La Comisión Europea (CE) ha asegurado hoy que «la financiación del Estado español está asegurada» y ha pedido al gobierno «perseverancia» en sus esfuerzos para recuperar la «confianza» de los mercados.
«Los desarrollos en el mercado de deuda reflejan las tensiones cuyo origen no se sitúa únicamente en España, sino que obedecen a incertidumbres diversas: la fragilidad del sistema financiero, los desarrollos en otros miembros de la zona euro y a un contexto macroeconómico de ligera recesión en Europa», ha explicado el portavoz económico de la CE, Amadeu Altafaj.
Para Bruselas, esa situación de los mercados muestra la necesidad de «perseverar» en las decisiones tomadas por España en los ámbitos presupuestarios, de las reformas estructurales y en el sector bancario.
Paso hacia la unión bancaria
La Comisión Europea presenta su propuesta estrella para la gestión de futuras crisis bancarias que supondrá un primer paso hacia la unión bancaria que la Unión Europea (UE) pretende crear y que obligará a la banca a rescatarse a sí misma.
La propuesta incluye la creación de fondos nacionales de resolución que tendrán la obligación de prestarse mutuamente para financiar una reestructuración o una liquidación ordenada de una entidad con graves problemas y que pondrán en común sus medios para hacer frente a problemas bancarios transfronterizos.
Eso supone el «embrión» de un fondo europeo de resolución que las máximas autoridades europeas aspiran crear en un futuro en el marco de la unión bancaria que promueven y que incluirá iniciativas como un sistema de garantías de depósitos común o un supervisor bancario europeo para la banca sistémica.
Esos fondos se financiarán con contribuciones de la banca y de firmas de inversión y su propósito es facilitar una reestructuración o liquidación ordenada de un banco insolvente y no rescatarlo u otorgarle una ventaja injusta desde el punto de visto de la competencia, señalan desde la Comisión Europea.
De esta manera, los fondos de resolución se podrán utilizar solamente para, por ejemplo, dar préstamos a «bancos puente temporales», para comprar activos específicos de una entidad en proceso de resolución o para garantizar ciertos activos o pasivos de una institución financiara sometida a resolución.
La otra gran novedad es el denominado «bail-in», es decir que serán los accionistas y acreedores los que rescaten al banco y ya no los contribuyentes mediante las ayudas estatales multimillonarias.
Las autoridades de resolución nacionales tendrán el poder de imponer quitas o pérdidas a los accionistas y bonistas que no gozan de ningún privilegio o derecho preferente en caso de concurso de acreedores en un proceso de quiebra y a convertir deuda en acciones y capital.
Esta herramienta no entrará en vigor hasta 2018 y habrá una «jerarquía» de los activos a utilizar para restaurar la posición de capital de una entidad: se empezará por las acciones y otros instrumentos similares y después los acreedores asumirían pérdidas sobre deuda subordinada y por último sobre deuda sénior.