El presidente del Tribunal de Cuentas, Manuel Núñez, presentará este martes ante el Parlamento el programa de fiscalizaciones que piensa realizar el presente año, del que ha desaparecido un informe específico sobre la deuda de los partidos políticos debido a falta de colaboración del Banco de España.
Dentro de este Programa de Fiscalizaciones, aprobado por el Tribunal de Cuentas el pasado 26 de enero, se han incluido trabajos como el examen de la contabilidad el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). En la pasada legislatura, el presidente de este órgano ya defendió ante el Parlamento su intención de ir fiscalizando todos los órganos constitucionales.
De momento, en el Programa de Fiscalizaciones del Tribunal de Cuentas para 2012 sólo se incluye al órgano de gobierno de los jueces. La iniciativa se recibió «con absoluta normalidad y tranquilidad» por el Consejo del Poder Judicial pese a que éste ha recordado que tiene sus propios órganos de intervención y control de cuentas.
Examen de estabilidad presupuestaria
Además de las habituales fiscalizaciones que año tras año realiza a iniciativa de los parlamentos autonómicos y el nacional, el Tribunal de Cuentas también ha resuelto controlar de ‘motu proprio’ las contrataciones desarrolladas por las entidades locales con las inversiones realizadas por el Fondo Estatal de Inversión Local, esto es, las dos fases del conocido como ‘Plan E’.
Igualmente, ha vuelto a incluir entre sus actividades la fiscalización sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, un examen que no gustaba al Gobierno socialista por considerar suficientes los análisis de cada Cuenta General del Estado.
También será sometido a examen del Tribunal de Cuentas la gestión económico-financiera y de la aplicación de la Ley de Dependencia, de la participación de las Fuerzas Armadas Españolas en misiones internacionales en los ejercicios 2009 y 2010 o la actuaciones de control y supervisión realizadas en el asunto AFINSA y otras entidades de bienes tangibles por los Ministerio de Economía y Hacienda y de Sanidad y Consumo, entre otros.
Lo que no se podrá cumplir en 2012 es el encargo que en diciembre de 2005 la Comisión Mixta (Congreso-Senado) hizo al Tribunal de Cuentas para un estudio exhaustivo de las donaciones de particulares a los partidos, así como de sus créditos y las negociaciones de condonación con la banca, detallando la relación de entidades financieras que han perdonado deudas a los partidos y una lista de créditos vencidos y no pagados.
En su programa de 2011, el Tribunal de Cuentas incluyó la realización de un informe específico al respecto, pero en su agenda para este año informa de que no podrá llevarlo a cabo por la falta de colaboración del Banco de España, que no le ha proporcionado la información que había pedido sobre los créditos de las formaciones políticas.
Según recalca, parte de esos datos que reclamaban las Cortes ya está en los informes anuales de fiscalización de partido políticos, pero no ha podido avanzar más al no obtener información sobre los créditos de formaciones políticas existentes en la Central de Información de Riesgos del Banco de España.
«A fin de completar los resultados, se solicitó la colaboración del Banco de España en orden a facilitar información sobre los créditos de los partidos políticos, sin que dicha solicitud fuera atendida, lo que ha supuesto una limitación relevante que ha impedido aportar un valor añadido a los resultados ya incluidos en los informes aprobados», precisa.
Además, el organismo fiscalizador reseña que la actividad financiera de los partidos ha sufrido una nueva regulación con la Ley de 2007 sobre financiación de los partidos, lo que ha supuesto la modificación de algunos requisitos exigidos durante el periodo anterior.
Eso sí, el Tribunal de Cuentas ha garantizado que este año analizará los estados contables de los partidos y de las donaciones percibidas por sus fundaciones entre 2007 y 2011, así como los gastos electorales de las formaciones políticas en los comicios locales y generales del pasado año.