El Pleno del Congreso de los Diputados se pronunciará este martes sobre la propuesta socialista de crear una oficina especializada en el fraude fiscal, así como de introducir otras modificaciones en esta normativa para intentar luchar de forma más eficiente contra la evasión, incluyendo el retraso de la prescripción del delito.
La proposición no de ley (PNL) que se someterá a debate y reclama la creación de una Oficina de Lucha Contra el Fraude «de carácter especializado» desde donde se «combata con total contundencia y máxima eficacia el fraude fiscal» y se «prevenga y reprima el blanqueo de capitales».
Además, el PSOE sugiere mejorar los instrumentos legales de intercambio de información entre dicha oficina y los órganos supervisores financieros –Banco de España, CNMV y Dirección General de Seguros–, así como con el resto de instituciones que deben colaborar con la lucha contra el fraude.
Ampliar a diez años
También solicita otras medidas legislativas como aumentar el plazo de prescripción penal hasta los diez años para delitos de fraude fiscal y que se revisen las penas para estos cargos.
Reformar los procedimientos judiciales abreviados y urgentes para este tipo de delitos, creando «un procedimiento abreviado especial en el que no se menoscabe el derecho a la defensa pero que permita acortar los dilatados plazos actuales» e implantando «un nuevo procedimiento abreviado para la adjudicación y subasta de los bienes incautados» es otras de las propuestas incluidas en el texto del PSOE.
Asimismo, se reclama «defender ante los organismos internacionales el aislamiento y la progresiva desaparición de los paraísos fiscales y la transparencia de los movimientos de capital entre países».
Para implicar a los ciudadanos en la lucha y condena de la evasión fiscal, el PSOE considera necesario desarrollar acciones de concienciación, además de «promover de manera progresiva la implantación del dinero electrónico para todas las transacciones que realizan los ciudadanos y las empresas».
«Para lograr este objetivo será necesario garantizar la generalización de las ‘tarjetas-monedero’ para toda la población en las próximas dos legislaturas, lo cual puede hacerse con una mejora de las actuales tarjetas bancarias de crédito y débito, así como también a través del DNI electrónico», recomiendan los socialistas.
Por último, su iniciativa incluye también la prohibición de los pagos en efectivo «en operaciones comerciales por encima de los 3.000 euros, lo que favorecería la lucha contra la economía sumergida y dificultaría el blanqueo de dinero negro». El Gobierno ya ha puesto en marcha una medida similar para operaciones entre empresas por encima de los mil euros.
Además de la iniciativa socialista, también IU ha anunciado que presentará una proposición con el mismo objetivo que incluirá medidas como obligar a las empresas radicadas en España a informar sobre las operaciones que sus filiales o sucursales realizan en paraísos fiscales, instar a la UE a que elimine el billete de 500 euros o limitar a 1.000 euros los pagos en efectivo.
Según el coordinador federal de la coalición rojiverde, Cayo Lara, estas medidas permitirían aflorar 26.000 millones de euros, «casi tanto como el recorte que tiene previsto el Gobierno hacer en el siguiente PGE para ajustar el déficit al 4 por ciento».