La profunda crisis económica que azota España ha disparado el número de personas que son incluidas de forma indebida en archivos de morosos, sobre todo en los sectores de las telecomunicaciones y bancarios, según el director de la Agencia Española de Protección de Datos, José Luis Rodríguez.
A punto de cumplir un año al frente de este organismo, Rodríguez revisa lo fácil que es entrar en Internet y lo difícil que puede ser borrar el rastro, la necesidad de disponer de instrumentos para verificar la edad de los internautas, o cómo va a ayudar el reglamento que prepara la UE a poner coto a las grandes empresas que operan desde fuera de las fronteras europeas.
Durante ese año ha comprobado cómo han crecido las denuncias de quienes sienten vulnerado su derecho a la protección de sus datos (en 2011 un 50 por ciento), debido -explica- a la creciente concienciación de los ciudadanos sobre la protección de su privacidad y al conocimiento cada vez mayor de los instrumentos que tienen a su disposición para protegerla.
Rodríguez apunta que la mayoría de esas denuncias está relacionada con videovigilancia y con la inclusión «indebida» en ficheros de morosidad, y señala «sin lugar a dudas» que la crisis está detrás de esas infracciones, a pesar de que la ley establece de forma clara las condiciones que se deben cumplir antes de incluir a una persona en un fichero de morosos.
«Esa inclusión es en muchos casos indebida, porque no se trata de una deuda cierta; porque no ha sido debidamente reclamada, o porque no se ha comunicado previamente al afectado», señala José Luis Rodríguez, quien alerta de la trascendencia de esa inclusión.
Internet no es gratuito, se paga con privacidad
Entre los asuntos que están centrando la actividad de la AEPD durante los últimos años, Rodríguez cita Internet en general y la utilización de las redes sociales en particular, y advierte de la «perversidad de origen» sobre la que se asienta el modelo de negocio en la red.
«Internet ofrece una pluralidad de servicios muy útiles, muy atractivos y muchos, aparentemente, gratuitos», observa el director de la Agencia, pero advierte que esos servicios se financian al cien por cien con publicidad y para que esa publicidad sea efectiva han desarrollado técnicas muy sofisticadas que permiten conocer cómo se comporta cada usuario y disponer de un perfil de sus gustos, preferencias e inquietudes.
«Internet no es gratuito, se paga con privacidad», concluye el director de la Agencia Española de Protección de Datos, y advierte de lo fácil que resulta entrar en la red y lo difícil que es salir y borrar el rastro que se ha dejado en la red.
Se trata, a su juicio, de la primera vez en la historia en la que resulta más barato conservar información que borrarla, debido a la capacidad prácticamente ilimitada de las memorias digitales.
Insiste por ello en la responsabilidad de las empresas que trabajan en la red, sobre todo de los potentes «buscadores» que indexan la información prácticamente de por vida, pero también de las personas que vuelcan información e imágenes personales, sobre todo de menores.
«Pero tampoco se puede fiar todo a un autocontrol excesivo, porque llevado esto hasta las últimas consecuencias puede llegar incluso a impedir el libre desarrollo de la personalidad», mantiene el máximo responsable de la AEPD, pero sí incide en la necesidad de disponer de mecanismos eficaces para recuperar el control sobre la información que se «colgó» y ejercer así otro de los derechos que se abre camino entre los usuarios de la red: el derecho al olvido.
¿Cómo verificar la edad de los menores en Internet?
Apunta por otra parte la importancia de cumplir la ley y de impedir que los menores de 14 años puedan ceder datos personales sin consentimiento paterno, aunque en la práctica no se han desarrollado mecanismos fiables y eficaces para verificar la edad de la persona que se da de alta en una red.
El director de la AEPD señala en este sentido la necesidad de generalizar el uso del DNI electrónico e incluso de obligar a los proveedores de servicios para menores en Internet a contrastar con la administración los datos que reciben.
«Los usuarios lo van a demandar cada día más; las autoridades lo vamos a exigir con énfasis; y las empresas que no se adapten van a estar en desventaja en el mercado», asegura.
La Comisión Europea ultima un nuevo reglamento sobre protección de datos, una norma (la anterior es de año 1995) que según José Luis Rodríguez va a reflejar la realidad de una nueva sociedad donde Internet se ha convertido en una herramienta cotidiana.
A su juicio, el nuevo reglamento define con nitidez el ámbito de aplicación de la norma y deberán atenerse a las nuevas reglas no sólo quienes tengan un establecimiento en la UE, sino todos aquellas empresas que aunque no estén localizadas en Europa traten con los datos de sus ciudadanos.
Así, la tutela será más eficaz frente a las grandes corporaciones que actúan desde fuera e invocan que el derecho europeo no les es aplicable; «pero los daños y las lesiones los causan a personas de la UE», por lo que a su juicio el nuevo reglamento va a contribuir a poner coto a las grandes empresas que operan desde fuera y a tutelar mejor el derecho a la protección de los datos personales.