La consejera de Hacienda y Administraciones Públicas de la Junta de Andalucía, Carmen Martínez Aguayo, ha defendido el voto en contra de Andalucía a la reducción del déficit desde el 2,9 por ciento registrado al cierre de 2011 al 1,5 por ciento que les ha marcado el Gobierno porque es «inadecuado e insensible» con las comunidades autónomas, las que prestan los servicios básicos.
En declaraciones al término del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), en el que se ha aprobado esa reducción, con el único voto en contra de la Junta de Andalucía, la consejera ha subrayado, como ya hiciera a la entrada de la reunión, que «no es razonable» que si las comunidades son las responsables del 60) de los gastos estructurales, como Sanidad, Educación o Dependencia, únicamente vengan a participar en un 40 por ciento del objetivo de déficit.
Aguayo ha lamentado que el Gobierno no haya mostrado «ninguna flexibilidad» a la hora de plantear un reparto del objetivo de déficit entre los diferentes agentes distinto y ha señalado que, pese a que se le ha planteado una «manera de poder hacerlo» para que él Estado «también pudiera cumplir con su expectativa dentro de este objetivo, pudiera cumplir con el desempleo». Sin embargo, «hemos obtenido un ‘no’ por respuesta», ha subrayado.
Tentación de buscar ingresos
Para la consejera andaluza ese reparto desigual y, por ello, que se «someta a las comunidades a un plus de exigencia», solo tiene «una justificación», es decir, «poner en crisis la prestación del modelo de bienestar». «Se quiere hacer negocio con lo que son derechos y prestaciones básicas», ha añadido.
Preguntada por si esta situación abre la puerta al copago en esos servicios básicos, ha señalado que no se ha hablado de ese asunto en el seno del Consejo pero considera que «pone a las comunidades en dificultades enormes para prestar los servicios que tienen que prestar». En esa misma línea, ha advertido que ante esta situación, «muchas comunidades van a tener la tentación de buscar ingresos en vías como esas, con las que nosotros estamos totalmente en desacuerdo».
Por último, la responsable andaluza de Hacienda ha trasladado que casi todas las comunidades han pedido al gobierno «cambios normativos» porque la normativa sobre la que se sustenta la prestación de esos servicios es «normativa básica y el margen que tienen las comunidades para poder modificar es bastante estrecho si no se modifica esa normativa básica».