Después del Real Decreto de medidas urgentes (recortes económicos y subida de impuestos) aprobado el pasado 30 de diciembre, la reforma laboral era una de las medidas de Rajoy que más expectación había levantado. Por suerte, este viernes, el Ejecutivo al completo -a excepción del ministro de Educación, José Ignacio Wert- ponía fin a una de las mayores incógnicas de esta X Legislatura: ¿Cómo piensa el nuevo Gobierno acabar con la «lacra» del paro en nuestro país? Tanto la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, como la ministra de Empleo, Fátima Báñez, han reconocido en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que aunque son conscientes de que esta medida «no es suficiente», sí creen que es «necesaria en ese conjunto de reformas que nuestro país precisa para ganar competitividad».
Es la tercera gran reforma estructural que realiza el Gobierno de Rajoy desde que llegara al poder hace exactamente 50 días. «Una reforma laboral importante, de calado y completa», así la ha presentado Sáenz de Santamaría, después de «atreverse» a augurar que marcará un antes y un después en la legislación de nuestro país. Por lo pronto, lo que sí sabemos, es que confirma las palabras del ministro de Economía, Luis De Guindos, al vicepresidente de la Comisión y responsable de Asuntos Económicos, Olli Rehn: más flexibilidad en la negociación colectiva y despidos más baratos.
Según la vicepresidenta, los objetivos del Gobierno con este nuevo Decreto Ley, que entrará en vigor este sábado tras su publicación en el BOE, son: falicitar la contratación, buscar estabilidad, flexibilizar el marco de la empresa para que el despido sea el último recurso, vincular la formación profesional a la empresa, acabar con la economía sumergida y apoyar a los autónomos y a las pymes. Aunque, ¿cuáles son los instrumentos? Por el momento, y tal y como ha informado la ministra Báñez, se generaliza el contrato con indemnización por despido de 33 días y un máximo de 24 mensualidades, se flexibilizan las causas para que los empresarios puedan acogerse a la vía del despido procedente, que se limita a 20 días por año trabajado, y se pone en marcha un nuevo contrato indefinido para las pymes que combina el cobro del paro con el de un salario, así como también reinstaura la prohibición que suspendió el anterior Gabinete de unir contratos temporales más allá de los 24 meses.
Según la titular de Empleo, con esta nueva reforma, el Gobierno pretende atacar de raíz dos importantes problemas. En primer lugar, acabar con la dualidad que existe entre los contratos temporales y los indefinidos, puesto que piensa que son estos últimos sobre los que siempre recáen las peores consecuencias de una crisis como la que estamos atravesando. Y en segundo lugar, poner fin a la rigidez de la que adolece nuestro mercado laboral, de tal manera que se permita a las empresas, que los ajustes a los que se vean obligados en épocas de deterioro económico no se traduzcan, como hasta ahora, en recortes de plantilla.
Despido más barato
Era una de las mayores reivindicaciones de la patronal, y el Gobierno así ha respondido: el contrato indefinido ordinario con una indemnización de 45 días por año trabajado y un máximo de 42 mensualidades desaparece. La indemnización será de 33 días por año trabajado y un máximo de 24 meses a partir de ahora para todos los contratos, aunque las compensaciones acumuladas no se anulan de forma retroactiva para los que tengan ahora contratos indefinidos. No obstante, mucha atención, a partir de ahora, la indemnización que se va acumulando para los que tengan contratos en vigor será de 33 días por año trabajado.
Esto en cuanto a un despido improcedente. En lo que a un despido procedente respecta, y aquí entratarán los de aquellas empresas que justifiquen pérdidas económicas, el panorama será más desolador: 20 días por año trabajado y con un máximo de 12 mensualidades. Tal y como ha explicado la titular de Empleo, bastará con que las empresas tengan «pérdidas actuales o previstas» o una «disminución de ventas durante tres trimestres consecutivos» para poder plantear un Expediente de Regulación de Empleo (ERE). EREs, para los que por cierto, ya no hará falta una autorización administrativa previa. No obstante, Báñez se ha apresurado a aclarar que los procesos de despidos procedentes «por supuesto» tendrán control judicial.
Paro juvenil y bonificaciones a las Seguridad Social
Ya lo dijo Rajoy en su última intervención en el Congreso de los Diputados: «Acabar con el paro juvenil es uno de los principales objetivos de este Gobierno». Y así lo han confirmado Sáenz de Santamaría y Fátima Báñez este viernes. El 48% de los jóvenes está desempleado, y por ello, el Ejecutivo ha creado un nuevo contrato indefinido para emprendedores. En él, se establece una rebaja en los costes laborales de 3.000 euros para las pymes con menos de 50 trabajadores al contratar al primer empleado menor de 30 años que esté en paro. Ese trabajador seguirá cobrando el 25% del paro al que tenía derecho mientras, el empleador, podrá dejar de pagar el 50% de lo que le correspondía de la prestación a la que tenía derecho el empleado durante un máximo de un año. Asimismo, queda prohibido unir contratos temporales más allá de los 24 meses.
En esta misma línea, el Ejecutivo modifica las bonificaciones en la cuota de la Seguridad Social. Es decir, las empresas podrán ahorrarse hasta 3.600 euros a la hora de contratar de forma indefinida a jóvenes hasta los 30 años durante tres años. Y hasta 4.500 euros cuando se trata de parados de larga duración.
En lo que a la formación respecta, el Gobierno también ha querido insistir en su necesidad e importancia. De hecho, éste ha sido el único derecho que la ministra ha enumerado cuando se ha referido a que los derechos del trabajador aumentarán con esta nueva reforma. Según ha detallado Báñez, a partir de ahora, las empresas tendrá la obligación de facilitar y pagar a sus trabajadores 20 horas de formación anuales. En este mismo sentido, el Ejecutivo también se ha propuesto potenciar la Formación Profesional. En lo que respecta a los contratos para la formación, el nuevo texto establace que la edad máxima para optar a un contrato de aprendizaje se eleva a los 30 años, hasta que la tasa de paro baje del 15% y no tendrá que limitarse a un único sector. Asimismo, se regulará que las empresas de trabajo temporal puedan funcionar como agencias de colocación.
Convenios colectivos y diálogo con los agentes sociales
Otro de los controvertidos asuntos de esta reforma es la desaparición de los convenios colectivos. Ésto es a lo que la ministra Báñez se ha referido como mayor flexibilidad interna de las empresas. En este sentido, la reforma da prioridad a los convenios de empresa, de forma que, independientemente de lo que se pacte a nivel superior, se podrá consensuar un convenio de empresa que se adapte a sus necesidades y particularidades. ¿Pero qué ocurre en el supuesto de que no exista acuerdo? En este caso, las partes irán a la solución extrajudicial de conflictos y, en su caso, al arbitraje. De no ser así, se recurrirá a la Comisión Consultiva de Convenios Colectivos nacional o a sus equivalentes autonómicos, que nombrará un árbitro que resolverá en un máximo de 25 días.
El siguiente paso de esta «tercera gran reforma estructural», una vez sea publicada en el BOE, será presentarla ante los agentes sociales. Un encuentro que está previsto para este mismo lunes, según ha confirmado la ministra de Empleo. Por su parte, los sindicatos ya han convocado para este sábado una rueda de prensa conjunta para valorarla.
La ministra ha asegurado que uno de los principios del Gobierno ha sido mantener «permanentemente» abierto el diálogo social porque es «fundamental» en democracia y tiene un «importante valor económico». Una apreciación que los sindicatos no comparten, llegando incluso a admitir este jueves a Europa Press, que ésta es la primera vez que el Ejecutivo decide actuar unilateralmente y no consultarles.
Elsa Sardina Vejo