Al final no ha quedado más remedio, o por lo menos, ésa es la sensación que el ministro de Economía, Luis de Guindos, ha querido transmitir en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en el que tenía previsto explicar el Programa de Estabilidad y el Plan Nacional de Reformas que el Gobierno enviará ya a Bruselas: El objetivo de déficit del 3% pactado con la UE para 2013 obligará a Rajoy a subir los impuestos al consumo, es decir, el IVA y otros impuestos especiales, como los que gravan el alcohol, la gasolina o el tabaco. Con todo ello, el Estado espera recaudar unos 8.000 millones de euros, tal y como ha anunciado De Guindos.
Según el ministro, el objetivo del Gobierno no es otro que modificar «la estructura impositiva en España»: reducir los impuestos sobre el trabajo (IRPF) y aumentar la carga impositiva sobre el consumo (IVA e impuestos especiales). «Lo que estamos planteando es, en un momento en el que debemos dar el salto desde el punto de vista de la competitividad, reducir las cargas y la imposición sobre el trabajo, que en estos momentos está bastante penalizado, e incrementar la imposición del consumo, con un incremento neto de la recaudación que estaría en torno a unos 8.000 millones de euros», ha explicado. No obstante, el ministro ni ha querido mencionar la palabra IVA, ni ha querido concretar nada al respecto. «Este es un plan de compromisos políticos en el que España explica a Europa cuáles son sus intenciones. No son leyes aún», han matizado fuentes gubernamentales.
Ahora bien, con esta decisión, el Gobierno incumple de nuevo con uno de sus principales compromisos electorales: no subir impuestos. Y desmiente así a muchos miembros del Ejecutivo, entre ellos al propio De Guindos, que desde que llegaron al poder han insistido en reiteradas ocasiones que este anuncio nunca se iba a producir. Claro que la realidad es más compleja, y gobernar en tiempos de crisis no es la panacea. Por ello, y una vez tomadas impopulares decisiones como la que este viernes hemos conocido, no queda más remedio que justificarlas ante la opinión pública. Ése ha sido el papel que este viernes le ha tocado protagonizar al ministro de Economía, que lejos de explicar las cosas con firmeza y claridad, ha preferido optar por un lenguaje enrevesado y técnico: «Uno intenta hablar con los términos hacendísticos posibles. Se habla de imposición indirecta, pero eso no sólo es el IVA, sino otro tipo de impuestos como los impuestos especiales», ha explicado el titular de Economía, que ha asegurado que esta medida «es necesaria», puesto que varios organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional se lo está reclamando a España. «El FMI pedía reducir la imposición sobre el trabajo, de tal forma que la subida de impuestos indirectos se compensará con bajadas en otros apartados», ha dicho el ministro, que también ha argumentado que 2013 es el año elegido para ponerla en marcha, pues que es cuando «la economía comenzará a crecer de nuevo».
Previsiones de empleo 2012-2020
Por otra parte, el Gobierno prevé crear cerca de dos millones de empleos entre 2012 y 2020 por efecto del Plan Nacional de Reformas, que hará crecer a la economía española un punto por año en los próximos ocho ejercicios. En total aportará un crecimiento de 8,6 puntos entre 2012 y 2020, detalló De Guindos. De los dos millones de nuevos empleos previstos de aquí a 2020, 1,7 millones se crearían gracias a la reforma laboral, 96.000 empleos por la reforma financiera, 39.000 vendrían de la directiva de servicios, 71.000 saldrían de la reforma de pensiones y 18.000 de la Ley de Estabilidad, según los cálculos del Ejecutivo.
En el PIB, el plan tendrá un impacto de 8,6 puntos hasta ese mismo año (1,2 puntos por la directiva de servicios, 4,5 puntos por la reforma laboral, 0,4 puntos por la de pensiones, 1,6 puntos por la financiera y 0,9 por la Ley de Estabilidad). Según detalló De Guindos, los objetivos del Plan Nacional son el fomento del crecimiento y la competitividad, la lucha contra el desempleo, la reactivación del crédito, la consolidación fiscal, la mejora y eficiencia en la prestación de servicios públicos esenciales y la modernización de las administraciones públicas.
Así, el texto repasa todas las medidas aprobadas hasta ahora y las que se pondrán en marcha, como la Ley de Estabilidad Presupuestaria, el Proyecto de Ley de Transparencia, las líneas ICO y el plan de pago a proveedores, la reforma educativa y la sanitaria, el plan de pago a proveedores, los cambios fiscales y los planes de ajuste de comunidades y ayuntamientos.
Además, da cuenta de la reforma laboral aprobada por el Gobierno, la del sector financiero y el plan de fomento de la Competencia, que incluye la liberalización de servicios profesionales o la garantía de la unidad de mercado, entre otras cosas. De la misma forma, se incluye información sobre la reducción del número de empresa públicas y fundaciones, el plan integral de gestión del patrimonio del Estado, la racionalización y eficiencia del empleo público y del número de Ayuntamientos y la supresión de organismos duplicados.
El Plan contiene además datos sobre la reforma de la Justicia, los cambios que afectan a la Seguridad Social (viabilidad de pensiones, lucha contra el fraude y mejora de la eficiencia) y las modificaciones realizadas en las televisiones autonómicas. Finalmente, incluye información sobre las medidas para fomentar la I+D, la optimización del uso e inversiones en las infraestructuras y la corrección de los desequilibrios en el sector energético. De Guindos ha asegurado que el Gobierno es consciente de las vulnerabilidades de la economía y cree ha presentado una estrategia «coherente» con esta situación basada en la consolidación presupuestaria y las reformas estructurales.
Elsa S. Vejo/Agencias