martes, noviembre 26, 2024
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Los 27 aprobarán el Tratado de disciplina fiscal y discutirán cómo impulsar el crecimiento

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Los jefes de Estado y de Gobierno de la UE aprobarán este lunes el nuevo Tratado para reforzar la disciplina fiscal en la eurozona, una iniciativa abanderada por Alemania y el Banco Central Europeo (BCE) cuyo objetivo es tratar de recuperar la confianza de los mercados y frenar la crisis de deuda, y de la que se ha excluido Reino Unido.

Los Veintisiete discutirán además cómo complementar esta política de austeridad con medidas que sirvan para impulsar el crecimiento y reducir el paro. Pero no se espera que se aprueben medidas concretas en este sentido, más allá de lanzar un nuevo llamamiento a reformas laborales o redirigir a la lucha contra el desempleo juvenil los fondos europeos que todavía no se han gastado, que en el caso de España ascienden a 10.700 millones de euros, según los datos de Bruselas.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se estrenará en el Consejo Europeo reclamando precisamente este mejor uso de los fondos europeos, la generalización del modelo austriaco de capitalización de la indemnización por despido y restricciones armonizadas en toda la UE a las retribuciones de los dirigentes de bancos rescatados.

En la agenda de la reunión no está previsto abordar una revisión de los objetivos de reducción del déficit para España a fin de ajustarlos al nuevo escenario económico de recesión, aunque el tema podría examinarse si Rajoy, o el primer ministro italiano, Mario Monti, lo plantean, según fuentes europeas. El Gobierno ha reiterado estos últimos días que «por el momento» tiene previsto cumplir el objetivo de bajar el déficit del 8% al 4,4%, aunque ha dicho que espera que Bruselas le dé más tiempo, algo que el comisario de Asuntos Económicos, Olli Rehn, rechaza.

La primera cumbre de líderes europeos de 2012 llega en un momento de menor tensión en los mercados. La inyección masiva de liquidez a tres años a la banca por parte del BCE ha logrado relajar la prima de riesgo de Italia y España en las últimas semanas, y ello pese a las rebajas de nota por parte de las agencias de ‘rating’. Pese a ello, la Comisión espera una «recesión moderada» en la UE durante el primer semestre del año.

Crisis sin resolver en Grecia

El principal riesgo sigue siendo la situación en Grecia, que aunque oficialmente no está en la agenda de la cumbre, centrará probablemente buena parte de los debates. Atenas está a punto de cerrar un acuerdo con la banca según el cual ésta le condonará el 50% de la deuda, alrededor de 100.000 millones de euros. Este pacto iba a ser la base de un segundo rescate de la UE y el Fondo Monetario Internacional (FMI) por valor de 130.000 millones de euros, según se acordó en octubre.

Sin embargo, el empeoramiento de la economía helena obligará a aumentar esta ayuda en al menos 15.000 millones extra, según los cálculos de los inspectores de la UE y el FMI. A cambio, Alemania pretende asumir el control de las cuentas griegas para asegurarse de que se aplicarán todos los recortes y reformas exigidos a cambio del rescate, una idea que ha sido mal acogida en Bruselas y en Atenas.

Berlín mantiene además su rechazo a aumentar el capital del fondo de rescate de la UE, dotado con 500.000 millones de euros, pese a que el FMI ha avisado de que sin un refuerzo de este mecanismo España e Italia podrían acabar teniendo problemas de solvencia. Los líderes europeos firmarán este lunes el Tratado que crea el fondo de rescate con el fin de que empiece a funcionar en julio. Pero no se prevé negociar sobre su capitalización hasta marzo. Los países periféricos esperan que Alemania acabe aceptando incrementar su importe cuando se firme el Tratado de disciplina fiscal.

El Tratado prevé sanciones automáticas para los países que superen el 3% de déficit excesivo y obliga a los Estados de la eurozona a incorporar a sus legislaciones nacionales, preferiblemente a nivel constitucional, una ‘regla de oro’ que limite el déficit al 0,5% del PIB, como ya ha hecho España. El Tribunal de Justicia de la UE verificará si la transposición es correcta y podrá imponer multas de hasta el 0,1% del PIB a los socios que no apliquen bien la ‘regla de oro’. Los países que no ratifiquen el Tratado no tendrán acceso a ayudas del fondo de rescate.

Los países de la UE, con la exclusión de Reino Unido, ya han acordado la mayor parte del texto del Tratado. El principal escollo pendiente consiste en determinar quién participará en las cumbres del Eurogrupo, que por primera vez se institucionalizan. Polonia exige estar invitada siempre puesto que está obligada a adoptar el euro en el futuro, pero otros como Francia quieren limitar la presencia de Estados miembros que no han adoptado el euro. También queda por determinar cuántas ratificaciones son necesarias para que el Tratado de disciplina fiscal entre en vigor. En el último borrador se habla de 13.

Plan para el empleo

«Se han adoptado decisiones para garantizar la sostenibilidad y consolidación fiscales. Esto es una condición necesaria para volver a un mayor crecimiento estructural y al empleo. Pero no es suficiente en sí mismo: tenemos que modernizar nuestras economías y reforzar nuestra competitividad para garantizar un crecimiento sostenible», señala el borrador de conclusiones de la cumbre.

Los líderes europeos reclamarán también «reformar los mercados laborales y abordar el coste del trabajo en relación a la productividad» y «recortar los costes laborales no salariales, como el coste fiscal». Cada país deberá elaborar en los próximos meses un plan con medidas específicas para reducir el paro, especialmente el juvenil. El objetivo debe ser garantizar que todos los jóvenes tengan acceso cuatro meses después de dejar el sistema educativo a una buena oferta de empleo o de formación.

Las conclusiones de la cumbre también reclaman dar más pasos para completar el mercado interior de la UE, mediante «una mayor coordinación pragmática de las políticas impositivas y la prevención de prácticas fiscales dañinas». Asimismo, los líderes europeos reclamarán medidas para mejorar el acceso a financiación por parte de las pequeñas y medianas empresas, con instrumentos como los bonos para financiar proyectos de infraestructuras o los préstamos del Banco Europeo de Inversiones.

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