El Congreso de los Diputados ha discutido este jueves el Real Decreto-Ley, aprobado el pasado 30 de marzo, por el que se introducen diversas medidas tributarias y administrativas dirigidas a la reducción del déficit público, principal objetivo del Gobierno ‘popular’. Este miércoles, el líder del Ejecutivo, Mariano Rajoy, ya insistió en ello en reiteradas ocasiones ante los parlamentarios ‘populares’, y este jueves, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha vuelto a hacer lo propio en el Hemiciclo. «Estamos en un momento extraordinario, y por ello estamos tomando medidas extraordinarias», ha dicho Montoro al inicio de su comparecencia ante la Cámara Baja.
Según el titular de Hacienda, a España no le queda más remedio que aumentar sus ingresos, y el objetivo del Ejecutivo no es otro que hacerlo «sin perjudicar el crecimiento económico». Así es como Montoro ha justificado, no sólo el aumento en el Impuesto sobre Sociedades, sino también la polémica amnistía fiscal, que tanto revuelo está causando entre la mayoría de grupos parlamentarios, y que muchos ya se han apresurado a calificar de «injusta» e «inmoral». No obstante, y frente a la insistencia en hablar de amnistía fiscal, el titular de Hacienda ha vuelto a insistir en que ese no es el nombre correcto, puesto que lo que el Gobierno ha propuesto no es una amnistía, sino «una reordenación de activos». Que varios grupos parlamentarios no han dudado en calificar de «eufemismo».
Tal y como ha explicado Montoro, una amnistía fiscal sería si el Gobierno perdonara a los defraudadores y les eximiera de pagar nada. Sin embargo, lo que propone el Ejecutivo ‘popular’ es «una gravamen sobre la regularización de activos que estaban ocultos, para que vuelvan a aflorar». Según el ministro de Hacienda, esta medida lo que persigue es la economía sumergida y así complementar el plan de lucha contra el fraude que el Consejo de Ministros tiene pensado aprobar este viernes. Y con el que según ha confirmado Montoro, se obligará a los ciudadanos a informar a los organismos tributarios de todas las cuentas abiertas en entidades financieras en el extranjero. Medida que se unirá a la que este miércoles anunció Mariano Rajoy: limitar a los empresarios el pago en efectivo a 2.500 euros.
En definitiva, y tal y como ha vuelto a explicar Montoro este miércoles, el Decreto introduce un gravamen especial del 10% para las rentas no declaradas por contribuyentes del IRPF, Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre la Renta de no Residentes que no estén siendo investigados por la Agencia Tributaria. Así como también, un gravamen del 8% para los dividendos o participaciones en beneficios de fuente extranjera derivados que se repatríen antes del 31 de diciembre de 2012. Según el Ministerio de Hacienda, estas regularizaciones permitirán aflorar unos 25.000 millones de euros que hasta ahora no cotizaban.