El Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que se celebrará mañana supone un duro trance para las autonomías, que tendrán que defender ante Hacienda sus planes de viabilidad y, lo más difícil, verlos aprobados, si es que no quieren ser víctimas de la intervención, en último extremo, por parte del Gobierno.
Los consejeros viajarán mañana a Madrid con sus planes de ajuste bajo el brazo, planes que previamente han tenido que enviar al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para su estudio. Ahora es el momento de la verdad, de ver si pasan la reválida y sirven para lograr el objetivo de déficit que el Gobierno les exige este año: el 1,5 % del PIB.
En un CPFF que se prevé largo y que está convocado a las cuatro de la tarde, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, escuchará los argumentos de los consejeros sobre sus planes de reequilibrio, que, de no convencer, podrían desembocar en la intervención.
Antes de llegar a ello, si alguno no logra el aprobado de Hacienda, la comunidad correspondiente podrá presentar las modificaciones pertinentes, que serán valoradas en un nuevo Consejo que se celebrará en el plazo de quince días.
El pasado fin de semana se encendían las alarmas al conocerse que Hacienda había encargado a la Abogacía y a la Intervención General del Estado que estudien la aplicación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria con Asturias, ante la imposibilidad de aprobar su plan económico.
Advertencia mal recibida por Foro Asturias, el partido de Francisco Álvarez Cascos, todavía hoy presidente en funciones del Principado, que cree que el Gobierno central les quiere convertir en «ariete y cobaya» para dar ejemplo al resto de comunidades e interferir así en la formación del futuro Ejecutivo regional, por lo que han remitido su plan a la Comisión Europea junto a una carta en la que se denuncia la «falsedad» de los datos de Hacienda.
Para defenderse de la intervención, Álvarez-Cascos ha dado cuenta de un superávit presupuestario de 57,7 millones de euros hasta este mes, frente al déficit de 229,7 millones con que se cerró el mismo periodo de 2011.
Todas las comunidades han adelgazado sus presupuestos para este año. Ayer mismo, Andalucía anunciaba un recorte de 2.500 millones de euros, que afectará a complementos salariales de los funcionarios y se traducirá en una subida de impuestos.
No sólo los planes de ajuste de las comunidades socialistas serán estudiados con detalle, también los de algunas populares, como es el caso de la Comunidad Valenciana. Esta autonomía está dispuesta a «dar la cara» y a «hacer creíble» su plan, que cree que será aprobado, aunque no descartan alguna «corrección».
Más segura se muestra Cataluña, que dice no tener constancia de que Hacienda haya devuelto o puesto en cuestión su plan, como -por otra parte- tampoco ha hecho el Gobierno con ninguna comunidad.
Ayer, Cataluña anunciaba su tercer plan de ajustes en dos años, para recortar 1.500 millones de euros, que contempla reducir plantillas de empresas públicas, privatizaciones de empresas y patrimonio y alguna nueva tasa, como una matrícula en la FP de grado superior.
Mas ha culpado de los ajustes al Gobierno del PP y al anterior socialista, y ha subrayado que si recibieran los 759 millones de euros por deudas en cumplimiento del Estatut del año pasado, el plan de ajuste se reduciría a la mitad.
Pero sobre la reunión de mañana, además de las cifras, planearán los recursos de inconstitucionalidad anunciados tanto por Andalucía como por el País Vasco contra los ajustes del Gobierno en materia de sanidad y educación.
Ésta última autonomía se ha mostrado ahorradora en su plan, al reducir partidas de inversión por valor de 116 millones para compensar la caída del 2 % de los ingresos previstos, al igual que ha hecho su vecina Navarra, con un ajuste de 54 millones.
Otra comunidad que afronta el CPFF con una situación delicada es Murcia, que ha aprobado un plan de reequilibrio por importe de 623 millones, de los que 219 proceden de la obtención de nuevos ingresos y 404 de un paquete de medidas de recorte del gasto.
Castilla-La Mancha, que cerró 2011 con el peor dato de déficit de España, el 7,3 % de su PIB, aún no tiene aprobados sus presupuestos pero ejecutará un importante recorte.
Momento difícil vive también Extremadura, que deberá pagar antes de que acabe el año 138,4 millones de euros a entidades financieras por el vencimiento de préstamos pendientes. Sus presupuestos se elevan a cerca de 5.000 millones de euros, con una reducción de 276 respecto a 2011.
Más tranquila acude a la cita Galicia, que cerró 2011 con un déficit del 1,6 %, casi la mitad que la media de las autonomías.
Insólita es la medida tomada por Madrid, cuya presidenta, Esperanza Aguirre, acaba de anunciar que presentará un anteproyecto de ley de modificación de los presupuestos de 2012, con la intención de incorporar más recortes. Madrid ha ahorrado más de 2.200 millones de euros desde 2008.
Castilla y León llega al CPFF sin un proyecto de ley de presupuestos presentado, con un techo de gasto fijado en 9.108 millones de euros y con el apoyo al Ejecutivo central en todos los recortes.
Por su parte, Aragón ha puesto en marcha un plan de reestructuración del sector público por el que las 103 empresas participadas por el Ejecutivo pasarán a ser cuarenta; Cantabria prevé obtener 157 millones de euros con su plan de sostenibilidad y La Rioja prefiere esperar a que se apruebe su plan para darlo a conocer, y sólo ha avanzado que será «normalito» y «no sorprenderá».
Baleares y Canarias también han hecho los deberes para el Consejo y mientras la primera aprobó un plan de equilibrio cuantificado en 350 millones de ahorro, con una previsión de ingresos en cerca de 73, la segunda proyecta una subida de impuestos con los que pretende recaudar unos 250 millones.
Estrella Digital/EP