Concluye el debate de las enmiendas a la totalidad de los Presupuestos Generales del Estado en el Congreso de los Diputados sin ninguna sorpresa: el PP tumba las 10 propuestas presentadas con 182 votos a favor, 156 en contra y 1 abstención, Foro Asturias y UPN dan su beneplácito a las cuentas propuestas por Rajoy y CiU se presenta como un hueso duro de roer para un Gobierno que aunque no necesitando su apoyo para aprobar nada en la Cámara Baja, sí está preocupado por la lectura que los ciudadanos puedan hacer de esta escisión tan acusada entre el Ejecutivo ‘popular’ y el resto de los partidos de la oposición. Aún así, y a micrófono abierto, la actitud del Gobierno sigue siendo de total optimismo. «Estoy contento. Estos presupuestos son buenos para España», ha dicho Mariano Rajoy en los pasillos del Congreso , mientras sus colaboradores más cercanos siguen manteniendo contacto directo con los nacionalistas catalanes.
Al final, las negociaciones de esta semana no han prosperado: Cataluña sigue reclamando los 219 millones de euros que la disposición adicional tercera del Estatut de Cataluña reconoce a la Generalitat, mientras que el Gobierno repite hasta la saciedad que «no hay margen para gastar más». Ahora bien, tiempo al tiempo. Aún quedan varias semana para su aprobación final. Entonces, cuando esto ocurra, comprobaremos si al final las negociaciones que diferentes miembros del Gobierno están manteniendo con CiU han llegado a buen puerto o no. Por el momento, el portavoz de CiU en el Congreso, Josep Antoni Duran i Lleida, ha insistido en los pasillos del Hemiciclo que no «ve posibilidad de entendimiento», aunque lo cierto es que este miércoles hemos podido comprobar cómo mantenía una conversación con el ministro de Industria, José Manuel Soria.
Sea como fuere, solos o en compañía, lo cierto es que el Gobierno ha apelado a la «legitimidad» que les da la mayoría absoluta para redimir la falta de apoyos en el Parlamento. «Cuento con un Gobierno fuerte, con apoyos suficientes y una amplia mayoría en la Cámara que me permite gobernar y tomar decisiones», ha resaltado el líder del Ejecutivo, que no ha podido evitar tener que reconocer que los presupuestos incluyen unas «medidas difíciles, duras y que no gustan», no obstante, «son las que, sin ningún género de dudas van a llevar a la recuperación», ha concluido en un breve encuentro con los periodistas.
En este mismo sentido se ha manifestado el ministro de Hacienda y responsable de la elaboración de estas cuentas, Cristóbal Montoro, que se ha negado a admitir que el Gobierno esté solo. «Eso que llama ‘soledad’ es una mayoría absoluta y, además, flanqueada por otros grupos que también han votado en contra de esas enmiendas, es decir, a favor del presupuesto. ¿Cuántos gobiernos en Europa pueden actuar en soledad? Eso lo hace el Gobierno de España porque tiene un apoyo basado en 10,8 millones de votantes, un censo más que suficiente», ha alardeado el ministro, para quien lo importante no son los apoyos sino el cumplimiento de un objetivo de déficit «irrenunciable», puesto que «o cumplimos con él o nos cargamos el euro», ha dicho de manera más directa e indiscreta en los pasillos.
Se oyen tambores de «intervención»
En cuanto a su relación con CiU, que en esta ocasión se ha pasado al ‘lado oscuro’, Montoro sólo ha tenido palabras amables: «Cataluña tiene toda la prioridad del Gobierno. España necesita a Cataluña puesto que es uno de los grandes motores de nuestra economía». El talante negociador del Gobierno queda presentado en bandeja de planta, un día después de que Duran i Lleida advirtiera en el Hemiciclo del «hartazgo» de la sociedad catalana. No obstante, las relaciones entre ambas formaciones no pasan por su mejor momento. La amenaza de «intervención» que cierne sobre aquellas comunidades que no cumplan con el 1,5%, unido al rechazo absoluto del Gobierno a gastar más, no están ayudando.
El ministro de Hacienda no ha querido poner nombres y apellidos, pero sí ha advertido por activa y por pasiva, de que al Gobierno no le temblará el pulso si tiene que «tomar el control de alguna CCAA que no haga bien los deberes». Este miércoles ya lo anunciaba en su primera intervención: «Hay dudas sobre la viabilidad financiera de las autonomías». Así que con este talante en una mano y la nueva Ley de Estabilidad Presupuestaria en la otra -que este miércoles se valida definitivamente en el Senado-, Montoro vería legitimada tal acción. «La Constitución nos lo permite», ha asegurado.
Por el momento, Cataluña y Andalucía se presentan como las primeras de la lista. Artur Mas ya se ha pronunciado al respecto: habrá convocatoria de elecciones anticipadas si eso ocurre. Y Andalucía, a la espera de que PSOE e IU formen un gobierno de coalición, no quiere aún pensar en ello. Fuentes de Izquierda Unida han confirmado a Estrella Digital que no creen que al Gobierno «se le ocurra hacer algo así». «Existirá presión política, eso seguro», pero si intervinieran Andalucía, «esa actitud le podría pasar a Rajoy la misma factura que la guerra de Irak a Aznar», ha advertido un alto dirigente de la formación. Fuentes gubernamentales, por su parte, han asegurado a este diario que no hay un plan ni un interés político en intervenir ninguna comunidad autónoma. Aunque han matizado: «Esta medida sólo se adoptará si se juzga necesario a la vista de las cuentas de las distintas regiones».
El objetivo: cumplir con Europa
A continuación, el ministro de Hacienda tampoco se ha querido olvidar de los vecinos del norte. El Gobierno continúa insistiendo en que «éstas son las cuentas que nos devolverán la confianza», en Europa y en el resto del mundo. Aunque el principal objetivo del Ejecutivo ‘popular’, por supuesto, es Europa: «El proyecto de España es el de Europa y por ello debemos de cumplir con el objetivo de déficit», ha insistido Montoro, que también ha resaltado el proyecto de reformas que el Gobierno llevará a Bruselas como aval de su compromiso. De hecho, este viernes, el Ejecutivo tratará en el Consejo de Ministros el Plan Nacional de Reformas y el Programa de Estabilidad, y avanzará las próximas reformas que Rajoy tiene pensado acometer, como es el caso del «plan de racionalización de las administraciones», es decir, «eliminar duplicidades y simplificar competencias», según fuentes gubernamentales. «Una competencia, una administración», tal y como anunció Rajoy en el debate de investidura.
Elsa Sardina Vejo