La ministra de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad, Ana Mato, ha anunciado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que el Gobierno va a abordar un cambio en la Ley de Extranjería evitar que familiares de residentes extranjeros legales vengan a España «exclusivamente» a recibir atención sanitaria.
En este sentido, ha explicado que se clarificarán trámites para que el empadronamiento no sea el único «requisito» para recibir asistencia sanitaria. Así, se van a establecer unos requerimientos de modo que, se va a tener en cuenta, «las personas que de verdad viven en España».
Mato ha justificado esta medida señalando «había personas de otros países que residen en España que incorporan en su tarjeta sanitaria a todas las personas de su familia que no viven en nuestro país, que venían a España exclusivamente a recibir atención sanitaria».
«Es un despropósito absoluto y queremos poner coto a esta utilización ilegal de nuestros servicios sanitarios y a los abusos que se asumen en este campo», por ello la titular de Sanidad ha explicado que el Gobierno, además de modificar la Ley, va a revisar también los convenios con algunos países, ya que «mucho no reintegran el dinero que deben por la asistencia sanitaria».
Teniendo en cuenta el informe del Tribunal de Cuentas, con los datos corresponde a datos del 2009, cifra en más de 700.000 personas las que están utilizando los servicios sanitarios de manera indebida, lo que supuso ese año un gasto de 917 millones de euros.
Pero, ha recordado Mato que este dato no esta completo si se tiene en cuenta que «hay muchos extranjeros que nos son comunitarios, que no están recogidos en el informe del Tribunal de Cuentas, porque tampoco están sujetos a convenios internacionales entre países, que también están utilizando inadecuadamente o sin derechos nuestros servicios sanitarios».
Así, a partir de ahora, a la hora de empadronarse se pedirán una serie de requisitos, «los mismo que tienen los españoles a la hora de acudir a la asistencia sanitaria», ha explicado; es decir, se tendrá en cuenta las personas que «de verdad», ha recalcado, viven en España; y los que tienen residencia fiscal en España, «trabajan como nosotros y pagan sus impuestos».
Además se incluirá el Artículo 7 de la directiva relativa al derecho de los ciudadanos de la unión y de los miembros de su familia a circular y residir libremente en el territorio de los estados miembros.
La directiva ya está incorporada al derecho español, «lo sorprendente es que se incorporo completa salvo este articulo que es el que prohíbe expresamente desplazarse a otro país con el objetivo de recibir atención sanitaria. «Por ese motivo muchas personas se han desplazado a nuestro país ha hacer lo que todo el mundo conoce comúnmente como turismo sanitario», ha añadido.
El ahorro que el Gobierno espera conseguir son unos 1.500 millones de euros, que se conseguirían de los casi 1.000 millones de euros que cuesta la asistencia sanitaria a los europeos y, aproximadamente, otros 500 millones de euros que es el gasto que supone la asistencia sanitaria a los a inmigrantes que traen a familiares sin derecho a prestación.
A su juicio, «se ha utilizado mal la asistencia sanitaria en la sanidad por parte de los extranjeros, tanto europeos como de otros países». Y, precisamente, este es el motivo que hace que esta media sea «imprescindible».
Toda personas que no cumpla estos requisitos, «tendrá derecho exactamente en las mismas condiciones que nosotros tenemos en sus países», aunque, ha querido dejar claro que no se le negará la asistencia sanitaria básica, porque «todas las personas tienen derecho a la asistencia sanitaria básica en España».
Lo que dice la Ley
El artículo 12 de la Ley Orgánica sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España, modificada en el año 2009, reconoce que «los extranjeros empadronados en el municipio en el que tengan su domicilio habitual» tienen derecho a la asistencia sanitaria «en las mismas condiciones que los españoles».
Con todo, sin necesidad de estar empadronados, tienen derecho a la «asistencia sanitaria pública de urgencia por enfermedad grave o accidente, cualquiera que sea su causa, y a la continuidad de dicha atención hasta la situación de alta médica». Asimismo, se reconoce el derecho de las embarazadas extranjeras a recibir asistencia durante la gestación, el parto y el posparto.
El mismo artículo recoge el derecho de los extranjeros menores de dieciocho años que se encuentren en España a la asistencia sanitaria «en las mismas condiciones que los españoles».
De este modo, con la reforma se pretende garantizar la universalidad de la sanidad y, al mismo tiempo, pone fin a los abusos en las prestaciones sanitarias y el uso fraudulento por parte de ciudadanos extranjeros de los servicios de salud». Para ello, se adapta de forma correcta la normativa europea, que permite la libre circulación, pero prohíbe explícitamente desplazarse a otro estado miembro con el único objetivo de recibir asistencia sanitaria.