España tiene 47 millones de habitantes. De ellos, el 24,4%, es decir, casi cinco millones, no tienen trabajo. Y, del total de la población, casi 500.000 son políticos. Cargos políticos que viven del erario público y para los que la crisis está pasando de puntillas.
Las soluciones a la crisis pasan, por lo visto, por los recortes que ha puesto encima de la mesa el Gobierno que afectan a Educación, Sanidad, Dependencia, inversiones públicas e I+D+I, pero miran de reojo al enorme aparato de la Administración Pública española, al menos en lo que respecta a los cargos de representación y de confianza política. Un coloso que tiene Congreso, Senado, Parlamentos regionales, Diputaciones, Ayuntamientos y demás agencias, empresas y fundaciones, en los que siempre hay alguien “de confianza”, que se sufragan con los impuestos. Los tributos de los ciudadanos y ciudadanas pagan los sueldos de los mismos organismos a nivel estatal y a nivel regional como, por ejemplo, es el caso del Defensor del Pueblo en comunidades como Andalucía. Hay regiones, como Castilla-La Mancha, que ya han suprimido esta figura. Madrid eliminará el mes que viene el Defensor del Menor. También el Ejecutivo central anunció en marzo que adelgazaba un 17,4% el número de las empresas públicas y la reducción de un 10% en los altos cargos, pero, si los recortes en otros servicios siguen adelante, está claro que esto no es suficiente.
Como señalábamos en la información publicada ayer por Estrella Digital, España es el país de la UE que más cargos políticos tiene, 445.000, y suman más que médicos, policías y bomberos juntos. La pregunta ahora es saber si cada uno de estos políticos podría vivir con 641 euros al
mes. Éste es el Salario Mínimo Interprofesional que está establecido en España y que congeló el Gobierno de Rajoy al poco tiempo de llegar a La Moncloa. Una cifra muy por debajo de los 1.365 euros que se pagan en Francia o las 1.027 libras (1.230 euros) de Reino Unido.
En sucesivos artículos que publicaremos en este diario, contaremos si es necesario que el número de cargos públicos sea tan abultado. Nos preguntaremos si los políticos perciben un sueldo justo teniendo en cuenta que muchos sólo asisten a las votaciones clave y apenas tienen actividad parlamentaria. Si el Estado de las Autonomías y las Diputaciones se justifican ante una situación de esta envergadura. Sobre quién fija el sueldo de alcaldes y concejales y de acuerdo con qué criterio. Nos interrogaremos acerca de la dedicación que tienen nuestros políticos a su trabajo. Y si, finalmente, el ruedo político adelgazará y se estilizará con la crisis, Si será proporcional a nuestra población y de acuerdo con la filosofía de cinturón apretado o solamente lo están poniendo a dieta para salir del paso.