La Real Academia Española recoge el término “amnistía” como “olvido legal de delitos, que extingue la responsabilidad de sus autores”. Si este significado se aplica a la economía, el resultado es la llamada ‘amnistía fiscal’, es decir, una medida excepcional que adoptan los gobiernos en épocas de crisis en virtud de la cual perdonan a aquéllos que han cometido infracciones o delitos relativos al fisco. Tanto en lo que respecta a los que practican la economía sumergida que, según la Fundación de las Cajas de Ahorro, se cifra en el 24% del PIB de España, como para los que sacan sus grandes capitales fuera de país para evadir impuesto. La OCDE calcula que el 13% del PIB mundial se encuentra en paraísos fiscales, esto es, entre cinco y siete billones de dólares. El objetivo es hacer que aflore el dinero negro o que vuelva a España.
En la historia de la democracia española, se ha aprobado dos veces la amnistía fiscal y, en los dos casos, la ha aplicado un gobierno socialita. La primera vez fue en 1984, con Miguel Boyer al frente del ministerio de Economía. Boyer endureció las leyes contra los evasores de impuestos y, al mismo tiempo, concedió ‘el perdón’ al permitir que todos los que tenían ocultas sus actividades pudieran comprar pagarés del Tesoro Público, sin ninguna penalización fiscal y pudiendo salvaguardar el anonimato.
La segunda vez fue en 1991, con Carlos Solchaga como titular de la cartera de Hacienda. En esta ocasión, la amnistía consistió en permitir que los infractores compraran deuda pública con dinero negro con un tipo de interés inferior al del mercado. El indulto no funcionó como el Gobierno de Felipe González esperaba y tuvieron que subir el IVA en los Presupuestos Generales de 1992, además de advertir de que no se volvería a conceder el perdón fiscal.
Ahora, más de veinte años después de la aprobación de la primera amnistía fiscal, con una crisis económica y financiera que deja cinco millones de parados, una deuda pública que puede alcanzar el 74,3% del PIB en 2012 y unas arcas del Estado casi vacías, se vuelve a plantear la pregunta: ¿Es la amnistía fiscal la solución?, ¿volverían a España todos los millones que los grandes capitales tienen en los paraísos fiscales si se perdona a los evasores de impuestos?
Durante la campaña electoral, tanto PSOE como PP dijeron tener voluntad de luchar contra el fraude fiscal, pero no hablaron, en ningún caso, de la amnistía. Mariano Rajoy apuntó que ampliaría la base de contribuyentes, mientras que Alfredo Pérez Rubalcaba prometió la creación de la Oficina para Combatir el Fraude Fiscal e imponer sanciones ejemplarizantes a aquéllos que defrauden. Entonces, ninguno se mostraba a favor de perdonar delitos para que el dinero que está fuera de España vuelva a nuestras fronteras. No obstante, las circunstancias han debido de cambiar. La crisis se recrudece por minutos, y ante esta realidad, al Gobierno de Rajoy no le ha quedado más remedio que actuar y sumarse al carro de la amnistía fiscal, como ya han hecho otros países de nuestro entorno.
Ventajas e inconvenientes de la amnistía fiscal
En una situación de crisis económica y financiera tan brutal como ésta, Estrella Digital quiere dejar claro cuáles son las ventajas e inconvenientes de que un Gobierno apruebe esta medida transitoria.
Hay muchos argumentos en contra, pero a pesar de lo incómoda y antipopular que puede resultar la medida, traer dinero a España desde los llamados paraísos fiscales puede revitalizar sectores de empresas que, con la crisis, -en especial en nuestro país-, están viviendo momentos extremadamente delicados. Es el caso, por ejemplo, de las constructoras o inmobiliarias que, en época de vacas gordas invirtieron en suelo para hacer viviendas y ahora tienen las obras paralizadas o continúan a ritmo lento por falta de liquidez. La hipotética amnistía fiscal, además de hacer que el dinero negro aflore, generará empleo, principal necesidad en estos momentos.
Por otra parte, en una situación de crisis tan extrema como ésta, es necesario recuperar dinero de donde sea, siempre y cuando, se ajuste a los cauces legales y, por lo tanto, aprobar un amnistía fiscal transitoria es uno de los mecanismos que hace que el capital vuelva a fluir en España. Es cierto que hay muchos argumentos en contra del perdón de los delitos del fisco, pero hay necesidad de dinero corriente y, puede considerarse un sacrificio más. Para justificar este argumento, sólo hay que echar un vistazo a los retrasos a proveedores por parte de la gran mayoría de las administraciones públicas.
“La principal ventaja es que se recuperará el dinero negro que hay ahora fuera de España y el que circula gracias a la economía sumergida”, señala Javier Ramos Llanos, Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales y profesor de la Universidad Pontificia de Comillas, en Madrid. “Otra ventaja es que se tendrá información sobre las fortunas que están lejos y sobre los contribuyente: es mejor tener información, que no tener ni información ni recaudación”, afirma Ramos.
Pero lo cierto es que los inconvenientes son muchos más en número y, probablemente, en importancia. Para el Doctor Javier Ramos, “los contras superan a los pros”. Lo primero que hay que señalar es, “obviamente”, que supondrá una “injusticia y un agravio comparativo” para los ciudadanos que cumplen con el fisco.
“Los impuestos serán sobre la honradez”, señala Ramos. De tal forma, que se poduede decir que el que es honrado paga a Hacienda y el no lo es, no.
Para el Doctor Ramos, la aprobación de una amnistía fiscal deja en evidencia “la ineficacia de la lucha contra el fraude. De ahí que, cuando se suben los impuestos, el Gobierno tiene especial interés en que hay que luchar contra los invasores».
Otro inconveniente es que la medida “generaría expectativas de otras posibles amnistías”. De tal forma que un ciudadano puede pensar “voy a defraudar durante un tiempo, ya que después me lo perdonarán”, ejemplifica Javier Llanos. Por no hablar del rechazo que provoca en los contribuyentes. “Se perdería la concienciación de contribuir con los impuestos”.
Y, por último, según el Doctor Javier Llanos, la aplicación de una amnistía fiscal crea división política y “eso es lo contrario de lo que necesitamos” porque, ahora, “lo importante es el consenso, la unión”.
Amnistía fiscal en Europa
España se suma a la lista de países de la UE que sí han optado por esta medida.
Italia es uno de los mejores ejemplos: el pasado mes de octubre, el entonces primer ministro, Silvio Berlusconi, volvía a proponer la amnistía fiscal para reducir el déficit. De este modo, se planteaba eximir los delitos fiscales a quienes compren deuda soberana. Algo que le ha valido las críticas, incluso, desde dentro de su propio partido.
Ésta no era la primera vez que ‘Il Cavaliere’ decide perdonar a los evasores con tal de que su dinero vuelva a fluir en el país. Ya en el año 2009 se aprobó la medida y logró que 95.000 millones de euros regresaran a las arcas italianas. Pero según los expertos, esta cifra no es sinónimo de éxito, sobre todo porque la multa para los evasores italianos fue de un irrisorio 5%, cuando en otros países era 10 veces mayor, y aseguran que nuestra Agencia Tributaria tiene más controles que de Berlusconi.
Según el Doctor Javier Llanos, la Agencia Tributaria española es “una de las más sofisticadas del mundo, por eso no se podemos comparar”.
Portugal aprobó la medida a mediados de 2010.Así lo explicaba Luis Bravo en Cotizalia.com el pasado 13 de mayo de 2010: “En grandes líneas, esta medida excepcional se aplica a depósitos bancarios, valores mobiliarios y otros instrumentos financieros tales como fondos de inversión y determinados seguros de vida-ahorro. Se prevé el pago de un impuesto del 5% del valor de los activos y, dato muy importante, no es necesario transferirlos a entidades financieras portuguesas, siempre y cuando se trate de elementos que estuvieran depositados en estados miembros de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo”.
Alemania hizo lo mismo mucho antes de que la actual crisis arreciara. En 2003, el canciller Gerard Schröder, dio luz verde a una amnistía fiscal que en la que se permitía a los empresarios alemanes repatriar los fondos que tuvieran en el exterior sin penalización alguna, aunque fijaba una tasa del 25% sobre este dinero una vez que hubiera salido a la luz.
En concreto, en los cuatro primeros meses del año el total del dinero repatriado gracias a esta norma ha sumado únicamente 125 millones de euros. Una cantidad muy por detrás de los 5.000 millones previstos inicialmente.
Francia tuvo un conato de implantación de la amnistía fiscal en 2004. El primer ministro francés, Jean Pierre Raffarin había apostado por repatriar capitales, implantando una tasa liberatoria de retorno, entre el 10% y 20%, según el volumen de dinero legalizado. Finalmente, Raffarin dio marcha atrás. Le llovieron críticas de todos los partidos. No se veía ni “moral” ni “eficaz” para la lucha contra la evasión de capitales y la circulación de dinero negro.
Años después, en 2009, la Administración Tributaria francesa por aprobar un régimen especial de regularización. Creó una unidad especial en Hacienda. El objetivo: gestionar todos los procesos de regularización de patrimonios opacos situados en paraísos fiscales. Así, se asegura que se apliquen criterios similares en los procesos de regulación y se da seguridad jurídica, ya que sólo hay un órgano inspector.
En Reino Unido, según publicaba Daniel Landaluce en CincoDías.com en agosto de 2010, “Her Majesty’s Revenue & Customs (HMRC) lanzó entre septiembre de 2009 y marzo de 2010 The new disclosure opportunity, encaminada a regularizar exclusivamente cuentas bancarias offshore, debiendo los contribuyentes pagar los impuestos dejados de ingresar durante los últimos diez años junto con una sanción del 10% de la deuda. Si bien no se garantizó la inmunidad penal de los contribuyentes que se acogiesen al programa, el HMRC anunció que las posibilidades de comenzar acciones penales eran extremadamente bajas”.
En España, con los métodos regulares de la lucha contra el fraude fiscal, en 2010, la Agencia Tributaria logró recuperar más de 10.000 millones de euros procedentes de actividades fuera del fisco. Esto supone un 1% del PIB.
Cristina Rodríguez