Este lunes finaliza el plazo para que las entidades financieras remitan al Banco de España sus planes de saneamiento para dar cumplimiento a los dos últimos reales decretos aprobados para cubrir los riesgos derivados del crédito al sector inmobiliario, a pesar de la intención del Gobierno de pedir ayuda a la Unión Europea para recapitalizar el sector.
Los planes del Gobierno para solicitar asistencia no modifican las condiciones de los dos decretos aprobados, de forma que las entidades tendrán que presentar igualmente sus planes de saneamiento el lunes, tal y como dijo este sábado el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos.
En cualquier caso, Europa ha garantizado una ayuda de hasta 100.000 millones de euros a España, aunque el Gobierno no formalizará la petición hasta que no disponga de los informes de las auditoras independientes (Roland Berger y Oliver Wyman) y conozca las necesidades de capital exactas que precisa el sector.
El próximo 21 de junio está previsto que se conozcan los informes de Oliver Wyman y Roland Berger sobre la capacidad de resistencia de los activos bancarios en España a un escenario económico adverso y podrían servir de base para que el Banco de España determine eventuales necesidades de capital.
La segunda fase del ejercicio de transparencia sobre el sector bancario español impulsado por el Gobierno incluye la auditoría que acometerán Deloitte, KPMG, PwC y Ernst & Young sobre la clasificación de los créditos y de los riesgos de la banca española. Los trabajos deberán estar concluídos el 31 de julio y podrían desvelar necesidades de provisiones.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) desveló en la madrugada del sábado que el sistema financiero español requerirá más de 40.000 millones de euros, de acuerdo con el informe de evaluación que inicialmente se iba publicar el lunes.
El anterior informe sobre la banca española elaborado por el organismo que preside Christine Lagarde del pasado 25 de abril ya aconsejaba a España adoptar medidas rápidas y decisivas para fortalecer el balance de una entidad de gran tamaño, en alusión directa a Bankia.
Dicho informe, que también avisaba de que las opciones privadas para recapitalizar la banca española estaban agotadas y apuntaba a la necesidad de recurrir a dinero público, se anticipó en tan sólo unos días al plan de saneamiento pilotado por el Gobierno para sanear Bankia, que será nacionalizada y recibirá respaldo estatal por 23.465 millones de euros.
El nuevo equipo gestor de Bankia encabezado por José Ignacio Goirigolzarri solicitó la conversión en acciones de un préstamo público por 4.465 millones de euros, así como otros 19.000 millones de euros de dinero público para garantizar su viabilidad y la estabilidad del conjunto del sistema financiero español.
No obstante, la factura de la reestructuración financiera no deja de crecer, ya que las nacionalizadas Catalunya Caixa y Novacaixagalicia requieren otros 9.000 millones de euros, según desveló el subgobernador del Banco de España, Javier Aríztegui, en su comparecencia a puerta cerrada en el Congreso.