Crónica de un recurso anunciado. Poco después de conocer el contenido de la reforma laboral, desde la sede del PSOE en la calle Ferraz ya se barruntaba el recurso ante el Tribunal Constitucional. Este viernes, el secretario general, Alfredo Pérez Rubalcaba, presidía la reunión con el grupo de trabajo encargado de redactar las enmiendas a la norma y, hora y media después, la portavoz parlamentaria, Soraya Rodríguez, confirmaba la noticia: El PSOE presentará un recurso ante el Tribunal Constitucional si el Gobierno de Mariano Rajoy no corrige «algunos aspectos» de la reforma laboral.
El principal partido de la oposición considera que la norma contiene disposiciones que son una «vulneración clara de derechos reconocidos en la Constitución». Es el caso del artículo 35 de la Carta Magna, en el que se reconoce el derecho al trabajo y que el despido ha de responder a una causa justa prevista de antemano , el artículo 37.1, en el que se lee que las condiciones de trabajo están encomendadas a la negociación colectiva, el número 14, en el que la Constitución defiende el principio de igualdad para todos los trabajadores, el 9.2, que obliga a los poderes públicos a promover esa igualdad, y el 24, que plasma el principio de tutela judicial efectiva a todos los ciudadanos.
El PSOE considera que, la vulneración «más clara» del texto constituc¡onal es el nuevo contrato para las empresas de menos de 50 trabajadores con un período de prueba de un año. Según Rodríguez es, «inconstitucional porque es, en realidad», la posibilidad que el empresario tiene para despedir a los 365 días «sin causa justa y esto en la Constitución, no cabe», defiende la portavoz, tal y como dispone la Carta Magna en el artículo 35.
«Esta reforma laboral convierte al trabajador en sujeto de un despido libre sin alegar causa justa», ha añadido, y «entendemos» que la Constitución española no contempla este supuesto.
«Otra causa clara» de la vulneración que argumentan los socialistas es la modificación «unilateral», por parte del empresario, de las condiciones laborales, incluido el sueldo. Un caso práctico: si el dueño de una empresa de 100 trabajadores reúne a 10 de ellos y, con siete días de antelación, les comunica que va a bajarles el salario, «el trabajador o lo acepta o va a la calle». Si esa medida afecta a más de 10, ha de abrir un período de consulta. «Esto no se sostiene», replica Soraya Rodríguez, «o la modificación se pacta entre el empresario y un trabajador, o se hace en base al convenio colectivo».
«Se denominan causas objetivas y, en realidad, son abstractas y generalistas», ha apostillado.
Por último, critican que la reforma es contraria a que los conflictos entre empresario y trabajadores que no se resuelvan por falta de acuerdo se lleven a un sistema de arbitraje.
«Estaremos a las puertas del Constitucional»
Por eso, tras consultar con «varios reputados juristas» y nombres como el exministro de Justicia, Francisco Caamaño, el de trabajo, Valeriano Gómez y José Enrique Serrano, «entre otros», el PSOE cree que la reforma laboral, tal y como está ahora mismo, lesiona «claramente» la Constitución. De ahí que, si el Gobierno «no modifica estos aspectos», estaremos «a las puertas del Constitucional», aunque no ha aclarado si el recurso será conjunto con Izquierda Unida, otro de los grupos que se opone a la reforma. No obstante, Rodríguez ha dado a entender que recurso lo presentará sólo el PSOE. Además, el día 8 de marzo, -fecha en la que tendrá lugar en el Congreso el debate de convalidación del decreto-ley, los diputados del grupo socialista votarán en contra.
Este recurso no paraliza la entrada en vigor de la reforma laboral una vez sea aprobada en el Congreso. Algo que ocurrirá con toda probabilidad ya que el Partido Popular tiene mayoría absoluta en la Cámara Baja. De todos modos, el PSOE calfica de «lamentable» que el Gobierno no se haya reunido con los grupos parlamentarios, tal y como «dijo Rajoy», ha señalado Rodríguez. por lo tanto, «no sabemos lo que aprobarán».
Cristina Rodríguez