consolidación fiscal «sin precedentes» a nivel regional.
Por otro lado, Moody’s apunta que el ministro de Finanzas ha propuesto la implementación gradual de sanciones para aquellas regiones que incumplan los objetivos de déficit, incluyendo la retención de transferencias estatales o la imposición de planes de reestructuración.
«Aún no está claro si estas sanciones se aplicarían de manera automática», señala la agencia, que recuerda que, además, una ley orgánica impondrá un límite de déficit estructural para las administraciones regionales.
«Aunque establecer objetivos estructurales de déficit sea indispensable para recuperar la confianza de los inversores, en los próximos meses las regiones necesitan aplicar reducciones del gasto ante las expectativas de menores ingresos fiscales en 2012 en relación con sus previsiones presupuestarias iniciales».