Queda confirmado: los ciudadanos tendrán que pagar más por sus medicamentos, incluidos los pensionistas, si quieren seguir conservando la «gratuidad» en la asistencia sanitaria. Así lo ha explicado este miércoles en rueda de prenda la ministra de Sanidad, Ana Mato, tras la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS). Salvo los parados sin prestación y los jubilados con pensiones no contributivas, el resto pagaremos los medicamentos en función de nuestra renta. Los receptores de pensiones contributivas, que hasta ahora no pagaban nada por los fármacos, tendrán que comenzar a aportar al sistema el 10% del valor del medicamento que consuman, aunque existirán límites: los jubilados que reciban una prestación inferior a los 18.000 euros anuales no pagarán más de 8 euros al mes, mientras que el límite para los pensionistas con rentas de más de 18.000 euros se establecerá en 18 euros mensuales. En cuanto a los trabajadores en activo, Sanidad también ha introducido novedades: Los trabajadores activos seguirán pagando el 40% de las recetas si ganan menos de 18.000 euros, pero verán elevada su aportación hasta el 50% si superan esa cantidad y hasta el 60% si pasan de 100.000 euros.

Con esta iniciativa, el Gobierno espera ahorrar 3.500 millones, aunque la ministra ha asegurado que esta medida no «tiene afán recaudatorio», sino que lo que el Ejecutivo ‘popular’ pretende con ella es «racionalizar el gasto» y «evitar duplicidades». Según Mato, en 2011 el Estado pagó 1.100 millones por medicamentos que se «tiraron a la basura». «Con esta iniciativa, probablemente evitaremos que se compren fármacos que no se utilizan», ha aseverado la titular de Sanidad, que también ha aprovechado esta intervención para pedir «perdón» por tener que adoptar estas decisiones con las que ha asegurado que «se evita que no haya copago sanitario y que la asistencia sanitaria en España siga siendo gratuita».

Aunque el «copago farmacéutico» no es la única medida que Sanidad ha anunciado. Tal y como ha confirmado Mato, el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas también han acordado diferentes medidas sobre el precio de los medicamentos; sacar de la financiación algunos fármacos que no aportan valor terapéutico; incorporar al derecho español una directiva para «acabar con el turismo sanitario»; modificar la cartera de servicios para distinguir entre prestaciones básicas,  suplementarias y accesorias; y apostar por una central de compras para la adquisición de medicamentos y tecnologías, y no sólo vacunas como hasta ahora.

Otras medidas para ajustar 7.000 millones

A parte, Mato y los 17 consejeros sanitarios también han acordado establecer una cartera común de servicios del SNS, que «asegure que todos los españoles, con independencia de la comunidad autónoma en la que vivan, tengan acceso a las mismas prestaciones sanitarias, de la más alta calidad». Para ello, se establece una cartera común básica de servicios asistenciales. Incluirá, como hasta ahora, los servicios de prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación que se dispensan en centros sanitarios o sociosanitarios, así como el transporte sanitario urgente, y que están cubiertos de forma completa por financiación pública.

Asimismo, también habrá una cartera común suplementaria que incluirá las prestaciones cuya provisión se realiza mediante dispensación ambulatoria, y que están ya sujetas a aportación del usuario. Junto a esta cartera habrá otra de servicios accesorios, con actividades, servicios o técnicas que, no siendo prestación sanitaria, se consideran imprescindibles para ciertas patologías, caso de los cosméticos para pacientes con enfermedades raras. Y además se creará la Agencia de Evaluación de Tecnologías, que será la encargada de determinar la ordenación de la cartera de servicios. Mejoras permitirán maximizar la eficiencia y generar un ahorro de unos 500 millones.

En lo que se refiere a Recursos Humanos, el Consejo ha acordado elaborar un catálogo homogéneo de categorías profesionales, donde se establezcan las equivalencias entre los distintos servicios de salud. El objetivo es facilitar la movilidad de los profesionales sanitarios. Además, se regulan las áreas de capacitación para hacer realidad las superespecialidades. Por ejemplo, la cirugía cardíaca infantil. Estas medidas permitirán una eficiencia de 470 millones de euros.

Y por último, la ministra ha tratado la plataforma centralizada de compras, con la que el Ministerio de Sanidad pretende ahorrar entre el 15 y el 50% frente al sistema de compras individualizado para cada Comunidad Autónoma que se emplea, lo que supone más de 1.000 millones. La plataforma centralizada ya se ha puesto en marcha en proyectos concretos, como la adquisición de las vacunas para la gripe estacional para la temporada 2012-2013, a la que se han adherido catorce comunidades autónomas, y que ha supuesto un ahorro de más de 6,2 millones de euros respecto al año pasado, en el que sólo se adhirieron ocho autonomías.

Este plan, con el que el Ejecutivo de Rajoy pretende ahorrar 7.000 millones de euros, se aprobará en el próximo Consejo de Ministros y, según ha avanzado Mato, se podrá poner en marcha en los próximos dos meses una vez se resuelvan las modificaciones técnicas que necesita.