El temporal no arrecia. Europa no acaba de ponerse de acuerdo en la solución conjunta a esta grave crisis que afecta al ‘Viejo Continente’. Y el tiempo corre en nuestra contra. Debemos actuar con contundencia y lanzar un mensaje claro al exterior. Pero la labor no es sencilla. Por ello, el Gobierno de España, pese a su desesperada insistencia a Bruselas y al BCE para que actúe, ha decidido continuar con su plan de reformas para estimular el crecimiento y generar empleo, máximas inamovibles del Ejecutivo de Rajoy. Así que una vez aprobadas iniciativas tan relevantes como la Ley de Estabilidad Presupuestaria, la reforma laboral o la reforma financiera, ahora le ha tocado el turno al sector comercial: Decreto Ley de Liberalización del Comercio.
El objetivo del Ejecutivo no es otro que eliminar trabas administrativas y buscar una mayor unidad de mercado en beneficio de aquellos emprendedores que en tiempo de crisis -como los que atravesamos-, están demostrando tener iniciativa empresarial. En estos términos se ha manifestado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este viernes. «Este Gobierno apoya a todos los emprendedores que, en estos momentos de crisis, deberían tener la alfombra roja de la Administración para poder sacar adelante su negocio y sus puestos de trabajo», ha sentenciado.
Así que siguiendo el ejemplo de la gran mayoría de los países miembros de la OCDE, Rajoy ha decido instaurar en España la «licencia express», por el momento sólo aplicable a pequeños comercios con una superficie inferior a 300 metros cuadrados, aunque la vicepresidenta no ha descartado que en un futuro no muy lejano sea extensible al resto de establecimientos. De esta manera, una vez que entre en vigor este nuevo decreto ley, todos aquellos emprendedores que decidan abrir un nuevo negocio en España sólo necesitarán entregar en el ayuntamiento una «declaración responsable» y pagar los impuestos correspondientes. Fuera licencias e incordios administrativos, que hasta el momento sólo costaban tiempo y dinero a los comerciantes, ha reiterado en numerosas ocasiones la ‘número dos’ de Rajoy.
España ocupa el puesto 133 en una lista de 183 países en función de los trámites que es necesario cumplimentar para abrir un negocio, según el estudio Doing Bussiness 2012 que elabora el Banco Mundial. Las cifras aportadas por la OCDE ponen de manifiesto que España es el segundo país de Europa donde más trámites es necesario cumplimentar para crear una empresa. «Estamos en muy mala situación a la hora de dar oportunidades para abrir negocios», ha señalado la vicepresidenta, que también ha explicado que se trata de «un mínimo común denominador para todos los ayuntamientos, pero las comunidades autónomas pueden ir ampliando y desde luego el Gobierno irá revisando su entrada en vigor y su funcionamiento para poder ir generalizando este sistema».
A imitación de lo que ya aprobó Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid hace escasos meses, ahora a la Administración Central no le quedará más remedio que confiar en la buena voluntad de los comerciantes a la hora de abrir un negocio. «Se trata de una medida que busca cambiar la cultura administrativa, liberalizar el comercio, simplificar los procedimientos, agilizar los trámites y acabar con la burocracia», ha explicado Sáenz de Santamaría. Eso sí, y tal y como ha aclarado la portavoz, la administración local seguirá controlando que se cumple con la legalidad. «Sólo que ahora en vez de hacerlo antes de la apertura, se hará después», ha sentenciado Santamaría, minutos antes de explicar que en caso de incumplimiento, dependerá de la gravedad y la circunstancia para tomar decisiones. «Si el inspector detecta algún problema, dará al comercio un plazo para que lo subsane antes de optar por la sanción», ha concluido.
Elsa S. Vejo