El Consejo de Ministros de este viernes ha aprobado un amplio paquete de medidas. Por un lado, medidas de ahorro del sector público, con supresión y extinción de empresas públicas. Y por otro lado, medidas de estímulo a pequeñas y medianas empresas, así como también a autónomos, que soportan el 85% del tejido productivo y que son, en definitiva, los que peor lo están pasando. ¿Motivos? Muchos y evidentes, pero quizás el desorbitado volumen de facturas que la administración pública tiene aún pendiente de pago sea uno de los más importantes, tal y como así lo ha reconocido la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior a la reunión ministerial.
No ha sido un anuncio que ha hecho al inicio de su comparecencia, pero quizás sí haya sido el dato más revelador de la jornada. Según ha confirmado la portavoz gubernamental, las cifras provisionales con los que cuenta el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en relación a la deuda de los Ayuntamientos son las siguientes: 1.931.976 de facturas pendientes con proveedores por valor de 9.584 millones de euros. Y de las cuales, 63.500 afectan a pequeñas y medianas empresas (pymes) y 50.259 a autónomos.
De un total de 8.200 municipios, Sáenz de Santamaría ha adelantado que son en torno a 5.000 los que se han adherido al plan estatal de liquidez que pone a su disposición un crédito de 35.000 millones para pagar a los proveedores. En él, han colaborado todos los bancos; y los requisitos que se les ha impuesto a los alcaldes son los siguientes: 10 años, con dos carencias, para devolverlo y un tipo de interés del crédito próximo al 5%. Ahora queda lo más importante, los ayuntamientos tienen de plazo hasta el próximo 31 de marzo para entregar también su plan de viabilidad con el que hacer frente a la devolución de dichos créditos.
Según ha recalcado en varias ocasiones Sáenz de Santamaría, este crédito es «histórico y único», y a partir de ahora se insistirá mucho en que los gestores hagan bien sus deberes, puesto que ésta será la última vez que se le permita a las administraciones públicas acumular una deuda de estas dimensiones. «Se trata de una situación excepcional», ha advertido la portavoz, para quien este mecanismo de pago, en el que además de los bancos españoles también ha participado el Instituto de Crédito Oficial (ICO), va a ayudar a que las pymes y autónomos «tengan liquidez y puedan mantener su actividad económica y nivel de empleo».
No obstante, y como bien ha matizado la vicepresidenta, «éstos sólo son datos provisionales». Las cifras pueden ir aumentando. De hecho, el vicepresidente de la FEMP, Fernando Martínez Maíllo, advirtió este jueves que la deuda total de las corporaciones locales con los proveedores podría alcanzar los 17.000 millones de euros. Sáenz de Santamaría sólo se ha remitido a las cifras que Cristóbal Montoro le ha facilitado, y en ningún momento ha negado la posibilidad de que esta deuda, cuando se revisen todos los datos con los que cuenta el Gobierno, sea mayor.
Cinco nuevas líneas ICO para pymes y autónomos
Además de este plan de pago a proveedores de 35.000 millones de euros -aprobado la semana pasada; y con el que se trata principalmente de que ni las pymes ni los autónomos se tenga que ver obligados a cerrar o a despedir empleados por no cobrar sus facturas -, el Gobierno se ha comprometido este viernes -a instancia de lo que este lunes acordó el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, con los representantes de los proveedores con los que se reunión- a reforzar en 22.000 millones más, las líneas de crédito concedidas por el ICO. ¿Condición imprescindible? que se invierta en «proyectos rentables».
El Ejecutivo, tal y como ha informado Sáenz de Santamaría, espera que con esta medida, los proyectos que sean interesantes no se queden en meras ideas y puedan llegar a su fin. Según la vicepresidenta, el ICO aumenta así su capacidad de préstamo en un 16% respecto a 2011 y concentra el 9% del total del sistema financiero del país. Y ha precisado que esta medida afectará a las líneas ICO-Inversión (9.000 millones de euros para la adquisición de vehículos y maquinaria), ICO-Internacionalización (1.000 millones más para facilitar la salida al exterior de las pymes), ICO-Liquidez (2.000 millones más para aliviar las tensiones de tesorería de las empresas), ICO-Emprendedores (1.250 millones más) e ICO-Rehabilitación (1.000 millones de euros más. Novedad: se elimina el llamado tramo ‘stock de vivienda’, que facilitaba financiación a promotores de vivienda con la condición de que los inmuebles se pusieran en alquiler).