Los secretarios generales de UGT y CCOO, Cándido Méndez e Ignacio Fernández Toxo, respectivamente, han coincidido en señalar en Murcia que «se han planteado alternativas más que suficientes», de forma que la negociación que «no quiso hacer el Gobierno se puede llevar a cabo ahora».
En este sentido, Toxo ha acusado al Ejecutivo de la Nación de «abocar al país a una huelga», tras lo que ha advertido que el conflicto social «continuará abierto en tanto no se modifique sustancialmente esta reforma».
En su opinión, la huelga general «es el resultado de la sinrazón, del rechazo del Gobierno a abrir una mesa de negociación». Por ello, considera que «está en manos del Ejecutivo central evitar una escalada en el conflicto social en el tiempo en España».
«El mes de marzo es un mes útil para que, acompañando al proceso de debate en el Parlamento, se pueda configurar una mesa de negociación tripartita que dé cauce a alternativas que modifiquen sustancialmente el contenido de esta reforma», ha subrayado.
Sin embargo, ha dejado claro que de no ser así, el Gobierno «hará inevitable la huelga del día 29; un día que no es la estación término de nada, sino que el Gobierno ha abocado al país a una huelga».
Por su parte, el secretario general de UGT, Cándido Méndez, ha lamentado que el Gobierno diga una cosa al pueblo español «pero cuando manda la información o previsiones a la UE viene a manifestar que en el año 2012 se van a perder 630.000 puestos de trabajo, consecuencia de la recesión económica, de las medidas de ajuste y las reforma laboral; situación, ha matizado en Murcia, «que hay que corregir».
Según el secretario general de UGT, «hay que corregir en profundidad el contenido de esta reforma, que altera el modelo de convivencia laboral en nuestro país y nos adentra en un camino muy peligroso y negativo que no va a resolver el problema del paro, sino que lo va a agravar en el corto plazo».
A largo plazo, ha señalado, «precarizará aún más el mercado laboral en nuestro país, deteriorará los salarios, los derechos laborales y afectará de manera negativa a la productividad de las empresas españolas».
Según Méndez, «hay que corregir el rumbo del resto de la política económica del Gobierno» y es que, añadió, «este país no puede asumir entre 2012 y 2013 un recorte de entorno a 60.000 millones de euros».
«Recorte intolerable»
Se trata, ha apostillado, «de un recorte intolerable en términos sociales, económicos y de mantenimiento de nuestro estado de bienestar», que ocasionará que los servicios públicos fundamentales del país «entren en un coma irreversible», como puede ser la sanidad, la educación, los servicios sociales o el sistema público de las pensiones.
También, ha alertado, «afectará al conjunto de los empleados públicos». Así, ha recordado que el secretario de Hacienda cuantificaba el exceso de plantilla del personal de la función pública y que sobrarían 440.000 personas. Esto, ha advertido el secretario general de UGT, «es más que un aviso».
«Esta reforma es injusta, dañina y desequilibrada», por lo que, ha criticado, «es incomprensible que el Gobierno no haya abierto un proceso de negociación, con lo que se aleja la posibilidad de que pudiéramos iniciar, antes de la huelga general del día 29, ese proceso de negociación para una corrección profunda de la Reforma Laboral», subrayó.
«Es un paso atrás muy serio que exige tomar la iniciativa, soluciones distintas y el reparto de sacrificios sea equilibrado», ha acentuado Méndez, quien ha destacado, a preguntas de los medios, que «el ejercicio de un derecho constitucional, como es la huelga general, nunca perjudica a la imagen de España».
Perjudica más la proliferación de la economía sumergida, ha enfatizado ante las críticas de la Confederación Regional de Empresarios de la Región de Murcia (Croem), «una responsabilidad que también la tienen los empresarios».
Una apuesta para los modelos especulativos
Finalmente, el secretario general de UGT ha afirmado que harán llegar su posición a todos los grupos políticos con representación parlamentaria, «sin excepción», pero, insistió, «el problema de esta reforma no se aclara con tres enmiendas, por lo que hay que cambiar el sentido general de la reforma, que ocasiona una regresión laboral muy seria».
Esta reforma, ha valorado, «provoca una marcha atrás y destila una apuesta por los modelos especulativos que nos ha llevado a este fracaso».
«Va en contra de la mejora de la productividad económica del país en base a la innovación o la cualificación, lo que se pretende es estimular a los empresarios a que compitan mediante el abaratamiento permanente del costo laboral y la reducción de derechos», ha considerado Méndez.
Urge, finalizó, «poner en suspenso todo aquello que afecta al acuerdo que suscribieron sindicatos y patronal el 25 de enero, porque realmente lo han dinamitado y ese acuerdo está concebido para evitar que la única respuesta ante la crisis sea el despido de los trabajadores». Este recorte es para toda la vida, hizo hincapié, «y por eso sea hace necesario un cambio en profundidad».
Por su parte, Toxo ha lamentado que en esta ocasión el Gobierno «decidió tirar por el camino de en medio, despreciar el acuerdo suscrito con las organizaciones empresariales y sindicales el 25 de enero y promulgar por la vía de urgencia un Real Decreto Ley».
«Devaluación» de los salarios
Una reforma, ha reiterado, que está construida «a partir de una apuesta y unas cuantas renuncias». Apuesta que pasa, según ha explicado, por «devaluar los salarios porque no se puede devaluar la moneda».
Mientras que a su vez «es la renuncia al cambio de modelo económico, renuncia para un periodo prolongado de tiempo a resolver el problema del paro, ya que pretenden hacer creer que con la mera reforma de instituciones laborales crecerá el empleo como si el empleo estuviera esperando la llegada de la reforma para aflorar y sacar del paro a los 5,3 millones de personas que están en esta situación».
Igualmente, sostiene, «renuncia a una reforma fiscal en profundidad y a completar la reforma del sistema financiera, que son las dos que habría que poner en marcha urgentemente en España».
En esta línea, se ha preguntado «cuánto va a corregir el Gobierno la previsión de caída de la actividad económica para este año del 1,7, en cuánto más se va a producir esta caída como consecuencia de la huelga, porque no rectificarán las cifras dado que la huelga pretende descalificar de muchas maneras y una de ellas en relación con los costes».
A su juicio, «perjudica mucho más la imagen del país y la economía española que el Gobierno haga correr el riesgo a España de arruinar los efectos del acuerdo suscrito el pasado 25 de enero y el no hacer las cosas que conviene hacer en este momento».
Estrella Digital/EP