El número dos del Ministerio de Economía, Fernando Jiménez Latorre, trabajó hasta su nombramiento como secretario de Estado para el mismo grupo al que pertenece Oliver Wyman, una de las dos consultoras independientes a las que el Gobierno y el Banco de España han encomendado evaluar el sistema financiero español.
Entre 2004, cuando cesó como director general de Defensa de la Competencia tras la victoria de Zapatero, y diciembre de 2011, cuando se produjo su designación como secretario de Estado, Jiménez Latorre ocupó el puesto de director asociado de Nera Economic Consulting en Madrid: allí capitaneó el grupo de política de competencia de la firma.
Al igual que Oliver Wyman, Nera es una compañía del holding estadounidense Marsh&McLennan. Y ambas se encuadran en la misma subdivisión del grupo, según el gráfico que en forma de árbol exhibe Marsh&McLennan en su web. Ahora, Jiménez preside el comité de dirección encargado de coordinar los trabajos de Wyman y la otra auditora contratada, Roland Berger. Serán los resultados de ese análisis los que utilizará el Gobierno para cifrar el coste del rescate bancario acordado el sábado y para el que Bruselas ofrece hasta 100.000 millones de euros. La legislación española sobre conflictos de intereses prohíbe a los altos cargos involucrarse en asuntos que afecten a sociedades a las que hayan estado vinculados en los dos años previos a la toma de posesión en su puesto público. La ley no detalla si ese precepto resulta aplicable cuando tales asuntos conciernan a otras filiales del mismo conglomerado para el que hubiera trabajado un alto cargo.
Fuentes consultadas en el Ministerio de Economía negaron, en primera instancia y por la mañana, que Jiménez Latorre hubiera mantenido cualquier nexo profesional con Marsh&McLennan. Una vez clarificado que ese dato figura en la propia biografía oficial del secretario de Estado, portavoces autorizados del ministerio sostuvieron a última hora de la tarde que entre Nera Economic Consulting y Oliver Wyman, un peso pesado de la consultoría financiera, no hay vasos comunicantes. Asimismo, subrayaron que el secretario de Estado de Economía “trabajó como socio director en España de Nera Consulting, sociedad dedicada al asesoramiento en materia de competencia”. La página web de Nera Economic Consulting publicita 30 áreas de actuación. Organizadas por orden alfabético, la primera materia que figura es “Antimonopolio y competencia”. Pero la lista incluye 30 ítems en total que van desde la gestión de riesgos financieros a litigios de cuello blanco pasando por transportes y agua.
La respuesta del ministerio no aborda de forma expresa el punto del hipotético conflicto de intereses. Pero su contenido sugiere que ni considera la opción de que pueda haberlo. El departamento que dirige el ministro Luis de Guindos remarcó en una nota enviada poco después de las 20.00 horas que “la decisión administrativa sobre la contratación de los dos evaluadores independientes ha correspondido al Banco de España”. Otro de los argumentos ministeriales estriba en que “Oliver Wyman pertenece al mismo grupo como sociedad especializada en consultoría estratégica, sin relación funcional o de gestión alguna con otras sociedades del grupo, como Nera Consulting”.
“Nera Consulting –añade la nota ministerial- pertenece al grupo internacional Marsh&MacLennan, que cotiza en la Bolsa de Nueva York y tiene el centro de decisiones en esa plaza financiera”. El ministerio no accedió a desvelar el importe del contrato con Wyman y Berger. El Banco de España, tampoco.
En efecto, la adjudicación, directa y sin concurso, a esas dos consultoras fue materializada por el Banco de España. Pero la decisión política de contratar dos evaluaciones independientes para un trabajo que en teoría corresponde al organismo supervisor partió del Gobierno, como ya subrayó el propio De Guindos.
Que el Ejecutivo jugó un papel protagonista es algo que no genera controversia: el Ministerio de Economía “colaboró estrechamente” en el proceso de selección, según fuentes del Banco de España. Y así queda confirmado en la nota conjunta difundida el 21 de mayo: “El Ministerio de Economía y Competitividad y el Banco de España han acordado la contratación de Roland Berger y Oliver Wyman como evaluadores independientes”.
La misión de Berger y Wyman, y así la definió el ministro De Guindos ese mismo día, consistirá en “hacer una prueba de esfuerzo” del sistema bancario y de desarrollarla “de una forma absolutamente independiente”. Entre los hitos más conocidos de Oliver Wyman figura el de haber conceptuado en 2007 al Anglo Irish Bank como la entidad financiera más solvente del mundo. El Anglo Irish tuvo que ser rescatado en 2010.
El comunicado conjunto divulgado el pasado día 21 por Economía y el Banco de España anunciaba la creación de un comité de dirección cuya presidencia recae en Fernando Jiménez. En palabras de De Guindos, será un comité “de asistencia, de apoyo” a las dos empresas que deben examinar los balances bancarios antes de julio.
Ayer, a la pregunta sobre si el Banco de España conocía la ligazón de Fernando Jiménez con el grupo Marsh&McLennan, fuentes oficiales del organismo supervisor ofrecieron una respuesta que introduce dudas sobre su significado último: “El Banco de España –aseguraron las fuentes consultadas- tomó formalmente la decisión de contratar a las dos consultoras (Roland Berger y Oliver Wyman) en base a los criterios técnicos de las propuestas presentadas y sin tener conocimiento de que existiera ninguna incompatibilidad por parte de las dos empresas que les impidiera realizar correctamente su trabajo”.
Al contrato obtenido por Berger y Wyman aspiraban otras consultoras: principalmente, Blackrock, la mayor gestora de fondos del mundo. Pero Blackrock se quedó por el camino justamente porque sus participaciones con derecho a voto en el BBVA y en el Santander superan en ambos casos el 4%. Y ese elemento abría un frente en el delicado campo del conflicto de intereses.
Lo que dice la ley
- La Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado preceptúa lo siguiente en el primer apartado del artículo 7: “Quienes desempeñen un alto cargo vienen obligados a inhibirse del conocimiento de los asuntos en cuyo despacho hubieran intervenido o que interesen a empresas o sociedades en cuya dirección, asesoramiento o administración hubieran tenido alguna parte ellos, su cónyuge o persona con quien conviva en análoga relación de afectividad, o familiar dentro del segundo grado y en los dos años anteriores a su toma de posesión como cargo público”.
- El siguiente inciso del artículo estipula cómo se desarrolla el mandato anterior: “ los altos cargos formularán una declaración de sus actividades profesionales, mercantiles o laborales que hubieran desempeñado durante los dos años anteriores a su toma de posesión como alto cargo. Esta declaración comprenderá una relación pormenorizada de sus intereses referida al citado periodo de dos años. Dicha declaración se efectuará ante el Registro de Actividades de Altos Cargos”.
- Por último, el tercer apartado señala qué hacer en caso de conflicto de intereses: “En el caso de que durante el desempeño del cargo público el alto cargo estuviera obligado a abstenerse en los términos previstos en esta Ley (…) la abstención se producirá por escrito para su adecuada expresión y constancia y se notificará al superior inmediato del alto cargo o al órgano que lo designó. En todo caso esta abstención será comunicada por el interesado, en el plazo de un mes, al Registro de Actividades de altos cargos, para su constancia”.
Alicia Gutiérrez