Tres de los hijos del empresario José María Ruiz-Mateos que han sido interrogados, en calidad de imputados, en torno a una presunta estafa de 12 millones de euros en la compra de la sociedad Hoteles Costa Oriental han asegurado, al ser preguntados por sus medios de vida actuales, que están cobrando del paro e intentando salir adelante como pueden, gracias a la ayuda que reciben de «amigos y familiares».
Así han coincidido en afirmar Pablo, Zoilo y José María Ruiz-Mateos durante la declaración que este miércoles han prestado ante la titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Palma, Ana San José, en la que han argumentado que sus cónyuges son las que trabajan o que en estos momentos están apuntados al desempleo para justificar su situación económica.
Sobre las operaciones de compra efectuadas a lo largo de la trayectoria de Rumasa y de Nueva Rumasa, José María Ruiz-Mateos Rivero ha defendido la actuación de los grupos empresariales que ha liderado su padre y ha asegurado que las operaciones «se cumplieron siempre», al aseverar que su progenitor les «ha enseñado el valor del buen hacer y a cumplir por encima de todo».
«Así lo ha demostrado en su actividad durante sesenta años, como no podría haber sido de otra forma», ha incidido el hijo del conocido empresario jerezano, quien ha justificado que «cuando tantos empresarios le venden a él sin más garantías que la personal es porque ha cumplido las otras veces». «Como empresario, yo nunca vendería a otra persona si ésta no fuera cumplidora», ha espetado.
Respecto a las pesquisas en el marco de las cuales ha sido citado, el encausado ha manifestado, tal y como han defendido sus hermanos, que las negociaciones «las llevó en todo momento» su padre si bien los avalistas fueron los seis hijos y tres sociedades del grupo, en concreto Dhul, Ignis Innovaciones y Complejo Bodeguero Bellavista. «Mi padre es el único propietario de todas las empresas y máximo responsable de las decisiones que se toman», ha argumentado.
Tal y como ha recordado, no estuvo presente en la compra si bien Ruiz-Mateos le solicitó que fuera avalista ya que así se lo habían pedido los vendedores, que «querían tener una seguridad de cara al futuro», si bien ha aseverado que él mismo nunca ha tenido propiedades ni jamás ha sido accionista de ninguna empresa.
Niega desvío a paraísos fiscales
Asimismo, ha negado que en el marco de esta operación se produjesen desvíos de dinero a paraísos fiscales, tal y como señala la querella, según la cual las acciones de la sociedad hotelera fueron vendidas a la entidad Free Size Slu, ubicada en Belice y al frente de la que está Susana Álvarez Ampuero, presunta testaferro de Ruiz Mateos.
En cualquier caso, ha achacado a la crisis el hecho de que únicamente se haya abonado el 40 por ciento del precio de la compra, y ha recalcado que su padre «ha hecho todos los esfuerzos posibles para que así fuera». «Por desgracia, debido a la crisis que padecemos, a la restricción crediticia y a su deseo de mantener todos los puestos de trabajo ha provocado que el grupo entrase en concurso de acreedores», ha justificado.
Por su parte, Zoilo Ruiz-Mateos también ha derivado responsabilidades en su progenitor y, respecto a Free Size, ha aseverado que los pagos «en absoluto» procedían de Belice sino que todos se efectuaron en España. Al respecto, ha incidido en que el hecho de que la propietaria fuera extranjera «no tiene nada que ver con el tema de los fondos. La sociedad cotizaba en España y las avalistas eran todas sociedades españolas».
«En absoluto hubo engaño, estafa ni nada parecido»
En esta misma línea, ha asegurado que «en absoluto nunca hubo nada de engaño, ni estafa ni nada parecido» en el marco de esta operación, que según ha subrayado su padre «la llevaba realizando desde hacía más de cincuenta años y nunca ha habido ningún problema».
Mientras tanto, Pablo Ruiz-Mateos también ha señalado que la negociación «en todo momento» la llevó su padre, si bien ha aseverado que si actuó como avalista fue porque así se lo pidió el patriarca de la familia, a quien se lo solicitaron los vendedores. Tal y como ha explicado, esta compra a largo plazo es una operación que su padre ya la hacía «desde los inicios de Rumasa en los años sesenta», y de hecho así fue como se compraron muchos hoteles y en concreto en Baleares.
Finalmente, ha justificado que si en 2010 se dejó de cumplir en el marco de esta operación ha sido «porque se ha podido, no porque no se quiera».
En concreto, se trata de la tercera causa en Mallorca en la que Ruiz-Mateos está imputado por un presunto delito de estafa. La querella del caso afirma que la familia Hoz es titular legítima de unos créditos que ascienden a 12,4 millones de euros. La totalidad de las acciones fueron vendidas por un total de 21 millones de euros, de los cuales 19,5 millones quedaron aplazados.
Estrella Digital/EP