Después de una semana complicada, con la prima de riesgo por la nubes, la bolsa amaneciendo en números rojos, el enfrentamiento con algunos de nuestros socios europeos y la última amenaza argentina de expropiarle a Repsol su participación en YPF, el Gobierno ha decidido no cejar en su «voluntad reformista». El «ineludible» objetivo de Rajoy de reducir el déficit público y volver a colocar a España en la senda «del crecimiento», le hace abstraerse de las complicaciones y centrarse en seguir solucionando uno de los principales problemas que actualmente sacude con virulencia a España: la crisis económica. Con este talante, han acudido este viernes a la habitual rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría y el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, a explicar la nueva iniciativa del Ejecutivo ‘popular’: luchar contra el fraude.
Ya fue anunciada durante el pasado mes de enero, pero este viernes ha sido concretada en un Anteproyecto de Ley, que tiene por objeto, tal y como ha informado la portavoz gubernamental, luchar contra la economía sumergida y establecer un mayor «rigor» contra los defraudadores. Muchas de las iniciativas planteadas ya habían sido anunciadas a lo largo de la semana, aunque este viernes se han introducido algunas novedades al respecto. Según ha explicado el ministro de Hacienda, con este nueva normativa se pretende instaurar un sistema tributario más «equitativo y justo». «No existe justicia cuando existe dinero negro», ha aseverado Montoro.
Por este motivo, y porque el Estado necesita urgentamente «aumentar su capacidad recaudatoria», Hacienda ha decidido poner en marcha medidas cautelares para evitar que los deudores se declaren en situación de insolvencia o cometan un alzamiento de bienes para que Hacienda no pueda cobrar, puesto que tal y como la vicepresidenta ha explicado, actualmente, en los tribunales españoles hay expedientes fiscales abiertos por 6.000 millones de euros que están pendientes de cobro. «En muchas deudas tributarias que están pendientes por delito fiscal o por expedientes de inspección de la Agencia Tributaria el deudor se coloca en situación de insolvencia que impide su cobro después de procesos administrativos muy largos y procesos judiciales muy tortuosos», ha explicado Sáenz de Santamaría.
Aunque el Gobierno, con este plan, no sólo pretende perseguir a los evasores fiscales que pretenden declararse insolvetes, sino también a aquellos ciudadanos que con cuentas en el extranjero deciden no declararlas. Según ha anunciado oficialmente Montoro -puesto que lo que hizo este jueves en el Congreso fue un mero apunte informal-, con este nuevo plan, todos los ciudadanos estará obligados a informar a Hacienda sobre las cuentas que tengan abiertas en el extranjero. Y ha añadido: «Su incumplimiento conllevará una sanción específica -que no ha detallado-; y dichas rentas no declaradas jamás prescribirán». Es decir, que la rentas descubiertas que no hayan sido declaradas siempre se podrán perseguir, y a ellas se les imputará al último periodo impositivo de entre los no prescritos, tal y como reza la referencia que ha entregado Moncloa a los periodistas al inicio de la comparecencia.
Sobre el límite del pago en efectivo, y que ya adelantó este miércoles Mariano Rajoy en la Sesión de Control al Gobierno, poca novedad ha habido. Según ha vuelto a anunciar el Gobierno, el límite queda fijado en 2.500 euros y afectará a operaciones realizadas entre empresas y/o profesionales, a operaciones realizadas por personas físicas con empresas y/o profesiones. Sin embargo, no repercutirá sobre las operaciones realizadas exclusivamente entre particulares y tampoco sobre aquellas realizadas con entidades de crédito. Para los turistas, por su parte, este límite se amplía hasta los 15.000 euros. «Con ello pretendemos no perjudicar a ese sector», ha explicado Montoro.
Con esta limitación, que es pionera en nuestro país y que se ha hecho a imitación de otros países de la UE, como Francia e Italia, el Gobierno pretende perseguir los billetes de 500 euros, que suponen un 70% del efectivo en circulación y son los preferidos de la economía sumergida. Así pues, aquellos que hagan transacciones en efectivo superiores a la cantidad marcada por ley estarán sujetos a una sanción administrativa, que recaerá tanto sobre el pagador como sobre el receptor, y que supondrá una multa equivalente al 25% del valor del pago realizado. No obstante, existirá exoneración de sanción para aquellos que comuniquen voluntariamente el pago en efectivo a Hacienda en los tres meses de haberse producido el pago.
El fin de las «facturas falsas»
El plan antifraude elaborado por el Ejecutivo de Rajoy también pretende poner fin a las «facturas falsas». Con esta medida, el Gobierno, y Hacienda en particular, perseguirá el empleo de facturas falsas para reducir el pago de impuestos y los «entramados» societarios de los que se sirven algunos profesionales para deducirse, indebidamente, sus gastos particulares. Así, dentro del régimen de módulos, se establece la exclusión del régimen de estimación objetiva para aquellos empresarios que facturen menos del 50% de sus operaciones a particulares. Y dicha exclusión sólo operará para empresarios cuyo volumen de rendimientos íntegros del año anterior sea superior a 50.000 euros.
Este sistema de tributación se creó para que muchos autónomos no tuvieran que llevar una contabilidad efectiva de la actividad a cambio de pagar a Hacienda una cantidad determinada según la profesión sin importar su nivel de ingresos y gastos. No obstante, y según ha informado el Gobierno, es en este sector donde se ha concentrado gran parte del fraude fiscal. Tal y como queda reflejado en la referencia publicada por Moncloa, se excluirá del sistema de módulos a carpinteros, fabricantes de ferreterías, confección, industria del mueble y madera, impresión de textos e imágenes, albañiles, cerrajeros, pintores, escayolistas y empresas de transporte y mudanzas.
El Gobierno es consciente de la ingente labor que esta media le supone; y por ello ha decidido impulsar y reforzar la figura del inspector de Hacienda. Según Montoro, su departamente tiene pensado establecer sanciones de entre 1.000 a 100.000 euros para los particulares que traten de «obstaculizar, frenar o negarse a inspección». En el caso de las empresas, el rango se amplía a entre 3.000 y 600.000 euros.
Elsa Sardina Vejo