Fecha clave en el calendario de Mariano Rajoy. Probablemente la más complicada desde que llegó al poder. Este viernes, 30 de marzo -y tal y como anunció en su discurso de investidura en el Congreso de los Diputados-, le ha tocado presentar ante los ciudadanos «el mayor ajuste fiscal de nuestra historia democrática». La farragosa labor la ha dejado en manos de su ‘número dos’, Soraya Sáenz de Santamaría, y del ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro. Que han tardado más de media hora en introducir el espinoso tema.
Está claro que a ningún Gobierno le gusta hablar de recortes y subidas de impuestos a tan sólo 100 días de haber llegado al poder, y probablemente a éste menos que a ninguno, pero tal y como ha reiterado en sucesivas ocasiones el titular de Hacienda «son medidas excepcionales, para un periodo excepcional». Mariano Rajoy se ha declarado abiertamente contrario a la subida de impuestos, pero nuevamente le ha tocado actuar en contra de sus deseos. La situación de crisis por la que atraviesa el país (1,7% de recesión, según cálculos del Gobierno), los 5 millones de parados, y la necesidad imperiosa de «cumplir estrictamente» con el objetivo de déficit que Bruselas nos ha impuesto para este 2012 (del 5,3%) -teniendo en cuenta la desviación presupuestaria «heredada» de 2,5 puntos-, no han dejado más margen de maniobra que el de ajustar las cuentas públicas en 27.300 millones de euros (un incremento de impuestos del 0,8% y un ajuste de gasto del 1,7%).
Dentro de esta nueva subida de impuestos -y tal y como ya adelantó este martes Rajoy desde Seúl- no se encuentra la temida subida del IVA. Según Sáenz de Santamaría y Montoro -porque ambos han coincidido en esta explicación-, el Consejo de Ministro ha decidido no incrementar este tributo para «no perjudicar al consumo y al crecimiento económico de España». Ésta es la misma explicación que esgrimió su jefe desde Corea de Sur, donde tampoco descartó subir otros tributos. «No es mi intención subir impuestos, pero la situación es muy complicada», se ha justificado el líder del Ejecutivo en reiteradas ocasiones. Tal es así, que este viernes no le ha quedado más remedio que plantear el segundo «plan de incremento de ingresos» desde que llegó al poder. El primero afectó a los trabajadores (con la subida del IRPF); aunque este segundo recaerá sobre las empresas y los consumidores de tabaco. Tal y como se ha anunciado en la rueda de prensa posterior a la habitual reunión ministerial, el Gobierno subirá el Impuesto de Sociedades, incrementará el impuesto sobre el tabaco y además pondrá en marcha una amnistía fiscal para regularizar el fraude. Todo ello, y según cálculos gubernamentales, le reportará al Estado 12.314 millones de euros (incluido el IRPF que se subió en diciembre).
Una amnistía fiscal «temporal»
El plan de amnistía -quizás el anuncio más controvertido de este viernes-, establece un «gravamen especial del capital que se regularice de un 10%», según ha anunciado el ministro de Hacienda. ¿Esto qué significa? que todo aquel que se acoja a él quedará exonerado de cualquier penalización o sanción posterior. La medida, tal y como ha explicado Montoro, está destinada a incentivar el afloramiento tanto del capital que se ha desviado a paraísos fiscales como aquel que se mueve dentro del país en lo que se conoce como la economía sumergida y cuyo valor podría equivaler al 20% del total del PIB. Según ha reconocido el ministro, la amnistía fiscal es una decisión que le gusta «más o menos», pero que hay que llevarla a cabo si queremos ingresar «sin subir impuestos indirectos y sin perjudicar la distribución tributaria». Si tenemos en cuenta los datos que maneja el Gobierno, el Estado espera recaudar en torno a 2.500 millones de euros con la medida, lo que supone que pretende aflorar unos 25.000 millones de capital que hoy por hoy no está bajo control de la Agencia Tributaria.
No obstante, la medida será temporal. De tal manera que aquel que quiera regularizar su situación, lo tendrá que hacer lo antes posible, puesto que «una oportunidad como ésta no se va a volver a presentar más, sino, al contrario, se encontarán con un plan muy severo de penalizaciones». En principio estará operativa hasta el 30 de noviembre de 2012, y tal y como advierte el dossier informativo, a partir de ese momento, se endurecerán las sanciones. La justificación del Gobierno al respecto es «sencilla»: es una medida que se adopta al amparo del criterio de la OCDE y a la vista de la experiencia de otros países de nuestro entorno, véase los ejemplos de Italia y Reino Unido.
Segunda subida de impuestos de Rajoy: Impuesto de Sociedades y tabaco
Por su parte, las medidas que se han adoptado sobre el Impuesto de Sociedades, unas serán de carácter «temporal» y otras de carácter «indefinido». Según ha sido explicado este viernes, las temporales corresponderían a la limitación de la deducibilidad del Fondo de Comercio (del 5% al 1%), reducción del límite máximo de aplicación de deducciones (del 35% al 25%) y la introducción de un límite mínimo para el cálculo del pago fraccionado. Y en lo que a las de carácter indefinido respecta, supondrían la deducibilidad de gastos financieros (del 30% del beneficio), así como también la eliminación de la libertad de amortización, aunque para las PYMES seguirá vinculada a la creación de empleo.
Sobre el tabaco poco se ha dicho. Aún no sabemos lo que afectará esta medida a los bolsillos de los fumadores. Eso sí, al Estado le reportará un ahorro de 150 millones de euros y le servirá para acabar con el «contrabando» de este producto que existe en nuestro país. O así por lo menos lo ha vendido el ministro de Hacienda, al que le ha tocado protagonizar una de las escenas más complicadas desde que arrancara esta X Legislatura. No obstante, ha salido bien airoso del trance, puesto que se ha limitado a explicar lo que los ‘populares’ llevan defendiendo desde que llegaron al poder: El «presupuesto es austero, fuertemente austero», aunque necesario para «reducir el déficit», una condición «necesaria» para financiar correctamente la economía española y recuperar el crecimiento y el empleo.
«Tijeretazo» a los ministerios
Y con estas máximas, el ministro también ha presentado el capítulo de recortes: 16,9% menos de presupuesto para la Administración Central en 2012, casi dos puntos más de lo que anunció el presidente Rajoy desde Séul el pasado lunes. Ahora bien, han edulcorado el trago destacando en primer lugar lo que -por el momento- no se va a «tocar». En materia de gastos, y tal y como han insistido en dos ocasiones Sáenz de Santamaría y Montoro, se mantendrá la actualización de las pensiones públicas, se congelará el sueldo de los funcionarios, se mantendrán las prestaciones por desempleo y se mantendrá también el gasto social como las becas. Según ha explicado la vicepresidenta del Ejecutivo, la «primera obligación» del Gobierno «es lograr unas cuentas públicas saneadas, pero no a cualquier precio ya que hay que apoyar a quienes más lo necesitan y no frenar la necesaria recuperación» de la economía española.
Tras este discurso ha llegado la hora de la verdad: ¿cómo repercute este recorte en cada uno de los departamentos?. El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, por ejemplo, reduce el presupuesto en un 21,2%. La partida que sufre una reducción mayor respecto a los presupuestos del año pasado es la de transferencias a las comunidades autónomas, un 35,4% menos, lo que supone 531 millones. Aunque el Gobierno subraya que no toca las becas.
En lo que a la Sanidad respecta, y sin lugar a dudas, la partida que peor sale parada es la de la dependencia. Se elimina totalmente la ayuda a las comunidades autónomas al pasar de 283 millones de euros a cero. No obstante, el mayor descenso se producirá en el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, que descenderá un 54,4%, hasta 1.205 millones. Por su parte, el presupuesto de Fomento descenderá un 34,6%, mientras que el del Ministerio de Industria, Energía y Turismo caerá un 31,9% y el Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente bajará un 31,2%, hasta los 1.932 millones.
También registrarán descensos importantes el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (-22,9%), el de Educación, Cultura y Deporte (-21,2%), el de Economía y Competitividad (-19%) y el de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (-13,7%). Mientras que los descensos más moderados se registrarán en el Ministerio de Defensa (-8,8%), Justicia (-6,3%), Interior (-4,3%), Presidencia (-3,8%) y Empleo y Seguridad Social (-7,4%). Aunque en lo que a este Ministerio respecta, resulta llamativo el «tijeretazo» que sufren las denominadas políticas activas de empleo, y que según Montoro, son ineficaces. Concretamente en este apartado se recortará en 1.557 millones, ya que aunque pueden tener un «buen nombre», no están siendo operativas en la creación de empleo. «No se puede seguir financiando servicios porque tengan un buen nombre, ni apoyar programas que pueden que no son operativos a la hora de crear empleo», ha concluido el titular de Hacienda.
Elsa Sardina Vejo