El Congreso de los Diputados convalidará este jueves el Real Decreto-ley de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud así como mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones, con el que el Gobierno pretende ahorrar 7.000 millones de euros en la sanidad.
La norma, aprobada por el Consejo de Ministros el pasado 20 de abril, pretende, según el Gobierno, garantizar la «universalidad» de la sanidad pública y, al mismo tiempo, poner fin a los «abusos» en sus prestaciones.
Oposición, sindicatos y organizaciones sociales se oponen a la reforma al considerar que se trata de un cambio del modelo sanitario y que pone en riesgo la salud de los colectivos más vulnerables, como ancianos e inmigrantes.
El decreto fija la nueva aportación del ciudadano -incluidos los pensionistas- en el pago de los fármacos.
Este «copago» será proporcional a la renta y se actualizará como máximo anualmente.
Así, los usuarios empezarán a pagar más por los medicamentos a partir del próximo 1 de julio y, además, tendrán que abonar parte de los productos ortoprotésicos y dietéticos, así como el transporte sanitario no urgente.
A los inmigrantes en situación irregular se les retirará la tarjeta sanitaria el 1 de septiembre y solo serán atendidos en urgencias, por enfermedad grave o accidente, y durante el embarazo, parto y postparto, aunque los menores de 18 años recibirán la misma asistencia médica que los españoles.
Los pensionistas pagarán con carácter general el 10% de los fármacos, con unos límites de entre 8 y 60 euros mensuales.
Los usuarios con un nivel de renta por encima de 18.000 euros pagarán el 50% del precio del medicamento, mientras que los que estén por debajo de esa cantidad seguirán abonando el 40% actual y aquellos con más de 100.000 euros pagarán el 60%.
La norma sienta las bases para establecer una cartera de servicios común para todas las comunidades autónomas, que serán gratuitos, mientras que se acordará una cartera suplementaria, sujeta a «copago».
Educación
Los parlamentarios debaten y convalidarán el Real Decreto-ley de medidas urgentes de racionalización del gasto público en educación con las que las CCAA podrán ahorrar 3.000 millones de euros en conjunto, según calcula el Gobierno, para que no superen este año el 1,5 % de déficit.
La norma, que contará como mínimo con el respaldo de la mayoría absoluta del Grupo Popular, fue aprobada por el Consejo de Ministros el 20 de abril.
Afecta a todos los niveles educativos de forma temporal o permanente e implica la modificación parcial de las leyes orgánicas de Educación (LOE) y de Universidades (LOU), aunque «se ha salvaguardado el contenido esencial» del derecho a la educación regulado en el artículo 27 de la Constitución, según asegura el texto legislativo.
Entre otras medidas de la enseñanza no universitaria, el máximo de alumnos por aula de centros públicos y privados concertados podrá aumentar un 20 % desde el curso próximo, siempre que la limitación de la tasa anual de reposición de funcionarios docentes sea inferior al 50 %.
El profesorado de la educación pública y concertada en infantil y primaria tendrá un mínimo de 25 horas lectivas semanales, y de 20 en las otras enseñanzas.
En las universidades públicas, los alumnos pagarán en primera matrícula entre el 15 y el 25 %, según decida cada comunidad, del coste real de los grados y de los másteres que habilitan para ejercer profesiones.
El incremento de la segunda y siguientes matrículas en unos mismos estudios por los repetidores será progresivo hasta llegar a cubrir todo el coste de las enseñanzas.