El cumplimiento estricto de los objetivos de déficit continúa obsesionando al Gobierno de Mariano Rajoy. Tanto es así, que en la Ley de Transparencia que este viernes ha aprobado el Consejo de Ministros, el Ejecutivo ha aprovisionado al Ministerio de Hacienda de los instrumentos necesarios para sancionar a aquellos altos cargos de todas las administraciones pública que no cumplan con la Ley de Estabilidad Presupuestaria o el Código de Buen Gobierno. En el caso de que los inclumplidores sean los ministros, será el Gobierno el encargado de sancionarlos. ¿Cómo? Destituyéndoles de su cargo, puesto que según ha explicado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior a la habitual reunión ministerial, de la inhabilitación se encargaría un juez.
El principal objetivo de esta medida es que la actividad y las cuentas de las administraciones sean más accesibles para los ciudadanos y que los responsables de lo público respondan por su gestión. En este caso, y tal y como ha informado la portavoz gubernamental, el incumplimiento de esta función no sólo le acarreará al alto cargo o miembro de Gobierno el inmediato cese de su puesto, sino también la pérdida de la correspondiente indemnización que llevara asociada.
Tal y como reza en su texto inicial, esta ley impondrá sanciones a los políticos que oculten facturas, incumplan el límite de déficit público o no aporten la documentación requerida por los tribunales o los órganos de fiscalización contable. Pero incluso irá más allá, porque incurrirán en delito los cargos que despilfarren el dinero público. Para ello, la nueva normativa incorporará una disposición adicional que modificará el Código Penal y donde se tipificará como delito las infracciones más graves en la gestión de los recursos públicos. En concreto, se castigará con una pena que podría alcanzar hasta los diez años de inhabilitación a los cargos que sobrepasen el presupuesto aprobado. Aunque este sistema sancionador sólo será ejecutado por la autoridad legal competente, no por la Administración, tal y como ha aclarado Sáenz de Santamaría.
La Casa del Rey y el silencio negativo
Ésta no es la primera vez que se debate sobre transparencia en la mesa del Consejo de Ministros. El pasado 23 de marzo, el Ejecutivo presentó el anteproyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. Entonces se estableció un periodo de 15 días para que los ciudadanos realizaran a través de las webs institucionales las aportaciones correspondientes. Y este viernes ha sido cuando el Gobierno las ha estudiado. Según ha informado Sáenz de Santamaría, en total, el Ejecutivo ha recibido 3.669 emails con observaciones ciudadanas.
De entre todas estas peticiones, el Gobierno ha decidido incluir algunas de ellas en el texto que pretende remitir al Congreso de los Diputados, pero que probablemente no será discutido hasta el próximo curso político. Tal y como ha explicado la vicepresidenta, se ha aceptado ampliar a los sujetos a los que afectará esta normativa, como por ejemplo, los colegios profesionales y los adjudicatarios de contratos públicos, aunque la Casa Real vuelve a quedar fuera de este control. A pesar del reclamo popular, el Ejecutivo sigue insistiendo en que Zarzuela «no forma parte del grupo de administraciones públicas que deben facilitar documentos a la ciudadanía».
Además, los ciudadanos también se quedarán sin conocer aquellos datos que la Administración considere que vulneran la seguridad nacional. Según ha confirmado Sáenz de Santamaría, el Gobierno ha decidido mantener el silencio negativo. «Creemos que es necesario en materias sensibles como la seguridad nacional, o para proteger intereses públicos o de terceros que hay que preservar», ha explicado.
Por otra parte, el Ejecutivo ha decidido reforzar la independencia de la futura Agencia de Transparencia -hasta ahora agencia de calidad de los servicios- con un régimen de nombramiento de su presidente similar al de los organismos supervisores. «Que lo que la ley incluya se cumpla». Ese es el principal objetivo del Gobierno para esta normativa que, según ha insistido la vicepresidenta, ayudará a la credibilidad de España.