El Grupo Popular ha tumbado las enmiendas a la totalidad de la reforma laboral presentadas por PSOE, IU-ICV-CHA, UPyD, ERC y BNG, con el apoyo de CiU. Además, el pleno ha rechazado la solicitud del Grupo Mixto y PSOE para que el proyecto de Ley vuelva al Pleno de la Cámara Baja antes de su remisión al Senado.
De esta forma, el texto del Gobierno sigue su curso en el trámite parlamentario. Ahora, los grupos parlamentarios dispondrán de plazo para presentar enmiendas parciales hasta el día 16 de abril, si bien esto no será un obstáculo para mantener el calendario de tramitación que busca el PP, que tiene el objetivo de aprobar el texto a mediados de mayo en la Cámara Baja para poder remitirlo entonces al Senado y que entre en vigor de forma definitiva antes de junio.
Durante el debate de las enmiendas, la portavoz del Grupo Socialista, Soraya Rodríguez, ha defendido al exponer los motivos de su enmienda a la totalidad que no se puede imputar a la legislación vigente la destrucción de empleo. «No es la causa la protección de los trabajadores o la negociación colectiva, por el debilitamiento de los derechos de los trabajadores no va a crear empleo», añadió.
Según dijo, la situación requiere una cambio en el patrón de crecimiento económico, ya que el devenir del empleo está vinculado al ciclo económico. Por otro lado, Rodríguez defendió que ya hay suficientes modalidades contractuales y que lo que hace falta en dar crédito a las empresas para que puedan contratar, y explicó que su enmienda incorpora la posibilidad de que los jóvenes puedan acceder a créditos de 30.000 euros para crear una empresa o cooperativa en sectores estratégicos.
Asimismo, señaló que la enmienda recupera los «pilares» de la negociación colectiva, una forma «equilibrada» de resolver las discrepancias en las empresas. En este punto, defendió el «histórico» acuerdo alcanzado sobre negociación colectiva entre empresarios y sindicatos, que incluía un pacto de moderación salarial que, a su juicio, garantizaba una mejora de la competitividad.
Por su parte, el diputado de CiU, Carles Campuzano, consideró que la «orientación» de la reforma laboral es la correcta y que, en todo caso, la tramitación del proyecto de Ley puede permitir «corregir» muchas cuestiones que «preocupan». Por ello, su grupo se opuso a las enmiendas la totalidad para dejar paso a las enmiendas parciales.
Campuzano, consideró que la protección del trabajador no tiene que estar vinculada a un alto coste del despido, en contra de las aportaciones de los partidos de izquierdas. Además, señaló que algunos de los planteamientos de estas fuerzas «son de otro tiempo». Por otro lado, Campuzano aseguró que hay «dudas sobre la constitucionalidad» en la reforma laboral, especialmente en materia de competencias autonómicas. Además, pidió abrir un debate sobre la creación de un contrato de formación dual y dar más capacidad de gestión de las políticas activas de empleo a las comunidades autónomas.
Por su parte, el diputado de PNV Emilio Olabarría avanzó que su grupo presentará hasta 70 enmiendas parciales, que «podrían constituir una enmienda a la totalidad», pero que no se han presentado como tal en tanto que su formación «confía» en la voluntad del diálogo del Gobierno. En este punto, instó a la ministra de Empleo, Fátima Báñez, a dejar claras las materias troncales de la reforma laboral que el Gobierno no tiene intención de cambiar, con la esperanza de que el tronco sea «muy estrecho».
Asimismo, apuntó que la administración de justicia va a «despedazar» la reforma laboral porque «no se puede basar en la descausalización de la modificación de las condiciones de trabajo y del despido». «Usted lo sabe, por eso espero mucho de sus promesas de negociación exhaustiva», apostilló.
Izquierda Plural vuelve a pedir el diálogo
En defensa de la enmienda a la totalidad de Izquierda Plural, Joan Coscubiela, aseguró que ya se están dejando ver «los primeros efectos de la contrarreforma laboral», en forma de rebajas salariales y amenazas en la empresas, mientras que se sigue sin crear empleo.
Coscubiela, que apeló al éxito de la huelga general del pasado 29 de marzo, ha asegurado que los ciudadanos «no se creen la reforma laboral», puesto que facilita el despido, debilita los convenios colectivos y otorga todo el poder en las relaciones laborales a los empresarios. Por otro lado, resaltó que la enmienda presentada por su grupo «brinda al Gobierno una mueva oportunidad de diálogo».
En esta línea, la diputada de Coalición Canaria Ana Oramas criticó que el Gobierno no haya consensuado la reforma laboral con sindicatos y empresarios y le acusó de confundir «la autoridad del liderazgo con el mazazo de la mayoría absoluta». En este sentido, consideró que el trámite parlamentario es una oportunidad para consensuar la reforma y mostró su apoyo a las enmiendas.
Por el Grupo Mixto, Joan Tardá, mostró un discurso más combativo y aseguró que la reforma laboral pretende hacer de España «un paradigma de productividad a precio de plato de arroz», a lo que añadió, que «se equivocan porque los trabajadores más productivos son aquellos con mejores condiciones laborales».
La reforma vulnera la Constitución
¿Cómo va a salir adelante un país cuando los trabajadores no saben si mañana van a cambiarle la jornada o le van a bajar el sueldo», apostilló Tardá después de pedir a los grupos que apoyen un recursos ante el Tribunal Constitucional. Por su parte, la portavoz de BNG, Olaia Fernández, aseguró también que la reforma laboral vulnera la Constitución en lo referente al derecho del trabajo y contribuirá a generar más desempleo.
«El objetivo de la reforma laboral es desregular las relaciones laborales y establecer un marco más precario», aseguró para añadir a renglón seguido que «el verdadero propósito de la reforma laboral es utilizar la crisis como pretexto para atacar los derechos de los trabajadores». Finalmente, la portavoz parlamentaria de UPyD, Rosa Díez, defendió la propuesta de su grupo, que pilota sobre la unificación de todos los contratos en un único tipo con indemnizaciones progresivas, con el objetivo de «acabar con la dualidad» del sistema y reducir la «temporalidad y precariedad laboral».
«Compartimos con el Gobierno la necesidad de acometer urgentemente la reforma laboral, pero rechazamos que sólo pueda hacerse a su manera», dijo la diputada, argumentando también que el aumento del paro no tiene su origen en la legislación laboral sino en la situación económica general.
En su turno de fijación de posición, la portavoz de Nafarroa Bai, Uxue Barko, defendió en nombre del Grupo Mixto su apoyo a las enmiendas presentadas porque, a su juicio, el problema del desempleo está en el modelo productivo que el Gobierno «no se ha atrevido» a atacar y no en el modelo de relaciones laborales.
El diputado de Amaiur Sabino Cuadra mostró su rechazo «profundo» a la reforma laboral, ya que hará «a los ricos cada vez más ricos y poderosos y a los pobres cada vez más desprotegidos». Si bien, su grupo se abstuvo por cuanto las enmiendas no recogen algunas de sus exigencias y al considerar que la huelga general del 29 de marzo fue «la mejor y mayor enmienda a la totalidad».
La diputada del PP Carmen Álvarez-Arenas aseguró que «el bloque de la izquierda se ha convertido en los defensores de lo antiguo». La ‘popular’ puso de manifiesto la «grave situación» de España para justificar la reforma laboral desde la responsabilidad asumidas en las urnas. Además, acusó al PSOE de «enmendarse a si mismo» y volver a planteamientos anteriores a la reforma laboral de 2010.